Este pueblo indígena mexicano reivindica su derecho a este bien natural frente a los intereses políticos

Las próximas guerras serán por el agua. Todos conocen que su control es estratégico para dominar poblaciones y vencer pueblos. Lo experimentan en Gaza y en Sonora, México. Hoy, en muchos sitios, una botella de un litro de agua es más cara que un litro de gasolina. Las industrias consumen cantidades inmensas de agua, particularmente las mineras, de extracción y de siderurgia, mientras que pueblos enteros se ven racionados del vital líquido. En México, las batallas se han iniciado desde hace tiempo. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, los pobladores ven cómo se secan sus fabulosas lagunas, pues el agua se va a los pastizales y a la industria de la leche; el pueblo de Mazahua conoce bien cómo, en el nombre del progreso de la ciudad, se despoja al campo en su cuenca de Santiago. Pero hay respuesta. Hoy, los legendarios guerreros de la tribu yaqui están dispuestos a todo por defender lo que consideran último bien del que no han sido despojados: el agua.

¿Cuál es entonces la lucha de la tribu yaqui? ¿Por qué, aparentemente, no quieren compartir su agua con la población de Hermosillo? ¿Por qué han puesto en jaque a la capital de ese extenso estado del país? ¿Por qué bloquean la carretera impidiendo el “desarrollo” y el “progreso de la nación”? ¿Acaso no todos tenemos derecho a los bienes de la Creación?

Mario Luna Romero, defensor yaqui de su pueblo, explica a Vida Nueva cuál es su lucha. “Nuestro objetivo es defendernos del despojo del agua que estamos padeciendo, tanto para nuestro consumo personal como para producir los alimentos que comemos”. A lo que agrega con énfasis: “Desde abril de 2014, hemos sido víctimas de injusticias y violaciones tanto a la ley como a nuestros derechos humanos por parte de diversas autoridades, a nivel estatal y federal”.

Los tribunales de Justicia les dan la razón

En efecto, la tribu yaqui ha sido despojada históricamente de sus riquezas, de su tierra, de su fuerza de trabajo; han sido perseguidos, desterrados y exiliados del país. En tiempos de Porfirio Díaz, fueron expulsados de su tierra y llevados a Pinotepa Nacional, Yucatán. Algunos otros llegaron hasta Cuba y Marruecos. En tiempos de Álvaro Obregón, incluso fueron bombardeados por la fuerza aérea mexicana.

El sufrimiento y una historia de explotación no dan la razón, por sí mismas, para no compartir el agua del río que ancestralmente cruza su territorio; pero, en esta ocasión, ciertamente la tienen. A los yaquis no solo les asiste la verdad histórica y la razón, sino también la legalidad que otorga la Suprema Corte de Justicia con sus resoluciones, lo mismo que la de varios jueces de diversas instancias en tribunales.

“Nunca nos consultaron, como lo establecen las leyes internacionales y nacionales: llegaron a quitarnos el agua, a racionarla para nosotros en lugar de reparar las fugas que tienen de su sistema de agua en Hermosillo”, denuncia Luna. En efecto, la ciudad de Hermosillo pierde el 60% del agua de su sistema de distribución porque no ha renovado su tubería en décadas; en cambio, se ha optado como “medida estrella” por construir un acueducto de 135 kilómetros, el segundo más largo del país. Una macro obra en la que se han invertido cerca de 268 millones de dólares y que hará que se extraigan del río Yaqui 75 millones de metros cúbicos al año.

Ante este nuevo despojo, los yaquis protestaron y acudieron a las instancias legales para llevar su queja. Los tribunales les dieron la razón. En un largo y tedioso proceso legal, ganaron todos los pleitos hasta llegar a la mismísima Suprema Corte, que, el 8 de mayo de 2013, falló definitivamente a favor la tribu yaqui. Sin embargo, las autoridades del Gobierno de Sonora no acataron la sentencia, concluyeron el acueducto y lo pusieron a funcionar, en el nombre de las necesidades de los habitantes de la capital.

Los intereses, tanto en la licitación de la construcción como en el verdadero uso que le van a dar al acueducto, son muy turbios; en cambio, es muy claro –como el agua– que río Yaqui forma parte del patrimonio de esta tribu ancestral. Por ejemplo, hay decenas de tomas que bajan del acueducto para abastecer grandes ranchos de políticos locales; desde enero, cuando se inauguró, miles de hectáreas de pastizales (alimento para vacas) se riegan con la aguas del río Yaqui, trasvasadas a las inmediaciones de Hermosillo, propiedad de grandes exportadores de carne. Ahora se planea la construcción de un corredor industrial al margen del acueducto, en las inmediaciones de la capital estatal, que usará el agua que viene de lejos.

Ante esto, Luna no puede ocultar su indignación: “Vinimos en agosto al Senado, hasta Ciudad de México, para pedir que nos ayudasen a respetar la ley que ellos mismos hacen, aunque estaban muy ocupados repartiendo el petróleo a las compañías extranjeras. La Suprema Corte nos dio la razón y no quieren obedecerla… Pero nadie hace nada para que se cumpla la sentencia. En cambio, nos generan órdenes de aprehensión por protestar y por defender lo que es nuestro. Nosotros cuidamos el agua, cuidamos la vida”.

El agua es ya el recurso más valioso de esta tribu ancestral

Han sufrido ataques

Este hijo del pueblo yaqui me escruta con los ojos para compartir algo muy serio: “En el camino a Ciudad de México tuvimos dos atentados. Unos camiones se nos cerraron en la carretera e intentaron que nos cayéramos a los voladeros exteriores; después nos siguieron y golpearon nuestros autobuses: querían que pareciera un accidente. Los poderosos enviaron a estos matones para intimidarnos”.

La lógica del acueducto no es dar vida y darla en abundancia, sino canalizar los bienes hacia las grandes industrias, para comercializarlos sin importar el costo ambiental que tiene –el pecado contra la Creación–. Pese a todo, Luna confía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los visitó en agosto. Además, han solicitado un encuentro con los comisionados para presentar su caso, pues lo consideran paradigmático de lo que sucede con muchos pueblos indios que aún tienen algún bien en su territorio. “Esperamos que seamos escuchados –concluye–; nuestra tribu está muy intranquila: somos guerreros de muchos años y no estamos contentos”.

Es la última batalla de los yaquis. Y, desde la razón y la ley, no se dejarán arrebatar el más valioso bien que les queda: el agua que purifica.

Un “accidente” que se repite

Mientras conversamos con Mario Luna, llega la noticia de que la minera Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, de Germán Larrea, vertió 40.000 litros de lixiviados (ácido sulfúrico), accidentalmente, al río Bacanuchi, afluente del Sonora, que alimenta de agua a la ciudad de Hermosillo. El hecho es uno de los desastres de este tipo más graves registrados en el país. La empresa será multada por la Conagua con poco más de 67.000 dólares. Curiosamente, el terrible “accidente”, en el contexto de las batallas por el agua, fortalece el argumento de que Hermosillo depende cada vez más del agua no contaminada de la tribu yaqui. También conviene recordar que el lugar donde se vertió el ácido sulfúrico fue durante un tiempo territorio de la tribu tehuima, conocidos también como ópatas. En el censo del año 2000, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya no los consideraba existentes, entendiendo por tanto que la lengua ópata estaba a punto de extinguirse. La minera Buenavista del Cobre es hermana de la tristemente célebre Pasta de Conchos, y las respuestas ante el desastre, como la propia tragedia, es la misma en ambos casos: ocultar información, mentir a la autoridad, pagar multas ridículas, no hacerse cargo de las consecuencias de las negligencias y actos criminales y, fundamentalmente, apostar por el olvido mientras se devasta la región.