‘Vida Nueva’ accede a la carta que envió a Doctrina de la Fe
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, envió el 30 de octubre de 2014 al Vaticano toda la documentación recabada sobre el caso ‘Romanones’ (10 sacerdotes y dos laicos locales están acusados desde noviembre de formar un grupo que habría abusado durante años de diversos menores) en una investigación eclesial realizada por un sacerdote de Valencia encargado del caso. El informe fue acompañado de una carta que el propio prelado dirigió al prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Vida Nueva.
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En ella, Martínez reconoce que el sacerdote investigador ha apreciado fumus delicti (apariencia delictiva) en las acusaciones vertidas contra Román Martínez y los también sacerdotes Manuel Morales y Francisco Campos. Además, en la misiva se pide a Roma “ampliar la investigación” y que se extienda al resto, a los que se define como “un grupo muy compacto y cerrado”. Tanto que, como lamenta, algunos de esos sacerdotes “habrían sido víctimas” de abusos por parte del clan y, con el tiempo, ellos mismos se habrían convertido “en cómplices, en mayor o menor grado”.
Al final de la misiva, Martínez reclama a Müller que el juicio eclesiástico, paralelo al civil, no se celebre dentro de la jurisdicción de la diócesis granadina. Algo que justifica dada la condición de juez eclesiástico que venía desempeñando hasta su acusación Francisco Campos, uno de los principales encausados. De este modo, arguye el arzobispo, se podría evitar el “escándalo correspondiente” que, entiende, se originaría por los “vínculos de amistad y compañerismo” entre este sacerdote y los miembros del tribunal eclesiástico que debería juzgarlo.
Según informó El País el lunes 27 de julio, ese informe eclesial, elaborado en buena parte desde los interrogatorios a los tres principales sacerdotes acusados, ha sido aceptado como prueba por la Audiencia Provincial, que se la requirió al arzobispado durante semanas, y figura ya en la causa judicial.
En cuanto al caso penal en sí, tras la inicial detención de estos tres sacerdotes y un seglar, en febrero se anunció que, salvo algunos de los cometidos presuntamente por Román Martínez, el resto de los posibles delitos quedarían sin juzgar por haber prescrito. Sin embargo, hasta el 15 de septiembre no se conocerá si prospera el recurso presentado por la acusación particular (Daniel, un joven granadino de 24 años, fue el que impuso la demanda tras ser el mismo papa Francisco el que le animara a ello) y por la popular, a cargo de la asociación defensora de los derechos de la infancia Prodeni, que reclaman que todos han de ser juzgados.
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En el nº 2.952 de Vida Nueva
