Grupos cristianos se oponen a la reforma del Código Penal
MARÍA PÉREZ | El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó un nuevo proyecto de reforma del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo, magnicidio, asesinato de menores o discapacitados, y en aquellos producidos tras una agresión sexual.
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Su ejecución, de mantenerse el texto inicial del proyecto legislativo, consistirá en que el penado habrá de cumplir una pena privativa de libertad mínima de entre 25 y 35 años, revisándose después su puesta en libertad si concurrieran una serie de requisitos.
Justicia y Paz, una de las instituciones que más ha alzado la voz en contra de esta reforma del Código Penal a través comunicados, actos públicos y jornadas de debate, considera que “por principios, se trata de una pena cruel, inhumana, degradante, innecesaria, inconstitucional y, en consecuencia, inmoral”, según Eduard Ibáñez, director de Justicia y Paz Cataluña. “Supone renunciar a la reinserción, al privar a una persona de libertad para siempre”.
Y es que el hecho de que sea “revisable” no impide que pueda ser mantenida hasta el final de la vida de un preso. Sin embargo, mientras para el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz “la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con la cadena perpetua, porque esta es inconstitucional”, expertos en pastoral penitenciaria han mostrado su total desacuerdo con esta afirmación.
Es el caso de Susana Menéndez Otero, abogada y voluntaria en la prisión de Teixeiro (La Coruña): “Parece más bien un juego de palabras. Es permanente, es decir, sin horizonte temporal de libertad, lo que coincide con la cadena perpetua, término que se utilizaba en otras épocas. Pero, para evitar una inconstitucionalidad fulminante (lo que no quiere decir que esta sea igualmente inconstitucional), le añaden el término revisable”.
Pablo Morata, capellán de la cárcel de Valdemoro (Madrid), va más allá: “La opción de revisable sume a los presos en una incertidumbre que les consume”, sostiene en conversación con esta revista. “Lo peor que le puede pasar a una persona es no saber qué ocurrirá mañana, y no hablo desde el punto de vista religioso, sino humano: no le puedes decir a un preso que su condena se revisará en 25 años, y pasados los 25 años, decirle que no”.
Desde Justicia y Paz, recalcan que “en muchos casos, la presión será tan fuerte sobre los tribunales que tengan que decidir la revisión, que se mantendrá la condena teniendo en cuenta criterios más bien políticos, mediáticos o electoralistas; algo que va en contra de la seguridad jurídica”, asegura Ibáñez. “Continuamente se utiliza el Código Penal con fines electoralistas: eso se llama populismo punitivo”, apunta Ibáñez. “Pero no solo el Gobierno actual, por desgracia todos los partidos que han gobernado en España en los últimos 30 años han usado el Código Penal para ponerse medallas de dureza contra la delincuencia y el terrorismo”.
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En el nº 2.935 de Vida Nueva
