Un motivo para la esperanza de los jóvenes, tras la implantación de una LOMCE sin consenso, sería un gran pacto nacional
VIDA NUEVA | No es ningún descubrimiento decir que el futuro de un país está hoy en las aulas de colegios, centros formativos y universidades. El futuro está en la educación, tan vilipendiada y sujeta a disputas entre formaciones políticas con un quita y pon que suma ya siete cambios legislativos. El último, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el Gobierno del Partido Popular y que, una vez más, ha nacido sin consenso y sin resolver problemas fundamentales.
Aunque el objetivo de la nueva legislación es loable y algunas de sus medidas necesarias, también lo es que haberla aprobado con el solo apoyo del partido que sustenta el Gobierno hipoteca su continuidad en el tiempo. De hecho, casi todas las fuerzas políticas se han comprometido a derogarla en cuanto puedan. Una oportunidad perdida para, de una vez por todas, remar todos en la misma dirección en una cuestión capital. Esta circunstancia explica en cierta medida la premura del Ministerio de Educación, liderado por José Ignacio Wert, en su implantación, que ha provocado que se haya hecho de una manera precipitada, como denuncian en estas páginas Escuelas Católicas o los padres de los alumnos. Una oportunidad perdida, una vez más, para haber hecho una ley inmune a los vaivenes electorales, a la sana alternancia en el poder. Quizá este acuerdo debería ser una de las primeras medidas de la tan manoseada –tan solo de palabra– regeneración política.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Wert
Una ley que, además, no ha resuelto los problemas de la escuela concertada, que vive grandes dificultades económicas y que sobrevive, en gran medida, gracias a las aportaciones de las entidades titulares y donaciones voluntarias de los padres de los alumnos. No hay que olvidar la gran labor que la escuela concertada, y en concreto la católica, hace por la educación en este país, ahorrando al Estado miles de millones. Es sabido que una plaza en un centro concertado cuesta mucho menos que en uno público. Realmente, una discriminación para aquellos alumnos y padres que, amparados por la Constitución, deciden el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por ello, es más grave todavía que el Ministerio de Educación no haya abordado esta cuestión y haya realizado un estudio del coste de la plaza escolar, y equiparado la financiación entre públicos y concertados. Pues no se trata de enfrentar dos modelos, sino de que ambos sumen en favor del futuro de nuestros niños y jóvenes.
Un futuro bastante desmotivante si tenemos en cuenta los informes que hemos conocido en los últimos días y que reflejan el aumento de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y de aquellos que, teniendo estudios superiores, no tienen trabajo.
Un buen motivo para la esperanza sería un gran pacto por la educación, donde convergiesen administraciones, partidos políticos, padres, alumnos, profesores… Un pacto que apueste por la calidad de la educación y se preocupe por que nadie quede fuere del sistema, donde haya oportunidades para todos, sobre todo, cuando vivimos una larguísima crisis económica, que no debiera ser determinante para que nadie quede excluido. Es tarea de todos.
En el nº 2.909 de Vida Nueva
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