Los desafíos para la reconciliación y la hospitalidad
Las fronteras se constituyen históricamente en lugares de intercambio. Contrario a lo que se considera popularmente, la frontera es distinto al límite; este último consiste en la línea imaginaria definida por los estados para delimitar su jurisdicción y competencia.
Las fronteras comparten diversas dimensiones económicas, culturales, medioambientales e, incluso, de seguridad. Pero ahora nos corresponde poner el acento en la dimensión netamente humana y la que representa, tal vez, mayores desafíos: la dimensión migratoria, para el caso de la frontera colombo-venezolana, compartida a lo largo de más de 2.000 kilómetros, con relaciones de vecindad, fraternidad y hermanamiento histórico.
No solo la migración económica ha caracterizado la movilidad humana en esta región fronteriza. A finales de los años 90 e inicios del año 2.000 se incrementó hasta nuestro días una migración de colombianos hacía Venezuela por causa de la violencia. Huyen de la guerra en Colombia para salvar sus vidas, especialmente movidos por la regionalización del conflicto armado. Se calcula en no menos de 200.000 los colombianos que pasaron la frontera en estas circunstancias. Pero estas vuelven a cambiar, permanecen algunas causas y se conservan algunas dinámicas y características.
La situación socio-económica y política por la que atraviesa Venezuela ha llevado a que muchos colombianos deban volver a su país, incentivados por la dificultad para acceder a bienes y servicios de primera necesidad, y por los altos índices de las nuevas violencias, asociados a la delincuencia común.
Se suma a lo anterior: el discurso anti-colombiano de parte de las autoridades, las deportaciones masivas (que ya superan las 3.000 personas), la persecución y las arbitrariedades. Situación que se ha mantenido desde el año anterior, pero que alcanzó el peor escenario a finales de agosto pasado, cuando por lo menos 18.000 personas han retornado, bajo el falso dilema de la “voluntariedad”; muchas, incluso, arriesgando la vida al transitar por caminos no habilitados o trochas; sometidos a la destrucción de sus viviendas y a largas horas de detención. Con el gran desafío de integrarse en un escenario económico y social marcado por las escasas oportunidades de trabajo digno, el auge de nuevas violencias causadas por el conflicto armado, la desigualdad y la exclusión.
En este flujo también muchos venezolanos han llegado a Colombia; algunos para reunificarse con sus familiares que sufrieron deportación o, incluso, buscando mejores condiciones de vida y seguridad para sus familias.
El perfil de los migrantes en estos momentos es muy variado. Preocupan los más de 150 núcleos familiares que han retornado forzadamente o sin garantías a Colombia y que se encontraban bajo la protección internacional del estado venezolano o los más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, que, sin solicitar protección internacional en Venezuela, huían de la violencia en Colombia.
No deja de preocupar la desintegración familiar sufrida por la deportación o retornos “forzados”, especialmente aquellas familias de colombianos que fueron forzadas a separarse de sus hijos nacidos en Venezuela, dejándolos al cuidado de vecinos o parientes. La magnitud de esta situación deja en evidencia una crisis humanitaria sin precedentes en la región fronteriza colombo-venezolana, pero más allá de la crisis, más allá del “incendio”, persisten algunas causas de la conflagración, caracterizadas por la débil presencia de los estados, en muchas zonas reducida a la presencia militar y con una deuda social que ha facilitado el control de mafias y grupos armados, la exclusión y pobreza histórica que se ha vivido en la frontera.
Los problemas de la frontera requieren respuestas desde la frontera, con soluciones bilaterales, donde la voz de la sociedad civil sea tenida en cuenta; que los habitantes y familias constituidas de manera binacional sean atendidas en sus aspiraciones más profundas en un marco del respeto de sus derechos.
Sin lugar a dudas, la frontera para muchas personas y en diversos momentos de la historia se ha constituido en una oportunidad, pero también en una amenaza. Sin embargo, es preciso destacar que los valores de acogida, hospitalidad, vecindad y fraternidad se han afianzado entre los ciudadanos de uno y otro lado, y que ni siquiera en los momentos más dolorosos por decisiones políticas o situaciones de violencia se han visto afectados. En las circunstancias actuales el gran desafío es permanecer unidos, superando las voces que llaman al nacionalismo y la división, ahondando más bien la reconciliación y la hospitalidad entre dos pueblos hermanos.
La fe, la caridad y el servicio traspasan fronteras
Viviendo la caridad y haciendo lo que debemos hacer en el nombre de Jesús, que es servir a los que sufren, la Diócesis de Cúcuta ha centrado su acción pastoral y evangelizadora en la atención de cientos de colombianos deportados y miles de migrantes forzados de Venezuela, que han llegado a Cúcuta y municipios del área metropolitana como consecuencia del cierre fronterizo y posterior declaración del Estado de Excepción, el 21 de agosto, por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Brindando una atención desde la fe, “hacemos todo esto mirando en el rostro de estos hermanos que sufren, a Cristo, acogiéndolos, sirviéndoles, viviendo con ellos las palabras de san Pablo: La caridad de Cristo nos urge (2Cor 5, 14)”. Son palabras de monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta, al referirse al acompañamiento espiritual, pastoral y humanitario que esta Diócesis ha brindado a los 1.097 colombianos deportados, según cifras oficiales, que han ingresado por la frontera Estado Táchira (Venezuela)–Norte de Santander (Colombia) y a los más de 15 mil migrantes forzados que han salido del vecino país por temor, dejando atrás parte de su vida, familias, trabajo, amigos, bienes y lugar de residencia por temor ante los fuertes controles de parte de las autoridades venezolanas.
La atención y servicio a estos hermanos en el Centro de Migraciones Diocesano (primera institución en acoger a los deportados con el apoyo del Banco Diocesano de Alimentos y el Servicio Jesuita a Refugiados) y en los distintos albergues ha sido posible gracias al compromiso y solidaridad de sacerdotes, diáconos, seminaristas, comunidades religiosas, movimientos apostólicos, grupos eclesiales, agentes pastorales, laicos comprometidos, diócesis y arquidiócesis de Colombia, instituciones eclesiales nacionales e internacionales, empresas y gremios, quienes, de manera constante, con esperanza y fraternidad, han estado presentes en esta compleja situación, para la cual la Iglesia Católica de Cúcuta pide pronta, eficaz y permanente solución.
“Es urgente que nuestros gobernantes se sienten a hablar y a buscar una solución con gran dignidad para ambos pueblos, buscando el beneficio de nuestros ciudadanos: venezolanos y colombianos (…) En este momento, todos tenemos que sembrar paz, esta es una única patria, unida históricamente”, ha señalado el Obispo de Cúcuta.
Como iglesia diocesana invitamos a continuar sirviendo en esta crisis, desde la caridad y la solidaridad, que nos une y mantiene viva la esperanza.
Comunicaciones Diócesis de Cúcuta
Óscar Javier Calderón Barragán
Coordinador Equipo Cúcuta Servicio Jesuita a Refugiados
