Nuevos elementos de juicio a partir del trabajo del Cinep

El número más reciente de la revista Cien días vistos por Cinep hace un aporte a la comprensión del posconflicto. Según Luis Guillermo Guerrero, director de la institución, existen profundas contradicciones y ambigüedades sobre lo que este debe ser en Colombia y lo que realmente es posible. “Esta disyuntiva nos obliga a pensar, más allá de los deseos, en cuáles pueden ser los mayores desafíos para la construcción de un posconflicto en el país”.

Guerrero enuncia seis grandes desafíos. El primero de ellos es que los colombianos y colombianas comprendamos de manera más compleja las seis décadas de conflicto social, político y armado que hemos vivido en el país y, en consecuencia, nos apropiemos seriamente del gran reto que significa construir la paz. El segundo es superar la fragmentación del Estado y armonizar sus responsabilidades para fortalecer y hacer posible el posconflicto sobre la base de unas instituciones públicas consistentes y una clase política que busque el bien común y posponga intereses particulares. Un tercer desafío es el papel de la amplia, diversa y difusa sociedad civil en el posconflicto. El cuarto es la definición y aplicación de la justicia transicional; mientras que el quinto es el costo financiero del posconflicto.

Un último desafío supone desatar el “nudo gordiano” de la propiedad, concentración y uso de la tierra y de los patrimonios naturales. A este nivel, el autor explica que, a pesar de la clara conceptualización propuesta por el Gobierno sobre la necesidad de que la paz tiene que pasar por una verdadera transformación de las zonas rurales, existe una alta contradicción con las acciones que está impulsando. “Un claro ejemplo es el actual debate sobre el proyecto de ‘Ley de Tierras’ o como popularmente se le conoce: ‘ley de baldíos’ (…) un nuevo intento de legalizar por métodos irregulares el reparto concentrado en pocas manos de los baldíos, tierras del Estado destinadas a los campesinos pobres”. Ocurre igual con la “locomotora minera”: “según se especula, en el próximo plan de desarrollo del Gobierno la política minero-energética se va a profundizar a favor del crecimiento económico pero en contra de un desarrollo humano integral y sostenible que necesitan las regiones directamente implicadas y, en general, el país”.

Contradicciones y ambigüedades

Estas contradicciones y ambigüedades son puestas de manifiesto en otros artículos de la revista. Catalina Serrano y Tatiana Cuenca se preguntan si verdaderamente el camino hacia la paz pasa por una incursión agresiva en el extractivismo. En su artículo plantean cómo, ante la polémica que ha desatado el problema del fracking en el país, la posición del Gobierno ha sido argumentar que la extracción de las riquezas naturales y la utilización de recursos del subsuelo a partir del fracturamiento hidráulico son necesarios para el país, ya que ellos permitirían generar recursos económicos para asumir medidas de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado interno en el escenario de transición hacia la paz.

Por su parte, Pablo Andrés Durán se pregunta: “¿cómo construir paz si, al mismo tiempo que se reconoce en las zonas de reserva campesina (ZNC) una de las principales herramientas para que los campesinos pobres estabilicen y formalicen su propiedad, se impulsa un modelo de desarrollo rural que pone el énfasis en la productividad agroindustrial y la explotación del campo por compañías multinacionales?”.

Según deja ver la investigación del autor, la discusión sobre las zonas de reserva campesina es “un tema de una importancia trascendental para la construcción de la paz en Colombia”. Se trata, a su parecer, de una figura que aportaría la solución de las causas estructurales que hacen posible el surgimiento de la confrontación violenta, a la mediación comunitaria de los conflictos locales y a la construcción de la paz como un diálogo entre las iniciativas de la base y la dimensión nacional de ella. Sin embargo, como bien señala, “esta propuesta campesina de paz riñe con otras visiones de la paz territorial, cuyo énfasis está en la promoción de un modelo de desarrollo rural que en los primeros puntos de su agenda no inscribe el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la economía campesina, la agroecología y la sustentabilidad ambiental”.

Texto: VNC

Foto: lostivalepensante