Exigen a la UE que vigile el mercado en zonas de conflicto
Un hombre recoge mandioca en el Congo
Obispos de todo el mundo, contra el comercio que financia guerras en el Sur [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Hasta 122 obispos y cardenales de 36 países de Europa, África, Asia y América han hecho público un comunicado dirigido a la Unión Europea (UE) en el que exigen a sus estados el cese del comercio irresponsable de empresas que están bajo su jurisdicción y que se nutren de la inestabilidad de ciertos ámbitos, temiéndose incluso que generen los propios conflictos para facilitar su actividad económica. “Ciertos productos vendidos por empresas europeas –denuncian– contienen recursos naturales que financian violencia y provocan sufrimiento. Instamos a la UE a que acabe con esta situación”.
“En algunos países del Sur –detallan–, sobre todo en los que son ricos en recursos naturales (minerales, madera, gas, petróleo…), su control, extracción, procesamiento y comercio financian grupos armados y fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones de los derechos humanos”. Un dislate que se da con productos cotidianos: “Ordenadores, teléfonos y muchos otros dispositivos electrónicos, utilizados por la mayoría diariamente y vendidos por las empresas europeas, a menudo pueden contener recursos naturales cuya extracción y comercio ocasionan violencia y sufrimiento”. Ante esto, “los ciudadanos quieren garantías de que no son cómplices”.
Por ello, los obispos piden actuar urgentemente a los gobernantes europeos: “Esta situación resulta intolerable. Los estados están obligados a hacer todo lo posible para garantizar las condiciones para la paz, no solo en su país, sino en todo el mundo. Esta es, sin duda, la Doctrina Social de la Iglesia. Los gobiernos, los ciudadanos y los empresarios deben asumir como tarea propia garantizar que sus empresas adquieran recursos naturales de forma responsable”.
En este sentido, se felicitan porque, en marzo de 2014, la Comisión Europea propuso “un proyecto de Reglamento basado en una estrategia para el comercio responsable de minerales en zonas de conflicto”. Sin embargo, piden ver cómo se concreta la legislación, examinada por el Parlamento Europeo. Así, “el informe que acaba de publicar el eurodiputado ponente, Iuliu Winkler, se puede mejorar, ya que no propone normas suficientemente estrictas”.
Con el fin de que la reforma no se cierre en falso, los firmantes –entre los que se encuentran los españoles Juan José Omella y Jesús Fernández, y otros compatriotas que pastorean diócesis de todo el mundo, como José Luis Azcona y Pedro Casaldáliga, en Brasil; Miguel Ángel Sebastián, en Chad; o Ángel Garachana, en Honduras– señalan tres medidas concretas. La primera, “establecer requisitos obligatorios para las empresas que garanticen el respeto de los derechos humanos, en lugar de buscar un enfoque voluntario, como se propone”. La segunda, “que la ley cubra una gama más amplia de empresas, no solo a las importadoras de minerales”, como marca “la propuesta actual”, pues “esto excluiría a la gran cantidad de minerales procesados en el extranjero e importados en los mercados de la UE”. Y, la tercera, que “cubra más recursos naturales: la legislación propuesta solo afecta al estaño, al tantalio, al tungsteno y al oro. Pero la explotación de otros recursos, como el cobre y los diamantes, también puede estar vinculada a los abusos de derechos humanos”.
El esencial apoyo de CIDSE
Si la declaración de los obispos, que lleva en marcha desde octubre, ha ido ganando apoyos hasta llegar a las 122 firmas, se debe en buena parte al apoyo de CIDSE, la principal red de asociaciones de desarrollo católicas que existe en el mundo (entre las que está Manos Unidas).
En conversación con Vida Nueva, Stephan Reinolds, uno de sus miembros que más ha seguido de cerca el proyecto, destaca que lo mejor de la propuesta de legislación de la Comisión Europea es “el hecho de que toda las empresas que importen un producto que puede ser sospechoso deberían hacer un proceso de debida diligencia, esto es, un proceso proactivo de verificación de su cadena de suministro”. Con un certificado de garantía, “conseguiríamos que el consumidor tuviera toda la información antes de elegir entre un producto limpio o uno que tal vez ha financiado conflictos armados. Nuestro objetivo es que toda las empresas tengan condiciones iguales que respetar”.
CIDSE, presente en Bruselas, ejerce una labor de control en el Parlamento Europeo, manteniendo un diálogo constante con todas las fuerzas parlamentarias posibles, “para tener leyes más respetuosas con el ser humano y nuestro medio ambiente”.
En el nº 2.931 de Vida Nueva
