Un informe revela el impacto de la tercera generación paramilitar sobre los menores de edad
El Servicio Jesuita a Refugiados y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia han manifestado su preocupación por la influencia de grupos paramilitares post-desmovilización y grupos armados locales sobre la infancia y la juventud.
En un documento publicado recientemente advierten que la amenaza y la práctica del reclutamiento, así como el uso en el conflicto armado, de niños, niñas y adolescentes por parte de estas agrupaciones se han exacerbado y profundizado desde la fallida desmovilización paramilitar a mitad de la década pasada.
Según recuerda el informe, la OEA enunció en su momento tres criterios que daban cuenta del proceso de rearme y de las insuficiencias de la política de desmovilización aplicada: (1) El reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas. (2) Reductos que no se desmovilizaron. Y (3) la aparición de nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos paramilitares.
Las instituciones sostienen que se puede hablar de una tercera generación del paramilitarismo en el país. A puertas de un eventual acuerdo con la guerrilla de las FARC y de una intensificación del programa nacional de reintegración, se hace necesario reflexionar sobre lo que está significando en las regiones el impacto de dichos grupos paramilitares post-desmovilización y dichos grupos armados locales. Una reflexión que exige acciones.
Algunas recomendaciones
“Generar mecanismos para afrontar el riesgo de reclutamiento y uso de menores a través del fortalecimiento nacional de protección, con especial énfasis en la educación, para que las escuelas sean lugares protegidos y de protección.
Los niños y niñas colombianos tienen derecho a un mayor acceso a las escuelas como espacios de prevención y protección de la vinculación al conflicto armado y otras formas de violencia.
Fortalecer medidas que garanticen el respeto y la prevalencia de sus derechos en los territorios colombianos y de frontera frente a las acciones de cualquier grupo armado.
La respuesta institucional debe ser fortalecida y activa en los procesos de transformación social, de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales en Colombia y en las áreas fronterizas.
Insistir en la necesidad de fomentar programas diferenciados, incentivos, planes de inserción laboral con garantías y la creación de espacio y escuelas protegidas para la población, como parte de las estrategias de prevención de la vinculación de menores al conflicto y sus violencias relacionadas.
Promover la participación de los menores en la puesta en marcha de acciones de prevención de la vinculación y violencias relacionadas y que sus voces, intereses y necesidades sean tenidas en cuenta.
En los procesos de paz en el país se debe asegurar que la situación de los niños, niñas y adolescentes sea tenida en cuenta en todas las etapas” (SJR y COALICO).
Principales afectaciones
“Los territorios donde predomina la pobreza, la marginalidad y la carencia de economías estables son escenarios propicios para favorecer la vinculación progresiva de esta población a las dinámicas ilícitas propias del conflicto”, enuncian los redactores del informe. Su principal preocupación está vinculada a que los índices de desplazamiento forzado de núcleos familiares van en aumento y a que el uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual es cada vez más evidente en los territorios.
Reiteran los autores del documento que la afectación sobre un niño, una niña o un adolescente es en sí una afectación sobre su núcleo familiar. Más aún: la inminencia del reclutamiento afecta relaciones comunitarias. La presencia de grupos armados provoca disputas territoriales, que traen consigo la ruptura de los vínculos de confianza: el otro es considerado aliado o enemigo; miembro del mismo o del otro bando. En consecuencia, el reclutamiento de menores por parte de un grupo se convierte en una forma de evitar que dichos mismos menores sean reclutados por el enemigo.
El informe funda sus consideraciones en casos estudiados por las organizaciones. Buenaventura es una de las poblaciones más mentadas. Un joven se niega a adherirse a un grupo ilegal y es asesinado por dicho motivo. La forma progresiva de vinculación de menores está asociada a la práctica inicial de pedir que “hagan mandados” a los integrantes de la agrupación. La progresiva sujeción trae consigo, por lo regular, la deserción escolar y la desprotección del niño o adolescente.
Reitera, igualmente, el documento la relación ya enunciada entre reclutamiento y uso para fines sexuales, sobre todo en regiones con salida al mar, frontera o puertos.
El impacto cultural sobre el estilo de vida se manifiesta en sistemas de valor en que se sublima la opulencia, el poder, la ambición, el dinero fácil y el afán del acenso en la escala social, por vía de lo ilícito. Como es lógico, y ya ha sido dicho, la condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se convierten en una suerte de “caldo de cultivo” para esta nueva generación del paramilitarismo.
Víctimas en éxodo son re-victimizadas en los nuevos espacios en que se asientan. Ocurre en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín. Los niños, niñas y adolescentes son vinculados a actividades como el hurto, el sicariato, la extorsión y el contrabando.
Y añade el documento: “De acuerdo con la información disponible, estas situaciones han traspasado las fronteras debido a la regionalización del conflicto armado, lo que implica la réplica de fenómenos de vulneración y victimización de los niños, niñas adolescentes en las regiones fronterizas, especialmente Venezuela y Ecuador”.
VNC
