‘Vida Nueva’ confirma la división de opiniones provocada por el ‘3+2’
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Pese a las críticas casi unánimes de la oposición, el Gobierno aprobó el 30 de enero, a través de un real decreto, la reforma universitaria con la que el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, pone el acelerador al Plan Bolonia. Así, tras una breve transición en la que las licenciaturas universitarias (en su mayoría de cinco años) dieron paso a los grados (de cuatro, pudiendo completarse con un máster de un curso), ahora se da vía libre a que las universidades que así lo deseen puedan impulsar desde el próximo curso el conocido como 3+2 (tres años de grado y dos de máster).
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Para unos, favorece “el paso a una universidad de élites, donde solo los alumnos con más recursos podrán culminar su formación con más títulos de formación superior”. Para otros, “permite una mas rápida incorporación de los estudiantes al mercado laboral, ya con su grado terminado”.
Con el fin de pulsar su opinión, Vida Nueva se ha dirigido a los rectores de las 15 universidades católicas que hay en nuestro país (tanto las de derecho canónico como aquellas que incorporan el ideario cristiano a su identidad, siendo autónomas de la autoridad eclesial), plateándoles una pregunta para conocer su valoración. De las respuestas ofrecidas por los 12 que han respondido al mismo (11 rectores y un vicerrector) se extrae una gran conclusión: al igual que existe una división en la sociedad y en la comunidad académica, la reforma es vista con muchos claroscuros en la universidad católica.
Así, entre los argumentos más positivos para muchos rectores, está la constatación de que se favorece una mayor autonomía para las universidades, que, entienden, conllevará una mayor internacionalización, lo que hará que puedan venir aquí más estudiantes extranjeros y se facilite la movilidad de los nuestros fuera.
Entre los temores más extendidos, están la posible pérdida de conocimientos más estructurados y globales, que son los que se asegurarían con el paso por los grados universitarios. Igualmente, se observa que, en tiempos de crisis, no serán muchas las administraciones públicas que extiendan sus programas de becas a los másteres que se impartan más allá de los grados, por lo que el peso económico recaería en las familias, limitando así las opciones de aquellas que cuenten con menos recursos. También hay quien reclama que se conjuguen libertad y cohesión, pues no sería positivo que ciertos grados fueran en unas universidades de cuatro años y en otras de tres.
Pero si hay algo que une a todos, es la duda de que la reforma llegue en el tiempo adecuado: aún no ha calado el Plan Bolonia y ni siquiera se ha comprobado si funciona o no. La aceleración de esta reforma es vista por una mayoría como precipitación. Y hay quien incluso lamenta que puede haberse guiado por criterios electoralistas. Una inestabilidad que, independientemente de los cambios que pueden deparar las próximas llamadas a las urnas, se extenderá como mínimo hasta el curso 2017-2018. Por acuerdo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ninguna universidad ofertará hasta entonces, pese a permitirlo la ley, grados de tres años.
Hablan los rectores
Para Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), “el sistema propuesto por el Ministerio es amplio y deja libertad de elección. Según dicha propuesta, habrá grados que obligatoriamente tendrán cuatro o más cursos y otros podrán ser configurados a elección de las universidades, siguiendo el esquema de 3+2 o 3+1 y +1. Hace tiempo que las universidades europeas adoptaron este tipo de formato. No se habla tanto de grados con tres o más cursos, sino de primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Este es un lenguaje más adaptado al ámbito universitario que favorece la investigación”.
“La opción que se tome –continúa– debe estar libre de demagogias y de ideologización política, y ha de responder a la búsqueda del rigor científico y universitario. Visto esto y las razones que indico a continuación, considero que este nuevo sistema será posible y beneficioso. En todo caso, es preciso una moratoria para que cada universidad pueda hacer ofertas de calidad”.
El tema de la moratoria se repite en otros entrevistados. “No se puede publicar hoy un decreto de suma importancia y aplicarlo mañana. No se pueden tomar decisiones precipitadas. Hace falta tiempo para decidir qué estudios se deben mantener a cuatro años y cuáles ir a tres”, opina Josep Maria Garrell, rector de la Ramon Llull de Barcelona.
En opinión de Garrell, hay que tener en cuenta “tres pilares básicos: la calidad de la formación, la ocupabilidad y la internacionalización; siempre fomentando el diálogo entre los agentes implicados que, además de las propias universidades, deben ser los estudiantes, los colectivos profesionales y los empleadores”.
Julio L. Martínez, rector de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE de Madrid, considera que el hecho de que los títulos duren tres o cuatro años “no es una medida que, en sí misma, pueda calificarse de negativa”. Lo que sí ve como problemático es que “en las actuales circunstancias, esta modificación puede constituir más un factor de perturbación que de solidez del sistema”.
Reportaje completo solo para suscriptores
En el nº 2.937 de Vida Nueva
