El derecho a la protesta, cada vez más caro en Venezuela

La Iglesia pide al Gobierno mecanismos de diálogo y concertación con los opositores

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La esposa del alcalde Ledezma (izda.), en una protesta por la detención de su marido

Aumenta la convulsión social en Venezuela. Durante una protesta en San Cristóbal, un estudiante de 14 años perdió la vida a manos de un policía. Los hechos ocurrieron cerca de la Universidad Católica de Táchira el martes 24 de febrero, a menos de un mes de hacerse pública la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa en que se autoriza el uso de armas potencialmente mortales “para garantizar el orden público”.

En respuesta a dicho documento, junto a otras organizaciones, la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana suscribió un comunicado semanas atrás en el cual afirma que “dejar a consideración de los funcionarios de seguridad la decisión de disparar contra civiles manifestando representa una clara situación de vulnerabilidad para quienes ejerzan su derecho a la protesta y constituye un retroceso para las garantías de los derechos humanos de los venezolanos”.

Si bien no se ha comprobado que el estudiante asesinado participase o no de la manifestación, su fallecimiento ha hecho pensar en las más de 40 personas que perdieron su vida el año pasado como consecuencia del aumento de la represión.

Según Justicia y Paz, el hecho de que, en los últimos años, el ejercicio de la manifestación pacífica esté siendo vulnerado por violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, “reitera la inexistencia de una política democrática de control del orden público”.

Como se ha dicho, la privación de la libertad preocupa a la Iglesia venezolana. El padre Leonardo Marius, de la pastoral universitaria, sostuvo ante Vida Nueva que lo más básico de la presencia evangelizadora en dicho ámbito consiste actualmente en visitar a quienes han sido apresados sin sustento jurídico, en especial a varios estudiantes, víctimas hoy de tortura.

“Detención arbitraria”

Por otra parte, el domingo 22, el cardenal Jorge Urosa se refirió a la “detención arbitraria y violenta” del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, “autoridad detenida de manera indebida, sin respeto al debido proceso”. “¿Lo acusan de conspiración? ¿Dónde están esas pruebas? ¿De qué se trata? ¿De crear una situación para detener a un líder de la oposición?”, se preguntó.

“Mi oficina pretende ser allanada en este momento por varios policías del régimen”, publicó en Twitter el alcalde, el jueves 19. Momentos después, las cámaras de seguridad de la Torre Exa registraron cómo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia lo sacaron a la fuerza de su lugar de trabajo. El Gobierno sostiene que preparaba un golpe de Estado, junto a Ana Corina Machado y Leopoldo López.

Recluido en la cárcel de Ramo Verde, Ledezma dio a conocer un mensaje con ayuda de su esposa pidiendo que se discuta en la Mesa de Unidad Democrática la tesis constitucional de solicitar la renuncia del presidente. “Esa vía –defiende– es todo lo contrario a un ‘golpe militarista’”.

Con la inflación superando el 70% y el déficit en alza, con una producción en caída, como el precio del petróleo, producto del que depende el 90% de los ingresos fiscales –señala la revista Semana–, “no es fácil predecir lo que viene”. Mientras, la Iglesia sigue pidiendo al Ejecutivo mecanismos de diálogo y concertación para canalizar las demandas ciudadanas.

Más represión que con chávez

El comunicado de Justicia y Paz aporta datos ciertamente preocupantes: “En el año 2014, la intensidad de la represión fue desproporcional a la frecuencia de protestas violentas; aunque las protestas violentas aumentaron un 184% con respecto a 2013, la represión aumentó un 534%. El porcentaje de represión fue del 16,4%, superando la cifra más alta de represión del expresidente Chávez, 7% para el año 2009”. Y añade: “En todo el año 2013 fueron reprimidas 61 protestas; en el año 2014 se reprimieron 387, de las cuales el 82% fueron de carácter pacífico. En ninguna de las manifestaciones violentas en Venezuela han sido incautadas armas de fuego a los manifestantes. Sin embargo, se registraron 41 casos de víctimas letales, de los cuales al menos seis sucedieron por disparos atribuidos a cuerpos de seguridad”. ¿Qué se espera de este 2015, a sabiendas de que es un año electoral?

Miguel Estupiñán

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