Comienza un nuevo curso escolar marcado por la implantación de la LOMCE, dificultade de la escuela concertada y la crisis
- EDITORIAL: Educación: una cuestión sin resolver
- TRIBUNA: Nuevo curso, eterno retorno, por Luis Fernando Vílchez
Vuelta al cole: Nueva ley, viejos problemas [ver extracto]
FRAN OTERO | Ya ha comenzado un nuevo curso, el 2014-2015. Pero no será un curso cualquiera, sino el del comienzo de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que constituye la séptima reforma educativa de la democracia en España y la segunda impulsada por el Partido Popular tras la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que no llegó a ponerse en marcha tras ser derogada por José Luis Rodríguez Zapatero al acceder al Gobierno en 2004.
En total, 30 años sin apenas consenso entre las fuerzas políticas en una cuestión capital para el futuro de un país y que han supuesto un lastre, tal y como reflejan numerosos informes internacionales. Uno de los últimos de los que hemos tenido conocimiento es el que acaba de publicar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que arroja cifras preocupantes, como la de los 1,7 millones de jóvenes españoles que, cerca de cumplir 30 años, no tienen trabajo ni estudian, los conocidos como ni-ni.
O lo que es lo mismo, un 31% de los jóvenes entre 15 y 29, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (15%). Otro de los lastres del sistema español es que un mayor nivel educativo no garantiza la empleabilidad, de modo que esta barrera de protección frente al desempleo es mucho más débil en nuestro país. De hecho, según el informe, una persona con estudios superiores tiene en España un 55% de posibilidades de estar empleado, frente al 63% del conjunto de países de la OCDE.
Si bien es cierto que, en materia de inversión, España está por encima de la media, el informe pone de manifiesto que hay todavía mucho terreno por recorrer para alcanzar los niveles “de competencia y formación” de otros países. Es esta una de las razones que ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a plantear esta ley que, aunque en su programa electoral, ha visto la luz sin apoyos fuera de la mayoría absoluta popular, y que se ha traducido en el compromiso de todos lo grupos del Congreso de los Diputados –a excepción de UPyD, UPN y Foro Asturias– de derogarla en cuanto les sea posible. Un rechazo al que se han sumado las comunidades autónomas que no gobierna el PP –Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias–, que presentaron en su momento recursos ante el Tribunal Constitucional.
Este año, la legislación promovida por el ministro José Ignacio Wert se implantará en los cursos impares de la Educación Primaria, y, además, iniciará una nueva modalidad de Formación Profesional Básica, que pretende reducir las tasas de abandono escolar temprano, una tasa que en los primeros meses de 2014 se situaba en el 22,7%, la peor de la Unión Europea y el doble de la media (11%). Entre las novedades que se pondrán en marcha en la Educación Primaria, destacan el aumento de horas de las asignaturas básicas, así como la división en Conocimiento del Medio en Ciencias Sociales y Naturales y la nueva alternativa a la Religión. También se incorporan pruebas de evaluación externas, lo que se ha dado en llamar reválidas.
Novedades a las que hay que sumar viejos problemas: la situación económica, que afecta tanto a las administraciones públicas como a las familias, o la precipitada implantación de la norma, cuyo desarrollo se ha realizado a marchas forzadas y sin apenas tiempo para la adaptación del profesorado o de los materiales.
José María Alvira Duplá.
José María Alvira Duplá, secretario general de Escuelas Católicas, que agrupa a la mayor parte de los centros concertados de nuestro país, sigue con atención este nuevo inicio de curso, que define como “tranquilo”, sin muchas novedades en la forma de trabajar, aunque se esté implantando la LOMCE en los cursos correspondientes.
Lamenta que la distribución de las horas en cada comunidad autónoma siga siendo distinta, así como “la precipitada implantación”, que no ha permitido disfrutar del tiempo suficiente para la preparación del profesorado. En cualquier caso, reconoce que esta circunstancia no influye de manera decisiva en las clases. Subraya:
Aunque solo afecte a tres cursos este año, la implantación se ha hecho en un tiempo muy justo. Esperamos que el año que viene tengamos más. La única explicación que se le puede dar a esto es exclusivamente política, pues entendemos que el Gobierno quiere poner en marcha esta nueva legislación lo antes posible, de manera que no le suceda lo mismo que con la LOCE. En este sentido, pediría a los políticos que respeten la dinámica interna de los centros.
Ante la puesta en marcha de la Formación Profesional Básica, Alvira recalcó la importancia de favorecer y prestigiar este tipo de educación, que puede ser una buena vía para encontrar empleo. Por eso lamenta que en Madrid se hayan suprimido conciertos, lo cual “no favorece el valorar como se merece” la FP.
Luis Carbonel.
Luis Carbonel, presidente de Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA), constata la premura con la que se ha puesto en marcha la nueva ley, y lamenta que en España sea tan difícil lograr un pacto estable sobre educación, aunque cree que “la LOMCE, de la que esperaba mucho más, es una ley bastante mejor que las anteriores”. Aounta:
Pone en valor la cuestión del esfuerzo, de alumnos y profesores, mientras que al plantear pruebas objetivas y externas, va a homologar el nivel de conocimiento de todo el país, pues cada comunidad autónoma hace lo que quiere, y va a permitir detectar distintos problemas en el aprendizaje. Es un avance importante. Para que exista la calidad, tiene que haber evaluación.
Crisis y familias
Una de las cuestiones que más preocupa a Luis Carbonel es la situación de las familias por la crisis económica y el desempleo, que afecta por ende a la educación de los hijos. Denuncia que:
Las familias tienen que hacer un gran desembolso a principio de curso, lo que supone un sacrificio muy difícil y que se está solucionando con la solidaridad de organizaciones de padres o de Cáritas, cuando es un problema que deberían resolver las administraciones.
En representación de un gran número de familias, aboga por nuevos modelos que limiten el gasto, pues, en su opinión, “esta situación se va a repetir el próximo curso”.
José María Alvira, por su parte, reconoce el esfuerzo que están haciendo las familias, al tiempo que lamenta que tengan dificultades para pagar algunos servicios, al no contar con subvención pública: por ejemplo, el comedor de los centros concertados. Del mismo modo, lamenta que el Bachillerato no esté concertado en muchos de los centros a los que representa, pues las familias que desean que sus hijos realicen esa etapa en el colegio no pueden asumir su coste.
De hecho, una plataforma online de ahorro, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), concluía que la vuelta al cole de este año será la más cara desde 2007, estimando el gasto medio en 838 euros: 560 euros en la escuela pública, 780 en la concertada y 1.175 en la privada. Cifras que, si tenemos en cuenta todo el año, ascienden hasta los 1.900 euros anuales por alumno en la escuela pública y 5.000 euros en la privada, según una encuesta de la OCU.
Ernesto Morales.
A los gastos afectan en gran medida la reducción de becas, que según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), refiriendo que son cifras provisionales, disminuyeron en 75 millones de euros el curso pasado, un 5% menos, aunque llegaron a más beneficiarios.
En este sentido, el presidente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), Ernesto Morales, afirma que:
La crisis sigue estando presente, porque las personas más débiles de la sociedad son las que la están notando, y son precisamente las que más necesitan una educación pública, gratuita y de calidad, que les ayude a recuperar su dignidad y su espacio en la sociedad.
En su opinión, “la educación pública no puede ni debe ser un negocio, sino un medio que debe ayudar a eliminar las barreras entre las distintas clases sociales”, y por ello piden a las administraciones públicas que apuesten “por una educación de las personas, que la desarrolle en todas sus facetas, y las ayude a ser activas en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.
Morales hace este llamamiento en un momento en el que considera que la educación pública atraviesa momentos difíciles, con el aumento del número de alumnos por profesor, con la citada reducción de becas o la subida de las tasas. “La educación debería ser de todos y todas, y cada vez está más marginada”, concluye.
Escuela concertada
Al igual que las familias y con ellas, la escuela concertada atraviesa por dificultades, sobre todo de tipo económico y que la LOMCE no ha resuelto. Una oportunidad perdida, como se ha dicho reiteradamente desde Escuelas Católicas, y que su secretario general repite a Vida Nueva:
Esperábamos que la LOMCE resolviera problemas antiguos, pero no ha supuesto ninguna novedad. Seguimos económicamente como hasta ahora, sobreviviendo, en especial, en aquellas comunidades autónomas que acumulan más retrasos en los pagos.
De hecho, algunos centros estuvieron, el curso pasado, al borde del cierre por los retrasos de la administración, aunque las entidades titulares lo evitaron con sus propios recursos. Por ello, recuerda que es algo que “tiene un límite”.
Todo ello con las solicitudes prácticamente intactas. “Sigue habiendo demanda”, apunta Alvira, que reconoce una bajada de alumnos provocada por la baja natalidad y por el regreso de inmigrantes a sus países de origen.
Carbonel comparte la percepción de Escuelas Católicas y cree que el ministro “no se atrevió” a afrontar la cuestión de la dotación económica de los centros concertados, “a no distinguir entre públicos y concertados, y otorgar a todos el mismo trato”. “Una vez más, hay una postergación de la escuela concertada que es injusta e inmoral, como lo es que se trate peor a las familias que deciden estudiar en la concertada”, apunta. Y recuerda que “muchas familias no se pueden permitir el Bachillerato en la concertada porque tienen que pagar, cuando en la pública no se paga”.
Lo cierto es que, pese a las dificultades económica, España está por encima de la media de gasto en educación de la OCDE y, sin embargo, lejos del rendimiento y resultados. “Para que haya una buena educación –afirma Alvira–, tiene que haber inversión, y suficiente, pero no es el único factor. Existen otros factores, como el buen aprovechamiento de los recursos, la preparación y dedicación del profesorado, la existencia de un proyecto educativo que dé sentido de unidad y coherencia en un centro. Se comete un error al pensar que, a mayor gasto, habrá mejores resultados, y con esto no digo que haya que disminuir la inversión”.
Para el presidente de CONCAPA, “no estamos enseñando competencias; mucha teoría y poca práctica”. “Me parece muy positivo que se incluya en las aulas asignaturas como Programación o Educación financiera, siempre junto con el refuerzo de las matemáticas y la lengua. Otro factor importante es la necesidad de homogeneizar los contenidos en todas las comunidades autónomas”, añade.
Aunque Escuelas Católicas tiene su principal ocupación en dar soporte y apoyo a los centros educativos, Alvira afirma que van a seguir muy de cerca el desarrollo normativo de la LOMCE, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, y anuncia que continuarán reclamando que “se haga un estudio real del coste de la plaza escolar para que los módulos de conciertos se vayan adecuando a ellos”.
Los recortes continúan
El pasado lunes 15 de septiembre, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta del informe Datos y Cifras. Curso escolar 2014-2015, en el que queda de manifiesto que el Gobierno sigue aplicando su política de recortes. Aunque la inversión en educación se incrementa para el curso que comienza (0,1%), su relación porcentual con el PIB disminuye del 4,46 al 4,39%. Una partida que, en su mayoría, se utiliza para afrontar los gastos de personal (64,1%), aunque el 11,8% que se dedica a conciertos y subvenciones también se destina a pagar a la misma cuestión. Partida en la que se incluyen los docentes, que en el curso que terminó en junio ascendían a 670.778, con un pequeño aumento con respecto al curso anterior.
Además, según datos del propio Ministerio de Educación, las becas se redujeron el curso pasado en 75 millones de euros, en torno a un 5% menos que el anterior, aunque si se contabiliza por año natural y sin generar deuda alguna, el resultado es distinto. De este modo, como defiende el MEC en lo que parece ser ingeniería estadística, la cifra invertida en 2014 asciende a 1.465,8 millones de euros, siendo la más alta de la serie histórica, de los que un 65,3% está destinado a becas y ayudas universitarias, mientras que el 31,6% va para estudios posobligatorios no universitarios y el 26,6% para los niveles de infantil, enseñanza obligatoria y educación especial.
En total, y como se puede apreciar en los cuadros, el número total de alumnos no universitarios crece con respecto al año anterior en casi 58.000 hasta alcanzar los 8,1 millones. Llama la atención el aumento en más de 90.000 de los estudiantes de Formación Profesional (793.034), que supera al total de Bachillerato (705.231), y que se debe, sobre todo, al trasvase de alumnos de los Programas de Cualificación Profesional a la nueva Formación Profesional Básica.
Otro dato significativo es el descenso de alumnado extranjero, que ha pasado de 781.236 en el curso 2011-2012 a 731.167 el curso pasado.
Se repite la polémica con los libros de texto
Una de las polémicas más recurrentes e injusta, sujeta a la demagogia en cada inicio de curso, tiene que ver con los libros de texto, algo que se ha intensificado todavía más si tenemos en cuenta la aplicación de una nueva ley, con asignaturas y contenidos nuevos. Y es que, aunque el sentido común diga que si se reforma una ley, lo normal es que se cuente con materiales nuevos, como ha indicado el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, también es cierto que los gobiernos autonómicos pregonan que no es necesario cambiar los textos, más preocupados por las elecciones que se avecinan que por la educación.
Según explican desde la Asociación Nacional de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE), este año el precio de estos materiales se ha incrementado en un 0,8%, por debajo del 1,1% del año anterior. Una subida que se justifica por la “evolución negativa del mercado en los últimos años, lo que tiene una repercusión inmediata en la reducción de las tiradas y, consiguientemente, en el costo por ejemplar”. En cualquier caso, recuerdan que las editoriales españolas están realizando un importante esfuerzo inversor para adaptar los materiales a los nuevos currículos de la LOMCE, sin que ello haya supuesto un incremento significativo del precio de los libros.
Y es que el problema del desembolso que hacen las familias está en gran medida provocado por la reducción de las ayudas para la adquisición de libros y material didáctico, que ha pasado de 130 millones de euros en el curso 2011-2012 a 65 en el 2013-2014.
En su Informe anual de Evolución de los Precios de los Libros de Texto, ANELE reconoce que esta reducción de ayudas públicas incide directamente en el incremento del gasto familiar, que en relación a los libros de texto ha pasado de 121,56 euros a 91,15 por alumno de media en los últimos años. De hecho, apuntan que el descenso del volumen de libros adquiridos “no es ninguna buena noticia para la tan deseada calidad de la educación. Más si tenemos en cuenta que diversos estudios internacionales han establecido una correlación directa entre la existencia de libros en los hogares y los resultados de los alumnos en las evaluaciones como las de PISA”.
“Los libros de texto y demás materiales curriculares son el vehículo más eficaz y casi único para que las propuestas de una ley educativa lleguen a todos los profesores, a cuya información e incluso formación contribuyen de manera decisiva. A través de ellos, los profesores conocen en profundidad los nuevos currículos y las nuevas propuestas didácticas. Eso, sin tener en cuenta los cambios sociales, culturales y científicos, así como didácticos y pedagógicos, que los libros deben ir recogiendo con regularidad, para evitar su obsolescencia”, concluye ANELE en el citado informe.
En el nº 2.909 de Vida Nueva
