JOSÉ LUIS SEGOVIA (PROFESOR DEL MASTER DE PASTORAL DE MIGRACIONES DEL INSTITUTO DE PASTORAL UPSA) | La nota conjunta emitida por la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, Cáritas y Justicia y Paz es rigurosa, oportuna, objetiva, medida y clara. Es fruto del deber de la Iglesia de iluminar la realidad cuando lo exija la salvaguarda de los derechos humanos (cf. GS 76)
Las malas prácticas policiales en la Frontera Sur de Europa, puestas reiteradamente de manifiesto por la Comisión Europea, el Comité de Derechos Humanos, más de un centenar de ONG que han pedido la intervención del Consejo General del Poder Judicial (“puenteado” por la reforma que se pretende, “colando” chapuceramente por la puerta de atrás en la Ley de Seguridad Ciudadana una cuestión de fronteras), Migreurop, numerosos profesores universitarios de Derecho, incluso la asociación mayoritaria de Guardias Civiles en Mellilla, reclaman que las expulsiones de personas en situación irregular se hagan con seguridad jurídica, respetando los procedimientos señalados por la legislación internacional, protegiendo cuidadosamente los derechos humanos y, en particular, la asistencia letrada, la protección internacional y el refugio.
Las leyes de extranjería, aun siendo fuertemente exclusógenas, no amparan tratar a las personas como fardos, ni eludir la asistencia jurídica más elemental, ni ignorar la condición humana de las víctimas de la desigualdad global. En una ejemplar acción conjunta, varias instancias de la Iglesia no han pretendido dar una lección a nadie, sino simplemente alzar la voz ante atropellos que dejan en mal lugar los valores de una sociedad democrática y obligan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a actuar al margen de la legalidad y, en muchos casos, contra su conciencia.
El Sr. Ministro del Interior, que acaba de condecorar a la Virgen del Pilar, sabe que la aconfesionalidad del Estado que invoca no supone que la Iglesia no pueda libremente dar su parecer cuando se encuentren en juego los derechos de las personas que sufren a consecuencia de malas prácticas gubernamentales.
Particularmente acertada resulta la convocatoria a la que alude la citada nota para que España lidere en Europa un proceso de implicación de todo el conjunto de la Unión Europea y que se traduzca en mayor cooperación internacional, superación del estrabismo ético de las políticas europeas en materia de extranjería y que, cuando el desplazamiento resulte inevitable, las leyes de extranjería protejan la situación de extremada vulnerabilidad en que se hallan los migrantes, promoviendo valores como la solidaridad, la hospitalidad y la cultura de la inclusión social.
En el nº 2.921 de Vida Nueva
