La Iglesia exige al Gobierno que proteja a los mineros en Puerto Maldonado (Perú)
Porque la vida vale más que el oro [ver extracto]
JOSÉ LUIS FRANCO (INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LIMA) | Perú es un país abundante en recursos mineros, pero esta riqueza, lejos de traducirse en el ansiado progreso, se ha convertido en fuente de conflictos sociales. Clara muestra de ello es lo que viene ocurriendo en Puerto Maldonado, capital del Departamento de Madre de Dios, un lugar del sureste del país, en la Amazonía, famoso no solo por su clima tropical y la diversidad cultural, sino también por la presencia de la extracción de oro artesanal e ilegal.
Lo que empezó hace varias décadas como una explotación a pequeña escala, se ha transformado en una fiebre de oro que, además de causar un grave daño ambiental, se manifiesta a través de la trata de niñas y niños para la prostitución y la actividad minera.
Un panorama regional que se ha desbordado y que ha llevado al Gobierno a aplicar, desde 2012, una serie de medidas en contra de la minería ilegal a través de decretos legislativos que, lamentablemente, carecen de un adecuado criterio técnico, social y político, pues afectan igualmente a justos y a pecadores: a los mineros ilegales, a los que de buena fe quieren legalizarse y a la población pobre de los alrededores, que nada tiene que ver con el problema. Estas medidas, en lugar de orientarse a la prevención de conflictos, han dado lugar a numerosas y tensas protestas sociales, cuyo obvio resultado han sido las intervenciones policiales, con altos saldos de violencia y vidas humanas.
Esta delicada situación estalló el pasado abril, cuando hubo incluso un paro minero de casi un mes de duración. Entonces, el Obispado (Vicariato Apostólico) de Puerto Maldonado emitió un pronunciamiento en el que clamó por que “reine la paz con justicia en Madre de Dios”. En el documento, además, se entraba en las profundidades del conflicto y, si bien se resaltaba la importancia de la minería en la generación de empleo, se denunciaba el auge mayoritario de los “mineros del oro”, porque “no han hecho hasta ahora ningún esfuerzo libre y voluntario para mitigar los efectos de esta actividad”. Así, se exigía al Ejecutivo reglamentar la formalización de la actividad minera, pero en forma realista y aplicable.
Desde entonces y hasta ahora, toda vez que la problemática continúa muy presente y la tensión no ha amainado, la palabra de diversos religiosos de la zona se ha hecho sentir con fuerza. Juan Carlos Ancajima, dominico, es uno de ellos:
Se dice que el Gobierno central quiere formalizar la situación de los mineros, pero este no pone los medios y los mecanismos necesarios para que los mineros puedan regular su situación. Hay muchas trabas, documentos que no se consiguen y trámites que no llegan a realizarse. Se cree por eso que lo que busca el Ejecutivo es alejar a los pobladores de la minería ilegal a toda costa para implantar una minería a gran escala, con empresas grandes, y darles también concesiones en tierras para la explotación de otros minerales, como ocurrió ya con las concesiones para la explotación de la madera.
En opinión de Xavier Arbex, sacerdote diocesano a cargo de la parroquia San Vicente de Paúl, esta es una:
Estrategia de guerra para eliminar la minería de Madre de Dios, donde el Gobierno ha usado mentiras, engaños y atropellos. Esto es un error, porque antes de amputar hay que intentar sanar.
Por ello, le preocupa y se pregunta qué pasará ahora:
Lo que va a venir puede ser una retirada silenciosa de los mineros o, por el contrario, una secuela de acciones violentas, desesperadas, de incendios y desmanes que, evidentemente, provocarán el estado de emergencia y la supresión de las garantías individuales.
Denuncia ante el Congreso
Hace unas semanas, el propio obispo de Puerto Maldonado, Francisco González Hernández, y el religioso dominico Pablo Zabala Martínez, encargado de la parroquia de Villa Boca Colorado, llegaron al Congreso de la República para pedir al Gobierno que cese los operativos de interdicción que generan destrucción y caos. Expresó el prelado:
Pablo Zabala Martínez.
Vengo a denunciar lo que ocurre, para que esto no se dé más. Estamos ante un Estado que está sometiendo a terror y acoso a una población que hoy está inerte, sin patrimonio, sin nada, temerosa y controlada en todo lugar. En nombre de Dios, no siga con esto; no solo va destrozar al Estado, sino a su Gobierno.
Por su parte, Zabala Martínez expuso en esa misma línea lo que estas intervenciones ocasionan:
Madre de Dios, departamento que nació con gente venida de fuera, ha sido siempre acogedor. Ha ido creciendo económicamente; no había mendicidad. La riqueza se dispersaba a todo el territorio patrio. De fuera venía todo: material de construcción, maquinaria e insumos de minería, alimentos, vestido y calzado. Empobrecer Madre de Dios es empobrecer al país. Por eso ruego a sus señorías que reflexionen con calma, pues se puede ocasionar una fuerte reacción del pueblo humillado y hambriento, lo que no conviene a nadie.
Y es que el religioso señala sin tapujos dónde nace esta espiral de violencia:
Los militares están arrasando con todo, como si fueran dueños de la vida y la hacienda. Se está satanizando a todos los mineros, sin valorar los intentos de muchos pequeños mineros por formalizarse. Hay que cambiar la política de agresión por inversión y colaboración.
Dispuesto a jugarse la vida
Otra de las voces representativas de la comunidad cristiana local que más se han significado a la hora de hablar de “explotación” es la de la religiosa dominica Pamela Elisa Robles, que expone un caso concreto que refleja esta:
Es un joven conocido que, a sus 26 años, está a la espera de su cuarto hijo y que dice trabajar en la mina desde que tenía 12. Él me dice: ‘Conozco la región como la palma de mi mano, he trabajado la madera, sé buscar oro… Y ahora estoy endeudado y sé que, si busco trabajo en la minería, encuentro’. Así, a pesar del embarazo de su esposa, este joven, que reconoce que ha visto morir a mucha gente en esta actividad, está dispuesto a ello por lo fácil que le sería ganar dinero. Me ha dejado impresionada, porque sigo preguntándome si vale la pena jugarse la vida así…
Y es ahí cuando, de la incomprensión, la religiosa pasa a la indignación:
¿Acaso no existirá autoridad o alguien que termine con esto? ¿De verdad tan poco puede valer la vida de las personas? ¿Nadie dice nada por temor, complicidad o por no buscarse más problemas? Si en nuestro país se crearan más oportunidades de trabajo digno, se mejoraran los sistemas de registro, permitiendo que cada persona nacida obtuviera inmediatamente su DNI en cualquier punto del territorio, con las mismas facilidades que alguien que vive en Lima, las mismas oportunidades de estudio… A veces me pregunto si es verdad que estamos en el siglo XXI o es que, en algunos países, nos quedamos en la Prehistoria.
Un desafío desde la fe
Pese a los muchos impedimentos, Pamela Elisa Robles pide no perder la esperanza y que sean muchos más, también desde de la Iglesia, los que exijan justicia a las autoridades: “Hay que seguir buscando el camino donde reine la verdad, defendiendo la justicia, la paz y el cuidado de la Creación. Además, creo que, como Vida Consagrada en Puerto Maldonado, debemos tener una palabra frente a lo que acontece. El desafío es estar unidos, dialogar, reflexionar y anunciar. Debemos acompañar el trabajo de nuestro obispo; yo le he visto hablar al pueblo y veo en él a una persona con convicción, que se compadece de los sufrimientos de su gente y se apasiona en la defensa del más débil. Siento que estamos desafiados como Iglesia y la respuesta debe ser el respeto a la vida en todas sus dimensiones”.
“Porque, aunque no tenga una solución práctica, la dominica está convencida de que, “quizá, los pasos a dar sean crear y extender redes con instituciones interesadas en el tema, o que aquellos que han estudiado la problemática nos puedan ayudar. Sea como sea, hay que unir fuerzas y compartir resultados y experiencias que sirvan para ir trazando juntos el camino”.
En el nº 2.911 de Vida Nueva
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