Sobreviviente de la masacre de Bojayá, en la cual intervinieron las Farc, los paramilitares y la Fuerza Pública, en la actualidad Leyner Palacios coordina la red de organizaciones eclesiales y étnico-territoriales del Pacífico. Su testimonio sobre uno de los hechos de violencia que más ha marcado la historia del conflicto armado en Colombia se convierte en una ocasión para acceder a una nueva comprensión de las condiciones para el perdón y la reparación en regiones del país como el Chocó.
“Yo en vida he visto llover agua y plomo como ese día”, afirma Leyner Palacios mientras explica lo que pasó el 2 de mayo de 2002 en el corregimiento chocoano de Bellavista (Bojayá).
Habitante de la región en aquel entonces, desde hacía años atrás se desempeñaba como miembro del equipo misionero de la parroquia local. La labor consistía en acompañar a las comunidades en la fe, con formación bíblica, y por otra parte, aportar a los procesos organizativos en consejos comunitarios y comunidades indígenas. “Era un trabajo de estar ahí, en el día a día, con las comunidades, mirando su situación, un poco tratando de hacerla visible”.
Iglesia del corregimiento: donde 79 personas murieron y más de cien resultaron heridas debido a la pipeta lanzada por las Farc
En 1997 ocurrió la primera avanzada paramilitar en la región, que entró por el Bajo Atrato. Según Leyner, la primera masacre. “Los paramilitares asesinaron mucha gente y la tiraron al río, la desaparecieron”; “hubo muchos asesinatos selectivos”. El trabajo de la diócesis de Quibdó, incluido el de Leyner, como evangelizador y líder, supuso recoger cadáveres; animar a la gente para evitar desplazamientos, buscando en medio de la guerra la manera de fortalecer sus procesos económicos.
“La mecánica que se implementó en esa región en esa época fue de quitarle el agua al pez”, explica. Hasta entonces las Farc habían tenido absoluto control de la región. Los paramilitares restringieron con bloqueos la entrada de comida a todos los caños. Era un momento de mucha tensión. Recuerda Leyner: “La gente que venía de las comunidades no podía llevar más de 20 mil pesos en alimentación para un mes (…) y el que llevaba más ya era señalado como guerrillero o como colaborador”.
En noviembre de 1999 fue asesinado por los paramilitares el padre Jorge Luis Mazo, un golpe duro para las comunidades del municipio, porque, según señala, más que un sacerdote, era un líder comunitario: “estaba en todas las dinámicas de la comunidad. No le importaba que tenía que celebrar misa, él se metía en todo lo que la comunidad iba a hacer: la comunidad iba a rozar, entonces él estaba allí, con la gente”.
“Fue muy triste ver cómo la Fuerza Pública actuó en colaboración con los paramilitares”
En 2002 las Farc recrudecieron su enfrentamiento contra los paramilitares para recuperar el dominio sobre el municipio de Bojayá y la región.
30 de abril: Leyner y otros miembros de la comunidad dieron a conocer una declaración por la vida y la paz, un documento construido colectivamente por la gente de la zona, en el cual pedían a los paramilitares, como habían pedido años atrás a las Farc, no involucrar a la población civil en el conflicto armado. Oídos sordos. Durante una reunión en la tarde de ese día el comandante Camilo, de los paramilitares, salió corriendo: “a partir de ahí se prendió la cosa”.
El día siguiente amaneció entre combates, que de Vigía del Fuerte se trasladaron a Bellavista hacia las tres de la tarde. A esa hora, según recuerda Leyner, ya en el casco urbano, por la parte baja del pueblo venían retrocediendo los paramilitares.
“Las casas allá eran de madera”, continúa su relato: “nosotros la opción que tomamos fue -sobre todo la mayor parte de Pueblo Nuevo- irnos hasta la iglesia y refugiarnos ahí en la iglesia, que era de cemento”. Cerca de 600 personas en el templo y cerca de 140 en la casa de las Agustinas Misioneras amanecieron hacinadas.
10 de la mañana del 2 de mayo: “habíamos ido a suplicarles a los paramilitares que se retiraran de ahí, porque nos estaban poniendo en riesgo, no nos prestaron atención (…) más bien prendieron su fuego. Entonces nosotros salimos corriendo y nos refugiamos en la casa en donde estábamos”. Cayó la primera pipeta lanzada por las Farc y se llevó una casa que estaba antes de la Iglesia. Cayó una segunda detrás del centro de salud, a unos metros. “La tercera vino y cayó justo en el altar de la iglesia. En esa parte estaba ubicada la mayor población, amontonada. El resultado de eso fueron 79 civiles muertos, más de cien heridos y el efecto de un desplazamiento de más de 5.700 personas”.
El calvario continuó
En un primer momento, líderes sobrevivientes conformaron un grupo para orientar a la gente y ayudarla a llegar a Vigía del Fuerte. “Uno por donde se metía sentía que las balas caían, hermano. Una cosa horrible”. Llovía. Con ayuda de la diócesis de Quibdó, desde el vecino corregimiento se propusieron volver al pueblo para emprender acciones humanitarias como recoger muertos, atender heridos y buscar a quienes se habían perdido por refugiarse monte adentro. Los actores armados se opusieron. “Quedamos nuevamente en medio de la guerrilla, en Vigía. Y también le pedimos que se retirara, para poder hacer las acciones humanitarias”. El comandante de la guerrilla que estaba en ese momento era “Chucho”. “Ya le habíamos leído la declaración en el 99 y él era el que estaba comandando la operación. Nosotros le suplicamos de mil maneras para que se retiraran y nos permitieran al menos realizar las acciones humanitarias, ya después de la masacre. Eso no fue posible”.
¿Cuál fue la reacción del Gobierno?
El Gobierno en ese momento se hizo ajeno a la problemática. La misma Defensoría del Pueblo alertó sobre las acciones, sobre el peligro que estaba corriendo la población y el Gobierno no actuó en ningún momento. Más bien colocaron en duda eso. La respuesta después de la masacre fue militar, una fuerte avanzada cinco días después. Para nosotros fue muy triste ver cómo la Fuerza Pública actuó en colaboración con los paramilitares. Muchos compañeros fueron amenazados y obligados a salir del territorio después de la masacre, porque después que la guerrilla se va, la acción de la Fuerza Pública llega es al rescate de los paramilitares. Eso fue demasiado evidente, les colocaron ropas de la población civil y los sacaron hasta Vigía.
“El pueblo está luchando… Bojayá decidió valientemente apostarle a la paz”
“Colchón para el dolor”
¿Cómo reaccionó la Iglesia local?
Lo que encontramos fue una respuesta a las problemáticas humanitarias. Se organizaron botes con comida para comunidades que quedaron completamente confinadas y desabastecidas. La Iglesia en ese momento suplió al Estado, sirvió para mantener la seguridad alimentaria y como acompañamiento espiritual. Si no hubiera estado presente en Bojayá, mucha gente se hubiera muerto, también de pena moral; porque los efectos de la masacre llevaron a que la gente quedara en un nivel de indignidad muy fuerte. Y contar con alguien que le pudiera uno manifestar el dolor que estaba sintiendo en ese momento fue bastante importante. La Iglesia sirvió de ese colchón para el dolor de la gente. En la masacre de Bojayá solo tres familias pudieron enterrar a sus seres queridos. Imagínese uno estar en medio de una confrontación, saber que me mataron mi mamá, mi papá, tres hermanitos, prácticamente me mataron toda mi familia y yo no poder ni irlo a recoger. Esa es una angustia muy fuerte. Y ese fue el papel que hizo la Iglesia en ese momento: tratar de manifestar una solidaridad y estar al lado de las víctimas directas.
Otro papel fue tratar de rescatar a las personas que se perdieron. Cuando la masacre, mucha gente salió despavorida corriendo para todo lado. A la ciénaga y todo eso. Lo que hicimos fue organizar botes, brigadas de búsqueda de personas, entonces íbamos por todo lado, buscando personas con megáfono; hablando, para ver si la gente empezaba a salir. Mucha gente estaba escondida por miedo. Otra cosa fue acompañar a esa gente que le tocó hacer el proceso de levantamiento de los cuerpos. Y estar ahí para embarcarlos. El apoyo también en salud, porque había misioneras que tenían conocimientos en medicina occidental y era una labor de apoyo al puesto de salud de Vigía del Fuerte, que se vio totalmente desbordado en su capacidad.
¿Cuál es la situación actual de Bojayá?
Después de 13 años, continúa en un total abandono. Se le prometió una reubicación con dignidad, se hicieron 264 viviendas en Bella Vista; pero es un municipio que tiene 11 mil habitantes aproximadamente. En temas de vivienda se requerían más o menos 1.100 viviendas. Se hicieron 264. La situación de vivienda es precaria en la mayoría de las comunidades. Pero la situación de acueducto, de agua potable, es pésima. Muchas comunidades consumen el agua del Atrato, el agua de la lluvia, que está fuertemente contaminada. El municipio tiene 19 comunidades negras y 32 comunidades indígenas; y la precariedad en atención en salud para esas comunidades indígenas es terrible. Allá los niños se mueren por enfermedades que son curables. Porque no hay un sistema de atención adecuado. Bojayá no cuenta con un centro de salud que atienda las necesidades en las epidemias que se presentan en todos los campos. Tampoco cuenta con los medicamentos. A pesar de que se hizo la reubicación, se hizo un puesto de salud que a veces las comunidades llegan y no hay médico. Hace dos meses, escasos, se viene a tener energía más regularmente.
Uno se pone a describir la problemática desde la respuesta institucional y podemos decir que el Estado le incumplió a Bojayá y a los colombianos. Porque el Estado le prometió a los colombianos que la gente iba a estar con dignidad y eso no ha pasado.
¿Y en materia de orden público?
La presencia de actores armados sigue siendo la misma. Sigue haciendo presencia el paramilitarismo. No se ven uniformados, con armas largas como antes, pero todo el mundo sabe que están allí, dónde están, quiénes son; menos las autoridades. También las Farc: sobre todo en la parte rural. A veces se imponen modalidades de vacunas a las comunidades, restricción a la movilidad. En Bojayá es normal que un día a un actor armado le de por imponer un bloqueo, una restricción a la movilidad y la gente tenga que quedarse ahí. Nuestras comunidades siguen siendo violentadas. Su población pertenece a una organización, que es COCOMACIA (Consejos Comunitarios), y cuenta con una titulación colectiva. Y las comunidades indígenas pertenecen a resguardos indígenas, cuentan con la propiedad sobre la tierra. Pero son figuras que no tienen los elementos para ejercer autoridad y administración de esos territorios. Y están esas autoridades cooptadas por la fuerza del arma, de la intimidación; esa es una imposición que colocan los actores armados. No permiten que las comunidades gobiernen sus territorios.
La juventud no tiene un panorama claro porque los procesos educativos no se están dando. Tenemos casos de comunidades que en todo este año no han recibido educación. Entonces se están vulnerando los derechos desde la más mínima expresión y sobre eso también tenemos una situación de conflicto bien complicado.
La presencia de la Fuerza Pública en la cabecera municipal es bastante fuerte. Pero si usted llega a Bellavista hoy: los mayores índices de robos, consumo de sustancias sicoactivas ahí en la cabecera municipal, se ha aumentado en un número importante la drogadicción, el alcoholismo. Bojayá es un pueblo que está ahí como sin futuro, yo creo.
Un pueblo que lucha
¿Cómo se manifiesta el deseo de recuperación por parte de la población civil?
El pueblo está luchando. Las comunidades están apostando para reivindicar sus derechos y están trabajando sobre fortalecimiento de procesos de autonomía, sobre los derechos de las víctimas. Quién lo creyera: después de casi cuatro años de haberse promulgado la Ley de víctimas y restitución de tierras, Bojayá se priorizó como sujeto de reparación colectiva, pero hoy solamente se encuentra en la fase de alistamiento y reconocimiento Bella Vista. Los resguardos indígenas y las comunidades negras no han sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Estamos en ese proceso: intentando cómo Defensoría del Pueblo le hace la toma de declaración a la gente y luego la Unidad realiza el proceso de inscripción.
¿Qué expectativas posee la comunidad con relación al proceso de paz?
Desde el año pasado Bojayá decidió valientemente apostarle a la paz. La mayoría de la población ha dicho: queremos hacer los mayores esfuerzos. Se ve con muy buenos ojos la negociación que se está adelantando en La Habana, rogamos para que se adelante también con el ELN y ojalá el Estado pueda definir la situación con el paramilitarismo. Sería un avance muy importante.
En cuanto a los preacuerdos que hay en el momento tenemos preocupaciones, como es normal. En el tema de desarrollo agrario se tienen reservas, porque estas son regiones donde la propiedad de la tierra ya está definida. En cuanto al tema de la justicia: somos de los convencidos de que para haber una paz duradera tiene que haber un mínimo de justicia. Lo que se ha negociado es muy bueno. Porque garantiza no una judicialización para unos e impunidad para otros. Sino que se aplica un racero, un equilibrio. Bojayá recibe el acuerdo de justicia con satisfacción, porque para nosotros en la masacre la pipeta la tiró las Farc y mataron; pero el contexto de la pipeta fue un contexto donde actuaron los paramilitares y actuó también el Estado colombiano. Hay una responsabilidad de tres. Cuando se habla de justicia para todos los que han actuado en la complejidad del desarrollo del conflicto armado, nosotros decimos: es un acuerdo equilibrado, justo, equitativo.
En cuanto a las penas: las comunidades negras, las comunidades indígenas hemos venido trabajando históricamente desde esa perspectiva; más que una pena privativa de la libertad, son más valiosas las penas que permiten trabajos sociales. Eso retribuye de cierta manera. No tenemos mucho problema con ese acuerdo en ese sentido. Hay que tratar en el momento que esas penas se vayan a imponer, (que) no vayan a vulnerar los derechos de las víctimas. Pero estamos satisfechos con lo acordado en ese punto.
Los acuerdos de cese al fuego: nosotros clamamos. Los colombianos, quizás, la gente del interior no está experimentando la crudeza de la guerra que se vive en las regiones. El Pacífico colombiano es una región donde se ha ensanchado la violencia en los últimos años y reamente la posibilidad de vivir en estas actuales condiciones de guerra que se están desarrollando es casi nula para la gente. La gente que está en el Pacífico ya no aguanta más fenómenos de violencia. Pensemos en esos otros colombianos que están viviendo el día a día de la guerra. Es muy complicado levantarse uno todos los días y pensar que ya no puede ir a rozar su colino, no puede ya ir a buscar la comida del sustento diario, un racimo de plátano; cuando está un fenómeno de conflicto tan bravo. Requerimos a los colombianos su solidaridad; que nos den la oportunidad de que este proceso salga adelante y nos acompañen a que esa construcción de la paz sea estable, que mañana no resulten otros fenómenos de violencia.
Hacia la reconciliación
¿Cuál ha sido el proceso de las mesas étnicas sobre perdón y reparación?
Recibimos la solicitud de perdón en diciembre del año pasado. Nuestro compromiso fue ponerla a disposición de las víctimas. Fuimos comunidad por comunidad: “hay un actor armado (las Farc) que quiere pedirles perdón. Está este documento. ¿Ustedes qué piensan, qué opinan?”. Hemos generado reuniones: la gente habla tranquilamente sobre lo que piensa de esa solicitud de perdón. Vamos intentando hacer memoria. Eso nos va permitiendo mirar hacia dónde orientar el proceso. Se ha trazado una ruta construida por la gente. Cuando comenzamos a socializar la solicitud de perdón las mismas comunidades nos dijeron: “tengan en cuenta estos mínimos criterios: nosotros recibimos esa solicitud de perdón bajo estas y estas condiciones”. Hemos ido tratando de escuchar a las víctimas directas. Porque a veces encontramos que las víctimas directas no acuden por su dolor, por su situación, a los espacios muy abiertos; y, si acuden, no opinan. Entonces hemos venido generando un momento más íntimo con las víctimas directas y les tenemos un espacio para que se encuentren, se reúnan y puedan conversar más tranquilamente de sus cosas y desde allí la gente ha venido dando sus opiniones.
¿Qué es lo que más destaca de este proceso?
Es sorprendente. Yo soy víctima, pero lo que más me sorprende cuando nos reunimos con la gente es su capacidad de perdonar. La gente hoy en Bojayá no está mirando esa dimensión de la tragedia, quiere que superemos esa tragedia. Hay muchas apuestas para capacidades de perdonar, hay una fortaleza impresionante. No es fácil tener esas reuniones, pero yo creo que son los espacios más lindos que hemos podido tener porque cuando terminamos uno ve la cara de satisfacción de la gente. Más que la solicitud de perdón, esos momentos de encuentro y sanación son los que más pueden contribuir a que la gente se sienta más tranquila hacia el futuro y pueda avanzar hacia la reconciliación.
¿Qué exige la gente como condiciones para el perdón y qué pide como forma de reparación?
Para el perdón, garantías de no repetición: no nos sigan violentando; permítannos seguir viviendo en nuestro territorio; pescar; cultivar; no nos restrinjan la movilidad; que no sigan los bombardeos; los lanzamientos de pipetas; los tiroteos. La gente no quiere ver más muertos, incluso ni de los actores armados. Y como medidas de reparación nosotros estamos en la discusión en estos momentos: queremos avanzar primero en la fase de inscripción como sujetos de reparación colectiva y desde ese espacio poder construir una propuesta de reparación colectiva.
Colombia y el mundo están en deuda con las comunidades de Bojayá y una forma de reparar sería garantizar los derechos. No hay educación, vivienda, derechos mínimos. Una forma de reparar es garantizarle a la gente que no van a ser más víctimas. No creo que sea posible una reparación cuando los van a seguir matando. La garantía de no repetición es una medida de reparación. Estamos trabajando también un tema de la construcción del lugar de memoria, que lo hemos llamado el Santuario de Bojayá, porque ahí murieron 79 personas. Queremos hacer un lugar digno. Para poder tener un lugar de referencia: donde quedaron nuestros muertos, donde le podemos poner una velita; donde le podemos hacer una oración; donde podemos tener ese encuentro entre el muerto y el vivo, que nosotros llamamos, y hacer esos procesos de duelo que están intactos hoy. Sería una muy buena medida de reparación para la población de manera colectiva: contar con un lugar de memoria es urgente, eso permite procesos de sanación.
MIGUEL ESTUPIÑÁN
