Los obispos de este estado mexicano denuncian la desaparición de 43 jóvenes en Iguala y la actuación policial en el caso
JOSÉ LUIS CELADA | El municipio mexicano de Iguala, en el estado de Guerrero, se ha convertido en el epicentro del país tras la desaparición de 43 estudiantes, a finales de septiembre, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Por las mismas fechas, fuerzas policiales protagonizaron violentos enfrentamientos con jóvenes en los que murieron tres alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros tres chicos más como resultado del ataque a un autobús en el que viajaba un equipo de fútbol. Todo ello hace que, durante las últimas semanas, las familias estén viviendo “una dolorosa zozobra, al tiempo que se acumula enojo e indignación en la sociedad”, denunciaba días atrás la jerarquía católica local.
En un comunicado conjunto, los obispos de Tlapa, Ciudad Altamirano, Chilpancingo-Chilapa y Acapulco (diócesis ubicadas en el estado de Guerrero) entienden que lo sucedido en Iguala responde a la “grave situación social” que se vive en la zona, hasta el punto de que podría “desencadenar una crisis política”, advierten.
No es la primera vez que los prelados expresan su “preocupación por el alcance mortal de las acciones violentas del crimen organizado a lo largo y ancho del estado de Guerrero”, pero reconocen que la situación que se está viviendo ahora les causa “desconcierto”. Sobre todo, porque su llamamiento de hace un año, tras el devastador paso de los huracanes Ingrid y Manuel, parece haber caído en saco roto entre las autoridades locales.
Aquello fue “una verdadera prueba para el servicio público y un desafío para mantener una altura moral en los ámbitos del poder público”, recordaban entonces. “Un tiempo –añadían– en el que tienen que hacerse a un lado los intereses partidistas, o de grupos y personales…; un tiempo especialmente sensible y exigente para orientar todos los recursos públicos de manera transparente, evitando negocios de particulares y el manejo lucrativo de las acciones de gobierno…; un tiempo para dignificar el servicio público con un alto sentido humanitario y realizarlo con total transparencia y sin reservas”.
Sin embargo, a tenor de lo ocurrido recientemente, todo indica que estas recomendaciones episcopales se quedaron solo en eso. Lo cual no ha impedido que los pastores vuelvan a reprobar en su último mensaje “las acciones violentas en todas sus formas cometidas por cualquier persona o grupo”. Bien es cierto que, uniéndose al sentir de sus compatriotas, esta vez comparten la sorpresa y profunda “zozobra por la forma como los cuerpos policiacos se han comportado en este caso”. Y, al tiempo que manifiestan su dolor por los muertos y desaparecidos, reprueban “el comportamiento que tuvieron los cuerpos policiacos en este caso”.
Mermada la confianza en los responsables gubernamentales, ha llegado la hora de “buscar caminos para construir la paz en medio de un contexto de violencia que ha ido escalando en las últimas semanas”. Una construcción que, según los obispos de Guerrero, “es responsabilidad de todos y requiere un cambio de actitud, en el sentido de asumir la responsabilidad personal en relación a lo que sucede en la familia, en la comunidad y en la sociedad entera”. “No podemos esperar que nos traigan la paz de fuera ni de arriba”, recuerdan.
Protestas pacíficas
El pronunciamiento –que lleva la firma de Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Alejo Zavala Castro, obispo de Chilpancigo-Chilapa; Dagoberto Sosa Arriaga, obispo de Tlapa; y Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano– no solo invita a construir la ansiada paz en los lugares “donde se vive, trabaja o sirve”, sino que también insta a que, “en las movilizaciones que se hacen para protestar”, la gente lo haga de forma pacífica.
Finalmente, exigen a los funcionarios del Gobierno que sean “generosos y pongan sus capacidades y sus facultades legales al servicio de nuestros pueblos, que ya no soportan más tanto dolor producido por acciones violentas”. Y concluyen ofreciendo su colaboración en cuantas acciones “lleven a mejorar las condiciones de vida de los pueblos guerrerenses, condiciones que hagan posible la paz y la justicia”.
Mientras tanto, casi tres semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes, se suceden las manifestaciones por todo el país, algunas no exentas de episodios violentos, como el asalto y quema del Congreso de Guerrero a manos de compañeros de los desaparecidos. De quien también se desconoce el paradero es del alcalde y el jefe de la policía de Iguala.
En el nº 2.913 de Vida Nueva
