Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas
Tal es el título de un informe presentado recientemente por parte de la Consejería en Proyectos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Fruto del trabajo investigativo y de litigio de estas organizaciones, el documento pretende contribuir a reforzar el actuar de la justicia ordinaria, poniendo en marcha rutas diseñadas por las víctimas y sus representantes para esclarecer las estructuras del poder detrás del paramilitarismo.
Declara el informe que todavía existen organizaciones paramilitares que se comportan acorde con una lógica militar; ejercen dominio territorial, mantienen relaciones con la Fuerza Pública y cometen toda clase de delitos contra la población civil. Al decir de las organizaciones responsables de la redacción del documento, este fenómeno es el principal riesgo para la vida e integridad de sectores y poblaciones históricamente violentadas por las antiguas estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Aunque desde 2006, cuando terminó el proceso formal de desmovilización de los grupos paramilitares, los gobiernos del país han negado que todavía existan organizaciones de esta índole, diferentes entidades nacionales e internacionales de mucha credibilidad han documentado la presencia de grupos que se llaman de diferentes formas y han observado de forma reiterada la persistencia de patrones de comportamiento que caracterizaron el actuar de las organizaciones paramilitares desmovilizadas” (Pág. 46).
A afirmaciones de este tipo se suma el hecho de que si bien el gobierno actual sostiene que estos grupos son meramente “bandas criminales” se ha visto forzado a reconocer el impacto humanitario de su actuar sobre la población civil y la persistencia de vínculos con la Fuerza Pública. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha dejado claro que los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no dependen del rótulo del actor responsable, y que, para caracterizar el contexto en que ocurren tales crímenes, se debe analizar cada situación o caso” (Pág. 46).
Reconocimiento para Justicia y Paz
El 28 de octubre la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) otorgó el premio en derechos humanos a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “El reconocimiento lo asumimos como un homenaje a las víctimas, un aliento en el deber de la memoria y el derecho a la verdad para que Nunca Más se cimiente la democracia en el silencio sepulcral y el olvido mediático”, señaló la organización. “Para Justicia y Paz todas esas víctimas han sido el motivo de nuestra existencia en el campo jurídico, el psicosocial, ambiental, comunicativo, pedagógico”, declaró, por su parte, Danilo Rueda al momento de recibir el galardón.
Justamente, el informe aborda cinco casos de violencia paramilitar. Cada uno de ellos pone de manifiesto las íntimas relaciones existentes entre élites políticas y económicas y los grupos armados; alianzas que en muchos municipios del país no han dejado de presentarse.
¿Por qué persiste el paramilitarismo? Porque las estrategias para combatirlo no responden a la integralidad de un fenómeno que es mucho más que sus estructuras paramilitares y porque persiste la impunidad frente a los crímenes cometidos y a otros crímenes conexos. Pese a lo anterior, las organizaciones redactoras del documento, acompañantes de comunidades en Chocó, Antioquia, Atlántico, Sucre, Meta y Casanare, han logrado más de 20 condenas en contra de paramilitares, militares, funcionarios estatales y políticos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Su labor ha consistido en investigar, identificar rutas legales aprovechando las múltiples jurisdicciones, aportar pruebas e incidir privada y públicamente. Igualmente, en generar conocimiento público sobre los hechos y opinión pública favorable a las víctimas, contribuir al desarrollo de la jurisprudencia y velar por la seguridad de víctimas, familiares y testigos.
Estrategias contundentes
Danilo Rueda recibe el premio en representación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
“Sin el desmantelamiento del paramilitarismo no se podrá asegurar la garantía de no repetición para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares y sus cómplices”, sostienen las cuatro organizaciones. “Tampoco se podrá garantizar la vida ni la participación política de los miembros de las organizaciones guerrilleras, en caso que éstas se desmovilicen en el marco de un nuevo acuerdo de paz” (Pág. 63).
Según la reflexión propuesta en el informe, aún se requiere una estrategia de investigación y judicialización de quienes han promovido, fomentado, financiado, organizado y dirigido el actuar de los grupos paramilitares, beneficiándole de él. Al mismo tiempo, se requieren estrategias contundentes para depurar el proceso político y poner fin a la tolerancia y connivencia con la criminalidad hasta lograr deslegitimar social y culturalmente los métodos autoritarios y violentos que caracterizan el fenómeno.
Los esfuerzos por parte de las organizaciones sociales para defender a las víctimas y combatir la impunidad que sigue beneficiando a los grupos paramilitares y a sus promotores, aliados y cómplices han dejado varios aprendizajes, los cuales se consignan en el documento. A partir de dichos aprendizajes la Consejería en Proyectos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos enuncian recomendaciones como las siguientes: “Las víctimas deben estar en el centro de la búsqueda de la justicia y de la construcción de la verdad histórica”; “se debe asegurar que la Fiscalía General de la Nación cuente con las herramientas legales necesarias para desmantelar por completo las estructuras económicas y políticas que sostienen el actuar paramilitar”; “es necesario reconocer que la principal contribución de la justicia transicional en el contexto colombiano será la verdad”; “se debe asegurar que futuras comisiones de la verdad tengan pleno acceso a las versiones libres ofrecidas en el marco de la Ley 975, y a los archivos de los casos de todas las personas vinculadas a grupos armados ilegales que han sido extraditados a EEUU”; “(la comunidad internacional) se debe oponer a la ampliación del fuero militar en relación a cualquier delito cometido en contra de la población civil”.
Texto: VNC Foto: wola, colombia.com
