Demanda contra el arzobispado de Santiago se agrega a la crítica al nombramiento de Barros como obispo de Osorno
El escándalo por abusos sexuales por parte del párroco Fernando Karadima estremeció a la iglesia chilena en abril de 2010. Varias décadas a cargo de la parroquia Sagrado Corazón de El Bosque, le permitieron tejer una extensa red de influencias entre sus feligreses, mayoritariamente empresarios y miembros de la clase alta. Las denuncias llegaron a la justicia civil y eclesiástica, en este último caso con el agravante de que no habían sido atendidas debidamente por las autoridades de la Iglesia desde 2003 cuando las presentaron por primera vez. El 18 de febrero de 2011 se dio a conocer el dictamen de la Santa Sede que declara culpable de abusos a menores y abuso de poder a Karadima y lo obliga a retirarse a una vida de oración y penitencia con prohibición del ejercicio público del ministerio. Por su parte la justicia civil declaró sobreseído definitivamente el caso, en noviembre de 2011.
Tres de los denunciantes presentaron luego una demanda civil contra el arzobispado de Santiago por negligencia sistemática ante sus denuncias y en ella piden una indemnización de 600 mil dólares y un acto de perdón público de la Iglesia a quienes han sufrido agresiones sexuales de religiosos. Ante la negativa del arzobispado, la justicia propuso una audiencia de conciliación que tuvo resultado negativo dando lugar al proceso. En septiembre pasado, el abogado Juan Pablo Hermosilla, a nombre de los demandantes, presentó 23 testigos que fueron convocados a declarar, entre ellos los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, el actual obispo de Osorno y discípulo de Karadima, Juan Barros, el mismo Karadima, además de varios sacerdotes.
Durante estos dos meses han prestado sus declaraciones la mayoría de esos testigos. A fines de septiembre lo hizo Errázuriz. Estuvieron presentes dos de los demandantes. Unos de ellos, el médico James Hamilton, al término de la diligencia afirmó que el cardenal se negó a contestar muchas preguntas.
Posteriormente han declarado varios sacerdotes, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati y el mismo Karadima.
Conocida la declaración de este último, el arzobispado de Santiago emitió un comunicado señalando que “lamenta que Karadima no hable con la verdad. Este era un momento privilegiado para hacerlo, y reconocer sincera y humildemente su exclusiva participación y responsabilidad en estos abusos”.
Por su parte, Juan Barros declaró en el Juzgado de Valdivia eximiéndose de responsabilidad aduciendo que su relación con Karadima era distante, lo que contradice declaraciones suyas cuando fue nombrado obispo y en otros momentos, además de las que hizo pocos días antes en su declaración el mismo Karadima: “Él (Barros) era de la Acción Católica e iba a verme a la parroquia y yo fui a verlo a Iquique. Una amistad muy sincera, él me consiguió un viaje a Francia, con el obispo de Louvre para mis 50 años de sacerdocio”.
Desconcierto y perplejidad
Los denunciantes, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, ante la declaración de Karadima, en un comunicado público, expresaron: “¿Cómo se le pide a Karadima que reconozca sus crímenes, si a la hora de la sinceridad en lo propio, el Arzobispado jamás ha reconocido ninguno de los suyos? Basta de hipocresía. Los Karadima existen porque se les cree, se los protege, se los financia. Durante mucho tiempo y, sobre todo, luego que se levantan voces que se atreven a denunciar lo que está pasando”.
En otra declaración, cien laicos hacen pública su preocupación por este desfile de autoridades eclesiásticas ante la justicia y, entre otros puntos, expresan que “los hechos revelan que dentro del Pueblo de Dios, algunos de sus miembros, investidos por el carisma jerárquico, no actúan conforme al imperativo evangélico, descuidando la obligación primaria de estar al lado de los débiles y defender sus derechos que, en este caso, son los de las víctimas de abusos cometidos por el clero. Consecuente con lo anterior, consideramos que es una obligación moral de toda la Iglesia testimoniar con actos y gestos el deber de resarcir el daño infligido por algunos de sus miembros a personas inocentes, ya sea mediante actos de compasión, de denuncia, de sanación, de arrepentimiento y también de justicia, como asumir las responsabilidades pecuniarias que corresponda. Las circunstancias de ver a algunos de los pastores defendiendo a nuestra Iglesia de una demanda justa provoca desconcierto y perplejidad; razón por la cual nos preguntamos ¿de qué la defienden?”
Incluso el Papa
El registro de las palabras del Papa al diácono Jaime Coiro y su familia, en la plaza San Pedro (VN 67, p. 16) ha provocado que, en el mismo proceso contra el arzobispado de Santiago, los demandantes pidan que se pregunte al Papa por las fuentes de las afirmaciones que hizo al decir a Coiro que “la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la corte judicial” y añadió que “la Iglesia perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo”.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia ha autorizado a enviar un exhorto al Vaticano según solicita el juez Juan Manuel Muñoz quien pidió una copia “íntegra y fidedigna” de los antecedentes del Vaticano acerca del rol de Barros en el tema de este proceso.
Hace unos días, el máximo tribunal autorizó el envío de otro exhorto, solicitado por el propio arzobispado, para acceder también al expediente del juicio canónico contra Karadima, con el objeto de demostrar, en el marco de la misma demanda, que no hubo encubrimiento de los abusos de Karadima.
ROBERTO URBINA AVENDAÑO. SANTIAGO
