La sociedad se ha levantado para dar opciones frente a tanta violencia
Constructores de paz en una cultura del odio [ver extracto]
FELIPE MONROY | La han llamado ‘narcocultura’, aunque en ocasiones no esté relacionada con drogas ni estupefacientes, pero sí con los elementos que les dan valor: violencia, crimen, dinero, coerción, armas y una cierta idealización del estilo de vida gansteril.
Germinó en los barrios urbanos marginales, donde lo más alto de los bienes necesarios y suntuosos están a la vista y, al mismo tiempo, son inaccesibles para la mayoría. Mientras los analistas políticos aseguran que creció alimentada por la corrupción y la impunidad, los analistas religiosos aseguran que es fruto de la tentación del dinero fácil. El hecho es que la búsqueda por amasar fortunas, lograr el éxito y obtener poder por la vía del crimen ha carcomido el sentido común: vale la pena morir por ello.
- Consolación y esperanza en comunidades colapsadas (solo suscriptores)
Un sacerdote bendice un ataúd de jóvenes asesinados.
Es una cultura autófaga que, a semejanza de la serpiente que devora su cola, es cíclica, creciente y aparentemente interminable. Del 2006 al 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de extracción panista (del Partido de Acción Nacional), fuentes federales declararon unas 70.000 muertes violentas producto de enfrentamientos entre las autoridades policiales y las células criminales en el país.
En el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, priista (del Partido Revolucionario Institucional), los operativos anticrimen han dejado un saldo de 17.000 muertes, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ambos casos, especialistas y colectivos de defensoría de derechos humanos, han afirmado que las cifras son menores a la realidad.
La guerra pasó de los callejones y los terrenos despoblados a las plazas públicas, a las vialidades y a las comunidades. Para la historia han quedado acontecimientos como los narcomensajes o narcomantas inauguradas por la Familia Michoacana en 2006; los nueve cadáveres colgados en el puente de Monterrey-Nuevo Laredo en 2012; la masacre de Villas de Salvárcar, cuando un comando armado asesinó a 17 jóvenes que celebraban una fiesta en Ciudad Juárez, Chihuahua; el atentado con dos granadas de fragmentación durante los festejos patrios en Morelia, Michoacán, en 2008; o el descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en 2011.
Estas situaciones han exigido respuesta por parte de las autoridades, pero también incentivaron a la movilización social, que no solo reclamó más seguridad (como el caso de las defensas comunitarias), sino su papel protagónico en la construcción de la paz en una cultura casi ajena a ese concepto.
Así lo hizo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que logró convocar a grupos, colectivos, organizaciones e instituciones de diverso origen para buscar respuestas, en lo local y en lo federal, que dieran cauce a sus proyectos de justicia y paz. Organismos como Acapulco por la Paz, Artistas por la Paz, Bordados por la Paz, Ciudadanía por la Paz y Justicia en México, Dónde están, El Grito Más Fuerte, EmergenciaMx, Iglesias por la Paz, Nuestra Aparente Rendición, Servicio Paz y Justicia, Sinaloa por la Paz o Voces por la Paz, colocaron los testimonios de víctimas y familiares en el centro del debate nacional.
Poemas contra amenazas
El escritor Javier Sicilia, en un acto con el obispo Raúl Vera.
En el 2010, los obispos de México signaron la carta pastoral Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga Vida Digna [ver íntegra]; entre los trabajos a los que se alentaba a la población estaba el de ser partícipes en la construcción de la paz: “Tenemos la tarea de ser constructores de la paz en los lugares donde vivimos y trabajamos, esto implica vigilar que las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia y ofrecer el servicio de ser testigos en la convivencia humana, del respeto al orden establecido por Dios, que es condición para que se establezca en la tierra la paz”.
Cuando empezaron a dejar las primeras narcomantas [pancartas con amenazas de muerte], por cada, una nosotras poníamos una poemanta”, relata Linda Flores, defensora de derechos humanos que participa en el colectivo Por un Chihuahua Libre y Sin Temor, y que desde esta organización convoca a diferentes acciones para visibilizar la violencia a la que se ha acostumbrado la sociedad, así como propuestas para enmendarla:
Somos un grupo de tres personas de base; nuestra plataforma de acción es la vinculación entre el arte y los derechos humanos, y desde ahí aportamos. Por ejemplo, empezamos a recuperar el espacio público haciendo clases de salsa, yoga y recorridos en bicicleta; también organizamos conferencias con especialistas en diferentes temas y en esos espacios difundimos materiales de derechos humanos. Desde el año pasado empezamos una campaña que difunde información sobre la trata de personas.
Para este colectivo, la búsqueda de paz implica cultura y equidad:
Tenemos una campaña para erradicar estereotipos de género. Se llama Barbie estás acabada y difundimos material informativo sobre los estereotipos y cómo nos dañan. A finales del año pasado lanzamos otra, Andamos buscando amantes, amantes de los derechos humanos de las mujeres, a la que se sumaron muchos hombres, y el resultad ha sido muy bueno, sobre todo para hablar del respeto al cuerpo de las mujeres, las niñas y los niños.
El colectivo nació en el 2010 como respuesta al asesinato de los jóvenes en Villas de Salvárcar.
Cuando salimos nos ganó la indignación más que la planeación y, desde entonces, hemos conocido familias de desaparecidos y asesinadas; así que, si nos lo piden, procuramos dar acompañamiento solidario, emocional y espiritual; u organizamos distintas actividades para que se ayuden económicamente.
Como parte de la recuperación de espacios y de la confianza en medio de la incertidumbre, el grupo organiza ciclos de cine-debate, momentos de lectura de poesía o exposiciones de fotografía:
Nosotras no recibimos ningún ingreso, todo sale de nuestros trabajos. Ciertamente, nunca decimos abiertamente que somos católicas, pero nuestras acciones son desde lo que como cristianas hemos aprendido; después de todo, Jesucristo fue el primer defensor de los derechos humanos y del amor al prójimo.
Linda Flores relata que Por un Chihuahua Libre y Sin Temor es un grupo autónomo, aunque en ocasiones respalda en solidaridad a otros colectivos y organizaciones:
No nos formamos en ningún grupo ya establecido. Salimos en el 2010 porque asesinaron a jóvenes de Juárez y nosotras no veíamos respuesta de ninguna instancia que pudiera hacer algo. Estaban asesinado a nuestra gente, secuestrando a quienes trabajamos y ganábamos poco. Había –y aún sigue habiendo– desempleo y un total desapego al respeto a la vida. Así que, sin pensarlo mucho, convocamos a una marcha y salió ciudadanía de a pie que no militaba ni con ONG ni con partidos. Así empezamos y decidimos que serían con acciones propositivas con las que acompañaríamos a la gente. Y aquí seguimos.
La situación en Chihuahua llegó a un punto álgido en 2011. El Gobierno federal implementó la estrategia Todos somos Juárez, que desde entonces intenta atender de manera integral la crisis social mediante aportaciones del erario público y la vinculación con organizaciones civiles.
Por los ausentes
En el Estado de Morelos, las noticias de secuestros publicadas en los diarios podrían contarse por kilos; sin embargo, fue el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del connotado escritor Javier Sicilia Zardáin, en marzo del 2011, lo que despertó la creciente indignación entre la población mexicana de un modelo de seguridad en el país que no estaba dando resultados. El escritor lideró la más grande convocatoria de movimientos defensores de derechos humanos, colectivos de víctimas y organizaciones civiles a favor de la paz. Nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con la marcha iniciada en Morelos y culminada en El Zócalo de la Ciudad de México.
Sin embargo, la violencia y los secuestros aún no paran. A finales del 2013, la entonces portavoz del gabinete de Seguridad y Justicia, Jacaranda Mojica, reconoció una alza del 80% en el número de secuestros en el Estado, al contabilizar 135 casos en menos de un año. Con sus desaparecidos, secuestrados o asesinados, el vacío en los familiares de las víctimas se ha manifestado en marchas constantes que exigen paz. La más reciente estuvo encabezada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien declaró su indignación por la cantidad de secuestros.
Tan solo en la visita pastoral realizada a Tlaltizapán, el obispo constató el testimonio de hasta 27 secuestros por mes. “Como pastor de esta familia diocesana –explicó el obispo en una circular–, siento una enorme preocupación por las problemáticas dolorosas e inéditas que cimbran la vida de cada uno de ustedes. No podemos cruzarnos de brazos mientras el sufrimiento ensombrece la paz y la armonía en las familias”.
En la marcha Damos grandes pasos por la paz, del 2 de marzo, la asociación civil Católicos por la Paz y la Familia reveló que hay 41 personas secuestradas, de las que, por cerca de una tercera parte, son los sacerdotes quienes interceden, a pesar de las amenazas, para que sean liberadas sin hacerles daño. El obispo Castro instruyó a la diócesis para que durante las misas de aquel domingo, los párrocos dieran a conocer los nombres de las personas retenidas, de las desaparecidas y de las amenazadas, así como de periodistas morelenses que trabajan bajo presión.
La diócesis morelense comenzó a aportar en la reconstrucción del tejido social desde tiempo atrás y ha instalado una comisión pastoral conformada por psicólogos y sacerdotes, quienes tendrán la misión de auxiliar en el dolor de las víctimas y de sus familiares. Por su parte, el sacerdote José Antonio Sandoval Tajonar conduce el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos y desarrolla, junto con las autoridades, instituciones públicas y comités de desarrollo comunitario, un Modelo de Intervención Comunitaria para la Prevención Social de la Violencia, que parte desde un diagnóstico participativo y busca la creación, formación y acompañamiento de comités de desarrollo comunitario, el fomento de una cultura de paz y la reconstrucción de la identidad, incidiendo en la estima comunitaria mediante formas alternativas de comunicación. Este modelo Comunidad Libre de Violencia ha sido compartido y se ha replicado en parte del Estado y en otras regiones del país.
Entre la balacera
‘Baleado’, ‘balaceado’, ‘rafagueado’ son palabras que si no nacieron en la Comarca Lagunera, sí hicieron global un lenguaje que hablaba de la vida cotidiana de esta zona metropolitana ubicada en los fértiles márgenes del río Nazas. A cada lado del río están las ciudades de Torreón (Coahuila) y de Gómez Palacio (Durango); y en ambas, las balaceras y los asesinatos arteros comenzaron a ser palabras obligadas en el idioma. En septiembre del 2009, nació Laguneros por la Paz, un colectivo de varios miembros de instituciones sociales en torno al cual se han sumado organizaciones civiles, asociaciones de colonos, artistas, escuelas, centros de derechos humanos e Iglesias. Ambas ciudades comparten índices de homicidio en promedio por mes de 4,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa hasta tres veces mayor que la media nacional.
En este contexto, la Iglesia católica también ha querido participar. En los meses de marzo y mayo tuvo lugar la segunda edición de un taller interdiocesano para la formación de agentes constructores de una cultura de paz. Ambas diócesis querían así “dar la cara a la realidad de violencia que hoy vive el país y ponernos al servicio de la sociedad participando, desde nuestro ámbito específico, en la educación para la paz”.
Los sacerdotes Juan Carlos Velázquez (Gómez Palacio) e Ignacio Mendoza Wong Sánchez (Torreón) presiden ese equipo interdiocesano y comentan: “Se diseñó un itinerario de trabajo orientado en tres direcciones: la creación de un observatorio regional de la violencia; la atención a las personas que han sufrido las consecuencias del clima de violencia; y el desarrollo y realización de programas de capacitación dirigido a agentes comprometidos en la formación de la cultura de la paz”. “En julio de 2013 –añaden– se realizó el primer taller y participaron 150 personas; con ellos se formaron equipos que, desde entonces, han venido replicando los mismos talleres en diversos espacios y lugares de la Comarca Lagunera, tanto de Durango como de Coahuila”.
El taller pretende animar a las personas, grupos e instituciones, sin importar su credo religioso u orientación política, a tomar conciencia de que la paz es asunto de todos y que no basta quejarse ante la situación que se vive, ya que las violencias y sus nefastas consecuencias anidan en el interior de cada persona.
Cuando la diócesis de Gómez Palacio nació –relata el sacerdote Arturo Macías Pedroza–, “fue dada a luz en un parto muy sonado y sonoro, que mezcló paradójicamente metralla y vivas esperanzadoras, estas más sonoras que aquella… Con la presteza e intrepidez que da la infancia, está planeando su futuro. La nueva época es el espacio vital de su desarrollo y quiere ser parte de ella, no como simple espectadora, sino como protagónica constructora de estructuras nuevas en este mundo que también es nuevo y que está por definirse”.
De toda esta obra de paz, conformada por muchas iniciativas pequeñas, débiles e incipientes, involuntariamente Macías Pedroza hace una síntesis: “Algunos, incluso de ella, quieren aprovecharse y amenazan para ella un futuro de pobreza, violencia, injusticia, corrupción e impunidad. Pero es precisamente eso lo que ella quiere derrotar. ¡Sintiéndose más bien amenazados por la fuerza renovadora y sanante de la aparentemente débil criatura!”.
En el nº 2.905 de Vida Nueva
