Esta es la historia de la justicia que a cielo abierto administró la asamblea de los indios nasa, cuando guerrilleros de las Farc asesinaron a dos de ellos.
Armados solo con bastones, pero con el respaldo de toda su comunidad, capturaron a los siete guerrilleros asesinos, los juzgaron y condenaron con una eficacia y limpieza tales que dejaron en evidencia la debilidad e ineficacia de la justicia ordinaria, apoyada en códigos e incisos, pero sin peso moral para administrar una justicia pronta y eficaz.
Ya era la hora del mediodía cuando se escuchó la pregunta que todos esperaban: ¿cuál debe ser la pena para Carlos Iván Silva Yatacué, alias Fercho, acusado de dar muerte a Manuel Antonio Tumiñá y a David Coicué? La respuesta fue lo más parecido a un rugido: “Cárcel”, fue el grito que quedó vibrando bajo el sol.
Los cálculos de los periodistas difieren: ¿eran 1.000 o 2.000 o 5.000? Lo cierto es que fue un bosque de manos el que se levantó para condenar a Fercho a 60 años de prisión.
La justicia ordinaria se veía como una mala alternativa para la justicia transparente y honesta de los nasa
Los nasa han dado una lección de ciudadanía y de democracia a todo el país
La asamblea había comenzado al amanecer. Llegaron en camiones, buses, camionetas, buses escalera, motocicletas; otros en bicicletas o a pie. Representaban los 20 resguardos del norte del Cauca en donde están asentados 99 mil indígenas nasa. Escucharon al comienzo al gobernador del corregimiento de Tacueyó, Floresmiro Noscué, después cantaron los himnos de la Guardia Indígena y el del pueblo nasa.
Rompiendo el silencio que siguió al canto de los himnos, los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) recordaron a los asistentes el nombre y la figura de Hernando Huella, el primer indio asesinado en 1971. Entonces eran los terratenientes los que pagaban a los sicarios por el asesinato de líderes indígenas y, agregaba Alcibíades Escué, exgobernador indígena, después fueron las Farc diciendo que “van a ganar la revolución. Así armaron a nuestros hermanos para que nos asesinaran, y si no cumplían la orden, entonces los fusilaban a ellos”.
La lucha de los nasa ha sido larga. En el momento mismo en que lo recordaban tenían presente el asesinato de un guardia indígena y un panfleto que circulaba entre ellos con los nombres de 26 representantes de los cabildos de Tacueyó y Toribío, declarados objetivo militar de las Farc.
¿Cuál sería la reacción de esta comunidad frente a las agresiones?
Los reos
Entre la muchedumbre no se habría podido encontrar una sola arma, si alguien se hubiera propuesto encontrarla. Solo los bastones de la Guardia, que en este momento se retiraban para regresar unos minutos después con los siete guerrilleros que serían sometidos a juicio.
Había indignación, desprecio y a la vez tristeza en esta asamblea de comuneros cuando los vieron entrar, atadas las manos y bajas las cabezas. Se les había desaparecido la arrogancia con que, blandiendo sus armas, habían impuesto la valla conmemorativa de la muerte de Alfonso Cano, levantada en territorio nasa. Ante aquella expresión de un dominio que nadie les había reconocido, Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué procedieron a derribar la valla; pero pagaron con la vida el gesto.
Entre los sentimientos que provocó la entrada de los guerrilleros capturados, predominaba la tristeza: eran indígenas a quienes había seducido el poder de las armas, la posibilidad de enriquecerse o el atractivo de una ideología que les prometía libertad y justicia.
A los reos les habían dispuesto unos asientos de espaldas a la plataforma de los dirigentes y de frente a la asamblea. Así pudo verse un espectáculo insólito dentro de la larga confrontación entre guerrilleros y la sociedad colombiana: los guerrilleros, desarmados por hombres inermes, iban a ser sometidos, ahora sí, a la justicia popular.
Mientras tanto habían tomado posiciones, formando un amplio anillo defensivo alrededor de la vereda San Francisco, en las afueras de Toribío, 1.500 guardias indígenas, en previsión de cualquier ataque contra la asamblea.
En el tribunal no había las pelucas perfumadas de los magistrados ni las togas de seda de los jueces; pero no era menos grave y seria la apostura de esta muchedumbre dispuesta a impartir justicia a cielo abierto. Habían escuchado en silencio al indígena guerrillero: “prefiero responderle a la organización a la que pertenezco y no a otra autoridad”. Esa altiva declaración implicaba un desgarramiento: la guerrilla había roto los lazos de este hombre con los de su raza.
Ahora debían decidir la suerte de Arsenio Vitomás, Robert Piqué, Emilio Ilyo y Freiman Dagua. Otra vez los brazos se levantaron para condenarlos a 40 años de prisión, entre el llanto y los gritos aislados de sus familiares, que protestaban contra la pena.
Las deliberaciones habían durado más de cinco horas. Sabiamente habían concluido que los dos menores de edad que hacían parte del grupo guerrillero serían castigados, fuera del lugar de la asamblea, con 20 fuetazos para cada uno y que luego serían entregados a una institución para menores, hasta cumplir la mayoría de edad, cuando una nueva asamblea decidiría su suerte.
Se erguían estos jueces nasa, ni sometidos ni sumisos
¿Un juicio justo?
Pero más allá de lo sucedido en esa vereda de Toribío, el juicio contra los siete guerrilleros provocó otra de esas polémicas que abundan entre abogados.
Contra el estereotipo nacional sobre el indio como ser humano sumiso y sometido, se erguían estos jueces nasa, ni sometidos ni sumisos, que respondieron una a una las objeciones formuladas contra la decisión soberana de esta asamblea de San Francisco. Que los crímenes cometidos por guerrilleros indígenas son de competencia de la jurisdicción ordinaria, reclamó algún abogado.
Al oír el reclamo, Olinto Mazabuel, del CRIC, preguntó sin vacilación alguna: “¿será que los colombianos están de acuerdo con la impunidad? Nosotros no permitiremos que la justicia indígena sea permeada por la justicia ordinaria ni que se ponga en duda la pluralidad de los pueblos”.
Había en la réplica una contraacusación para la justicia ordinaria colombiana que, debilitada por la impunidad, la incapacidad profesional y la corrupción, mal podía ofrecerse como alternativa a la justicia transparente y de sólidos fundamentos de la comunidad nasa.
Al argumentar que los nasa no pueden juzgar guerrilleros, una profesora de derecho no tuvo en cuenta algo más valioso que las teorías, el hecho contundente de que siete reos, antes que guerrilleros, eran indígenas, víctimas de la perversión guerrillera que había pretendido borrar su pasado y su cultura. Y cuando se proclamó que la fiscalía podría presentar una tutela por violación del debido proceso, fue la propia fiscalía la que a través del vicefiscal Jorge Perdomo afirmó el respeto de la fiscalía por la decisión de la asamblea nasa.
Como fondo de la polémica y de los reclamos se pudo constatar que los nasa habían puesto en tela de juicio la justicia colombiana. Tal fue el efecto de un hecho que dejó en evidencia unas abultadas diferencias.
Se erguían estos jueces nasa, ni sometidos ni sumisos
Los nasa ponen la diferencia
Los nasa son fuertes porque son comunidad
La primera de ellas, la justicia pronta y oportuna que contrasta con los innumerables casos de prescripción como resultado de la incompetencia de los jueces y de los recursos dilatorios de los abogados. En aquella vereda de San Francisco no hubo espacio ni para abogados habilidosos ni para funcionarios corruptos: de la madrugada al medio día se volvió sentencia lo que toda la comunidad nasa conocía y esperaba.
En aquellas cinco horas la comunidad estuvo al tanto de lo que pasaba, porque la búsqueda de la justicia se desarrollaba ante sus ojos, sin trucos ni engaños, algo de naturaleza completamente diferente a la sinuosidad y porosidad de una justicia apegada, por conveniencia, al inciso y al distingo escolástico, y enderezada hacia el triunfo del abogado o del juez, y no al reconocimiento y defensa de los derechos de las personas.
Esa comunidad, que con voto masivo sentenció a los siete guerrilleros, hizo aparecer, minúsculos, los jurados de conciencia de la justicia colombiana. Durante las más de cinco horas de asamblea, oyeron a los guerrilleros y a su defensor, escucharon uno a uno los argumentos de la fiscalía, de modo que en el momento de decidir la sentencia, el voto fue transparente y sujeto a la verdad de lo sucedido. Una justicia de apariencia rústica y elemental, pero creíble y fiable por lo honesta.
La fuerza de la comunidad
Los nasa son fuertes porque son comunidad. Los unen intereses comunes, disponen de instrumentos comunes para obtener esos intereses y se rigen por normas comunes que una autoridad, acatada por todos, hace cumplir.
En los años 80 emprendieron tareas audaces como la de las recuperaciones. De pronto, y sin que nadie pudiera preverlo, aparecían 150, 200 indígenas con sus instrumentos de labranza y, sin preámbulos, se formaban en fila para picar la tierra y dejarla lista para la siembra. Mientras unos con sus barretones picaban y hacían aparecer debajo del pasto, la frescura de la tierra negra, otros recogían leña, armaban el fogón y ponían a hervir la olla comunitaria.
No se trataba de invasiones, sostenían, sino de recuperar la tierra que terratenientes blancos les habían arrebatado a las generaciones anteriores.
En esas recuperaciones se puso a prueba la fuerza de su comunidad. Después de los terratenientes, vinieron los guerrilleros que invadieron, se llevaron a sus muchachos, secuestraron e intimidaron. Los nasa enfrentaron a este nuevo enemigo, armados tan solo con los bastones de mando de la Guardia Indígena; así ocurrieron las historias de los secuestros. Para rescatar a los secuestrados se enfrentaron a los guerrilleros con grupos de centenares de indígenas que llegaban hasta los campamentos guerrilleros dispuestos a correr la suerte de quien enfrenta una metralleta con un palo en la mano. Los guerrilleros, a su vez, aprendieron que su guerra no era contra individuos aislados sino contra comunidades enteras. Al asesinar a Tumiñá y Coicué ofendieron a toda una comunidad, no solo a un par de familias. Esto lo debieron entender en esa mañana del día del juicio.
Bajo el gobierno Uribe
Esa fuerza comunitaria inquietó al gobierno de Alvaro Uribe, que esgrimió contra ellos dos armas propias de la pequeña política colombiana:
Primero intentó dividirlos y su Ministro del Interior asistió con gran alarde a la creación de la Organización Pluricultural de los pueblos Indígenas de Colombia, OPIC. Según dijo el ministro Valencia Cossio en esa oportunidad, se trataba “de oír una voz indígena distinta”. Todo mundo sabía, sin embargo, que la intención era la de debilitar una voz indígena tan poderosa como el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
Fue evidente la voluntad divisionista de los promotores de OPIC y la desconfianza frustró sus primeros intentos. Después el gobierno apeló a otra de sus armas cuando, contra toda evidencia, acusó a los nasa de alianza con las Farc que, ya para entonces, habían sido victimarios del grupo indígena.
Los nasa fueron víctimas de las minas antipersonales de las Farc, sembradas en su territorio; hasta allí llegaron para reclutar menores, y para secuestrar, hechos que demostraron la torpeza de la acusación oficial.
Esa fuerza de la comunidad nasa fue la que el país vio sorprendido cuando sacaron de su territorio a los militares que habían pretendido convertir en base militar el cerro de Berlín, un lugar ritual de larga tradición entre los indígenas.
Y esa fuerza comunitaria fue la que el país vio el día del juicio. Lo que han intentado tímidamente los tribunales del país, responsables de los procesos por los delitos de la guerrilla, la comunidad nasa lo hizo en un día, al someter a juicio a los siete guerrilleros, que se habían sentido indefensos el día del asesinato, a pesar de las armas que portaban, ante la presencia de la comunidad india.
La destrucción de las armas
La ceremonia que siguió al juicio fue un mensaje para la guerrilla y para el país. En presencia de todos los comuneros que acababan de sentenciar a los guerrilleros, fueron destruidas sus armas.
La convicción de que las armas son prescindibles se ha venido fortaleciendo desde la niñez de los nasa. Sus recuerdos de infancia incluyen episodios de fuga y de terror.
Muchos cuentan cómo las jornadas escolares se solían interrumpir ante el ruido ominoso de los disparos que les provocaban la reacción espontánea de refugiarse debajo de los pupitres durante horas de agonía; también es parte de su archivo personal de imágenes la que les quedó de los huecos que hay en sus casas, como escondites de emergencia cuando aparecían o los guerrilleros o los militares reclutadores. Unos y otros ponían en fuga a los jóvenes indios. A veces los reclutadores se presentaban con discursos y regalos seductores, otros días aparecían con ostentaciones de fuerza y crueldad. Para los hombres armados el indio era un recurso valioso que debía ser aprovechado en nombre de la revolución o de la patria. Y lo lograron en el caso de los siete hombres que con las manos atadas, se veían sentados frente a la asamblea el día del juicio.
Ellos eran indios integrados a la guerrilla que habían perdido su identidad, o a la fuerza o mediante el discurso engañoso de los reclutadores.
Los nasa salieron de esta asamblea aún más convencidos del peligro de las armas y de las luchas armadas que los convertían en asesinos; por eso, igual que los campesinos de La India, en Cimitarra, Santander, o los de San José de Apartadó, en Urabá, entre otros, rechazaron la presencia de las Fuerzas Armadas y de los grupos armados en su territorio.
Los nasa están convencidos de que las armas son prescindibles
El pretexto de la protección
El argumento de la Policía y del Ejército ha sido el mismo de los extorsionistas que cobran por brindar protección, que los cuerpos de seguridad refuerzan con otro argumento: el deber constitucional de proteger a los ciudadanos. Pero la experiencia acumulada de los nasa los ha convencido de que es menos peligroso y más efectivo defenderse por su cuenta.
Ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno han aceptado los razonamientos de los indios. El gobierno de Alvaro Uribe, inicialmente, se propuso articular la Guardia Indígena a las Fuerzas Armadas, para convertir en soldados armados, con instrucción y disciplina militares a unos hombres desarmados y con formación comunitaria. Impaciente, en agosto de 2004, el presidente Uribe exigió que los indígenas tomaran partido y colaboraran en su proyecto de crear redes de informantes, lo cual equivalía a convertir a los indígenas en actores armados, contra el pensamiento de este grupo humano que no quiere ni acepta armas en su territorio ni soporta verse involucrado en la guerra.
Por eso, la destrucción de las armas de los siete guerrilleros tuvo el valor y la sonoridad de un símbolo, aquel mediodía del día del juicio.
La cátedra de paz de los indios
Las sospechas que el gobierno Uribe difundió sobre los indios nasa, las había desmentido el jurado que el año 2000 destacó al líder Feliciano Valencia con el Premio Nacional de Paz. Lo que a los ojos de ese gobierno apareció como una alianza con las Farc, el jurado, sin los apremios de un interés político y libre de los prejuicios apasionados, lo vio como “una resistencia pacífica ante el conflicto armado”.
Cuando en el 2004 un nuevo jurado exaltó con el Premio Nacional de Paz a la Guardia Indígena, que había sacado a la guerrilla de varios lugares sin más armas que sus bastones de mando y su unidad de grupo bajo la consigna de que “no queremos a nadie armado y estamos dispuestos a enfrentar sin armas a las Farc”, palidecieron los prejuicios oficiales.
Y tal fue la afirmación que ese día del juicio le hicieron los nasa al país que debió reconocer la existencia de un grupo de colombianos que no cree en las armas y que pone su fe en la paz posible.
Pocas veces un discurso con tanto contenido ha necesitado de tan pocas palabras y de tantos hechos. Ese día los nasa le dieron una lección de ciudadanía y de democracia a todo el país.
Texto: Javier Darío Restrepo
Fotos: Cric-Colombia, Joanna Castro, Arcoiris, El Payanes, Periferia Popayan
