Tras la muerte de un inmigrante en Salou, voces de Iglesia exigen que “no se les criminalice más allá de lo que marca la ley”
Los ‘mossos’ detienen a un manifestante en Salou
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Mor Sylla, senegalés de 50 años y quien había tenido varios trabajos hasta el golpe de la crisis, era un referente para los manteros de Salou (Tarragona), donde estaba perfectamente integrado desde que llegó década y media atrás. El martes 11 de agosto, su muerte en circunstancias aún no esclarecidas, hizo que ese día y al siguiente varios cientos de compañeros del fallecido salieran a la calle enfurecidos para exigir una investigación ante lo que denunciaban que no había sido un accidente o un suicidio, teniendo varios choques con la misma policía y con algunos viandantes.
- EDITORIAL: El pecado del mantero
Dos días después, en la Puerta del Sol de Madrid, varios colectivos (como Asociación Sin Papeles, Red Interlavapiés, Migrapiés, SOS Racismo o Círculos del Silencio) convocaron una manifestación pacífica a la que asistieron cerca de 500 personas, entre las que había unos 300 manteros, muy implicados en los colectivos.
En la manifestación estaban las religiosas Pepa Torres (apostólica) y Maite Zabalza (dominica), que forman una comunidad intercongregacional con una compañera laica. Las tres residen en una casa en el madrileño barrio de Lavapiés, marcado por su mestizaje cultural, donde participan activamente en numerosas iniciativas sociales, como en Asociación Sin Papeles, formada en un 90% por manteros.
Por su experiencia en el día a día con este colectivo (son unos 500 miembros, reuniéndose en el barrio en asamblea todos los jueves, yendo semanalmente entre 80 y 100 personas), ambas denuncian que el miedo y el sentimiento de rechazo aumentan progresivamente entre los inmigrantes que, por cuestión de supervivencia, se dedican a la venta ambulante.
Torres recalca este último punto e insiste en acabar con los prejuicios: “Hablamos de exclusión social en un contexto de crisis. Pese a los esterotipos, muchos tienen sus papeles en regla y son chicos cualificados que hasta hace unos años trabajaban como albañiles o electricistas. Solo una vez perdido el empleo y ante la imposibilidad de encontrar otro, es cuando muchos acaban otra vez en la manta”. “Un intento por subsistir, el de la economía sumergida, en el que, con todo tipo de actividades, también se encuentran muchos españoles… Y nadie se plantea su expulsión del país”, señala Zabalza.
El panorama para los manteros ha empeorado mucho desde que el 1 de julio entrara en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Si en la precedente reforma del Código Penal, en 2010, la venta ambulante se despenalizó y pasó a ser considerada como falta, ahora vuelve a ser delito. Además de este cerco legal, Torres lamenta “el acoso policial, constante y desproporcionado, al que los manteros se ven sometidos cada día. Se les criminaliza y se va más allá de lo que marca la ley: entran en sus casas sin permisos judiciales, les paran por la calle por el color de su piel, les requisan el género y muchas veces no se sabe dónde va a parar este… A un chico le han quitado todo hasta tres veces en un mes”.
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En el nº 2.953 de Vida Nueva.
