Los jesuitas alaban que se luche contra “la cultura de la impunidad”
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | El asesinato de Ignacio Ellacuría y varios de sus compañeros jesuitas, el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador, podrá seguir siendo investigado por la Audiencia Nacional española tras el reciente fallo del Tribunal Supremo, que estima que la Justicia hondureña no ha investigado a fondo el caso.
En conversación con Vida Nueva, el jesuita catalán Andreu Oliva, rector de la UCA, se felicita por lo que entiende que es “la decisión correcta”. Pese a que reconoce que ha generado “malestar en una parte de la sociedad salvadoreña”, cree que “otros muchos se alegran de que al menos en un caso se haga justicia y que toda la cúpula militar de aquel momento sea llevada ante la Justicia, para que se pueda establecer qué pasó y quiénes fueron los responsables de este crimen”.
Así, entre los críticos con la decisión, ve “a esa parte de la sociedad que estuvo al lado de los criminales y apoyó la violación a los derechos humanos. Son los miembros del ejército que masacraron a diestra y siniestra a la población. Son los que han impedido que se conozca la verdad y se haga justicia en tantos crímenes que el Estado cometió en tiempos de la guerra civil. Son los que quieren cubrir todo lo que pasó con el silencio”. De ahí que no comparta su postura, pues “lo hacen para defender sus intereses y seguir manteniendo la impunidad. Es evidente que, para los defensores de los derechos humanos, esta es una victoria muy importante”.
Oliva espera que esta sea una grieta que socave la Ley de Amnistía, “con la que se encubrieron este y muchos crímenes, y que es inconstitucional y viola todos los tratados internacionales sobre protección a los derechos humanos firmados por El Salvador”. El siguiente paso, a su juicio, sería “la posible extradición del coronel Inocente Montano desde Estados Unidos. Con ella, estaríamos muy cerca de que se abriera sumario y hubiera juicio”.
También ofrece su opinión a esta revista Rolando Alvarado, provincial de los jesuitas en Centroamérica y asistente personal de Ellacuría cuando fue asesinado: “Para los que vivimos los terribles y dolorosos años de guerra civil durante el último tercio del siglo pasado y estamos en contra de la cultura de la impunidad, la decisión del Tribunal Supremo es una noticia positiva”.
Sobre todo porque podría iluminar un contexto como el presente, igualmente preocupante en tantos aspectos: “Es cierto que la violencia de entonces, de insurgencia y contrainsurgencia, ha mutado, pero seguimos enfrascados en múltiples formas de violencia igual de graves. Desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador al día de hoy, llevamos la misma cantidad de muertos que durante la guerra civil. ¿Cómo es posible esto? Las causas sociales y económicas que nos llevaron a una dolorosa guerra civil siguen pendientes de resolver. Se ha ido naturalizando el que puedas cometer crímenes y delitos terribles sin que se deslinden responsabilidades legales. Si no se hace justicia por lo que ocurrió ayer ni por lo que ocurre hoy, ¿qué futuro nos espera? La cultura de la impunidad hay que enfrentarla con la cultura de la justicia”.
Aunque en su día el Estado salvadoreño ya reconoció su responsabilidad en el caso Ellacuría, Alvarado cree que la respuesta, si bien fue “loable y abona una cultura de justicia restaurativa”, también es “parcial y claramente insuficiente”. Por lo que la única salida es depurar responsabilidades: “¿Quién tomó la decisión? ¿Quién y cómo encubrió? ‘Solo la verdad nos hará libres’, como se dice en el Evangelio. Entre verdad y libertad, tenemos que situar el peldaño llamado justicia. Solo la justicia cabal puede sostener y propiciar un auténtico perdón”.
La necesaria jurisdicción universal
Además de por este caso concreto, Andreu Oliva se congratula de que el fallo del Tribunal Supremo suponga un apoyo a la noción de jurisdicción universal: “Es muy importante, pues son muchos los países en donde la Justicia no funciona y se protege a los violadores de los derechos humanos. Las instancias de Justicia a nivel internacional son un gran apoyo para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo”. En este sentido, el rector de la UCA apunta que “también es un aviso para España, que, al reformar la ley y quitarle competencias en temas de justicia universal, se está separando del necesario apoyo a la Justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos”.
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En el nº 2.941 de Vida Nueva.