En España ya hay casi 12 millones de excluidos

El VII Informe FOESSA muestra que el modelo social y económico vigente ha propiciado una “generación expulsada” e “hipotecada”

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Aunando denuncia y una llamada enérgica a que las cosas pueden cambiar, el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 –el anterior fue publicado en 2008, aunque cada año se presentan estudios parciales–, elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas Española, arroja datos dramáticos. El principal: hasta 11.746.000 personas, el 25% del conjunto de la población, padecen exclusión en nuestro país. De ellas, cinco millones la sufren de un modo severo.

NOTAS AL PIE: Notas al pie -1 noviembre

El Informe, elaborado por 91 investigadores de 30 universidades, tras recabar datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y más de 8.800 encuestas propias, fue presentado en Madrid el pasado 28 de octubre por su coordinador, Francisco Lorenzo, y por Sebastián Mora, secretario general de Cáritas. En su minucioso análisis, que se extiende a lo largo de casi 700 páginas, se detallan más aspectos para la urgente reflexión, como que el porcentaje de hogares afectados a la vez por la escasez material y económica ha aumentado en casi un 50%, que solo un 34,3% de la población está en situación de integración plena (por más del 50% que se registraba en 2007) o que –y esto resulta muy significativo– dos de cada tres de los ciudadanos excluidos actualmente ya padecían complicaciones serias en el año 2007, antes del inicio de la crisis.

A un nivel más específico, FOESSA desglosa el perfil de los excluidos según el área de cuyos beneficios se ven privados: un 77,1% la padecen en el empleo, un 61,7% en la vivienda y un 46% en la salud. Por edades, la juventud resulta especialmente afectada, al punto de que se habla de una “generación hipotecada”. Así, el 35% de los jóvenes viven en hogares excluidos y el 27% de los que están desocupados tampoco acceden al sistema educativo. Algo parecido acontece con los ancianos, “que han pasado de ser cuidados a reforzar su papel como cuidadores”, atendiendo a los nietos mientras sus padres pasan gran parte del día en el trabajo.

Lo que tampoco garantiza bienestar en las familias, pues se aprecia que, pese a contar con un empleo, “la tasa de trabajadores pobres se ha mantenido antes y después de la crisis entre el 15% y el 20% de la población asalariada”. Y es que, en contra de lo que se pudiera pensar, “el trabajo ha dejado de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal”. Una dura realidad que, de hecho, permite hablar ya de “una generación expulsada de trabajadores para los que ha mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores”.

En el caso de la infancia, se constata que las familias más ahogadas son aquellas con un mayor número de hijos. En este sentido, se lamenta un descenso de la tasa de natalidad que está “poniendo en riesgo el modelo social”, pues se entra en “una dinámica demográfica negativa” que podría cuestionar de un modo inexorable la propia sostenibilidad del país.

Respecto al trato a los inmigrantes, el Informe se muestra muy crítico: “El modelo vigente resulta rígido y atomizado. La gestión actual de los flujos migratorios implica una abusiva instrumentalización de seres humanos vulnerables, genera ineficiencias económicas claras, como la pérdida de ingresos fiscales por la proliferación de la economía sumergida vinculada a la falta de documentación, la explotación laboral de los trabajadores irregulares y, de rebote, empeorar las condiciones del resto, o la imposibilidad para los países menos adelantados de aprovechar las oportunidades de la globalización”. En definitiva, se trata de un modo de acción que refleja “el estrabismo ético que caracteriza las políticas migratorias de la UE”.

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En el nº 2.915 de Vida Nueva.