“Es necesaria una espiritualidad de la lucha”
En 2016 Colombia será sede de la asamblea ampliada de la red ecuménica Iglesias y minería. Vida Nueva habló recientemente con Dario Bossi, miembro del equipo coordinador. Trabaja en el norte de Brasil, cerca de la mayor mina de hierro del mundo, la Mina de Carajás, operada por Vale, multinacional responsable del desastre ambiental en el estado de Minas Gerais. A su parecer, una espiritualidad para nuestro tiempo supone contemplación y lucha; descubrir un modo de vida no depredador y capacidad profética de denuncia frente a las agresiones del capitalismo. A continuación, apartes de la conversación.
Usted hace parte también de la REPAM, que reúne organizaciones eclesiales y étnico-territoriales en defensa de la Amazonía. ¿Qué aportes está ofreciendo la articulación propuesta por este colectivo?
Crear un mayor apoyo y conciencia por parte de los obispos y de las iglesias locales, porque es algo que nació pequeño y ahora necesita incluir todas las iglesias de la región. Hay una fuerte representación plural, de casi todos los nueve países que hacen parte de la zona, por tanto de las iglesias de estos países y con muchas personas de cada país. Hay obispos, hay religiosos, hay curas, laicos y laicas. Es de un valor importante para nosotros.
¿Cómo se retroalimentan la REPAM e Iglesias y minería?
Iglesias y minería es una red ecuménica, y por tanto no solo católica, que trabaja en toda América Latina. Desde el inicio la REPAM e Iglesias y minería son hermanas, porque una necesitó de la otra para avanzar. Nosotros traemos la competencia, el conocimiento más preciso sobre la cuestión minera y ellos nos ayudan con respecto a las articulaciones eclesiales. Para nosotros estar en la REPAM es una posibilidad grande de articulación horizontal, porque nos permite agregar fuerzas y comunicar con otras comunidades situaciones impactadas. Pero, también, de articulación vertical, porque la REPAM tiene posibilidades de incidencia con la Iglesia institucional, incluso, afuera de América Latina, y también incidencia con las instituciones internacionales que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, juntos, Iglesias y minería y REPAM hicimos una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia de las empresas mineras en América Latina. Esta posibilidad de continuar la incidencia política y eclesial juntos para nosotros es importante.
¿Qué problemáticas socio-ambientales se presentan en el lugar de la Amazonía donde usted desarrolla su trabajo?
Yo trabajo en el norte de Brasil, muy cerca de la mayor mina de hierro del mundo, la Mina de Carajás, operada por Vale, originalmente una empresa brasilera, pero actualmente con capital internacional en cinco bolsas de acciones del mundo y presente en 35 países del mundo. Vale es la mayor empresa exportadora de hierro y la tercera mayor minera de oro del mundo.
Tenemos a estos gigantes en nuestro territorio, pero los pequeños no reciben casi ningún tipo de beneficio de este tipo de operaciones, al contrario, sufren muchos impactos. La minería de nuestras regiones trae deforestación, expulsión de comunidades y pueblos indígenas y afro-descendientes; de comunidades agrícolas y de agricultura familiar y de pescadores que son afectados por las operaciones de la mina pero también por todo el proceso de exportación. Hay en nuestro territorio un largo ferrocarril de 900 Km que atraviesa varios estados para llevar el mineral hacia el puerto oceánico. Toda esta infraestructura también impacta mucho a las comunidades: es un territorio donde viven casi dos millones de personas, que directa o indirectamente son impactadas por el proceso y también por esta economía de enclave, un modelo económico exclusivamente volcado a la promoción de la ganancia minera. Sabemos que un día esta minera va a terminar. Estos territorios corren el gran peligro de quedarse abandonados, porque las mineras no van a tener otra diversidad de producción.
Esto, sin hablar del impacto directo sobre el medio ambiente: la polución y la inseguridad. En Brasil tuvimos en el estado de Minas Geiras un impacto que podría acontecer en muchas otras regiones, porque todos los procesos a cielo abierto necesitan de estanques de relave, que es la manera más económica que las empresas encontraron para separar el mineral de la tierra. Por tanto, tenemos bombas que pueden explotar en cualquier momento y no hay ningún tipo de seguridad ni de fiscalización. Vemos la corresponsabilidad de los estados que, junto a las empresas, defienden un modelo sin fiscalizar ni lograr efectivos procesos de licenciamiento ambiental y, sobre todo, sin tener en cuenta el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que viven.
Incidencia política
La mayor mina de hierro está en la Amazonía: la Mina de Carajás
¿Qué acciones a nivel eclesial están emprendiendo para dar respuesta a esta situación?
La mayoría de las diócesis de nuestro territorio están apoyando la red de comunidades que se formó para defender los territorios. Tenemos acciones específicas: por ejemplo, en varios casos las diócesis han escrito cartas de apoyo y denuncias; han participado con nosotros en reuniones con el gobierno estatal para negociar mitigaciones de los impactos o reparaciones de daños. Tuvimos también momentos de celebración y de mística. Cada dos o tres años tenemos en la región la Romería de la tierra y de las aguas, que junta a todas las comunidades del estado; miles de personas escogiendo cada vez un lugar impactado. Entonces, la Iglesia trabaja desde la dimensión celebrativa, formativa, pastoral, hasta la dimensión política, porque ella es un actor político. En Brasil es un actor bastante respetado y tener la presencia de un obispo o de curas al lado de las comunidades es para nosotros la garantía de protección y de avances en la negociación política que la comunidad quiera hacer.
¿Con qué dificultades se encuentran?
Nos preocupa el fenómeno de la criminalización de la protesta. Acontece por parte del Estado, a través de la Fuerzas Pública, y por parte de las empresas. Esto último, a partir de maneras más escondidas de presionar a los lideres para que no defiendan sus comunidades. Por ejemplo, desde la división de las comunidades, la compra de los intereses de algunos líderes en contra de otros, la selección de líderes para que hagan la cabeza de otros. Pero también cosas más graves como espionaje e infiltraciones dentro de los movimientos (personas directamente pagadas por las empresas que no solo participan de una reunión, participan de todo un proceso de resistencia de las comunidades, escondiendo su identidad y haciendo doble juego: pasando las informaciones a las empresas… hasta alianzas con el Estado para multas contra los líderes). Hay represión militar y policial directa. Incluso, tuvimos casos de tortura por parte de la policía. Estamos denunciando para demostrar cómo la policía, en vez de defender a las comunidades de una agresión socio ambiental, defiende a las empresas frente a las “agresiones populares”. En Brasil está siendo debatida una ley antiterrorismo: un modelo parecido a lo que tienen en Colombia y Perú, en donde la represión contra los movimientos populares críticos al gobierno acontece a través de leyes peligrosas.
¿Qué decir de la espiritualidad en el contexto de los procesos para defender el territorio y las comunidades?
Es una espiritualidad, al mismo tiempo, de contemplación y de lucha. La contemplación es la capacidad de percibir que hay otra manera de vivir, que nos da plenitud, en los territorios, que nos es necesariamente la manera de vivir consumista o capitalista. Por otro lado es necesaria una espiritualidad de la lucha, porque no es suficiente aislarse en reductos de protección local. Una espiritualidad que sepa percibir el rol de enfrentamiento de la comunidad cristiana; claro, no violento: creemos en la profecía no violenta de Jesucristo, pero al mismo tiempo con coraje y con la capacidad profética de la denuncia.
Texto: Miguel Estupiñán
Foto: VNC, biodiversidadla.org, Marcelo S Correa
