Persiste la violencia en Chocó

El Consejo Comunitario General del Baudó exige una respuesta urgente del Estado

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Existe el temor de que se repita un hecho como el de Bojayá

Hace algunos días, el Consejo Comunitario General del Baudó y sus Afluentes (Acaba) hizo un llamado al Estado colombiano, a través de un comunicado, exigiéndole poner a salvo la aldea ribereña de Chachajo, en Chocó. Enfrentamientos entre Los Urabeños y el ELN convirtieron a la población civil en un escudo humano al servicio de los paramilitares, al punto que existe el temor de que un hecho similar al que ocurrió en Bojayá hace doce años pueda tener lugar como consecuencia de lo que está pasando actualmente.

Tanto dirigentes de Acaba, como activistas de derechos humanos y miembros de la Diócesis de Quibdó prendieron las alarmas ante el comandante de la Fuerza de Tarea. “Infortunadamente, él no considera que haya una amenaza grave y se mantiene en la posición de que las fuerzas regulares tienen asegurada esa región”, aseguró el organismo mediante el comunicado.

No es la primera vez que se cuestiona la actuación del Ejército en la zona. En su momento, integrantes de la Diócesis de Istmina-Tadó también señalaron que mientras iniciaba el desplazamiento masivo de cerca de 2.500 personas hacia Catrú, en el Alto Baudó, hace dos meses, y grupos paramilitares merodeaban la región después de una serie de combates con agrupaciones guerrilleras, el Ejército aseguraba tener control sobre el territorio sin hacer acto de presencia en los municipios más poblados.

Evitar una tragedia

En una reciente columna de opinión, Jaime Arocha recuerda “el antibelicismo por el cual optaron las comunidades baudoseñas para oponerse a los asesinatos y destierros que ocasionó la chulavita durante los años de 1940 y 50”. En la misma línea, Acaba destaca en su comunicado el ambiente pacífico descrito por científicos sociales y naturales que desde mediados del decenio de 1980 recorrieron libremente la zona en respuesta al llamado de la organización. “En efecto, estudiosos de muy diversas universidades recorrieron ese valle desde San Francisco de Cugucho al extremo norte, hasta Pizarro, sobre la desembocadura del río en el Pacífico. Quedaron perplejos ante la eficacia de los mecanismos dialogales que la gente negra e indígena empleaba para resolver sus conflictos territoriales, económicos, sociales y políticos”.

Infortunadamente, según señala el comunicado, hacia 1994 una disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) irrumpió en el Baudó: “todos los disensos locales fueron objeto de represión violenta, de modo que para comienzos de 1995 nuestra organización ya registraba el asesinato de uno de sus dirigentes más connotados, Eman Palacios y los primeros desplazamientos forzados hacia Quibdó”.

El Consejo Comunitario General ha hecho un recuento histórico para explicar los orígenes de las confrontaciones que hoy tienen lugar en su territorio: “ante la desidia estatal con respecto al deterioro del orden público, políticos locales optaron por pedirle ayuda a otro grupo guerrillero, el Benkos Biojó, que le había sumado reivindicaciones raciales a su lucha de clases”. La victoria de esa guerrilla sobre el EPL legó “la falsa esperanza de que era posible apagar incendios con gasolina”. Como árbitros de los conflictos por tierras cuyo valor comenzaba a crecer en respuesta a la propagación de los cultivos de coca se invitó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas (FARIP) y luego a los paramilitares de Carlos Castaño, señala el comunidado.

“Entre más hoja se procesaba y más cocaína se exportaba, más glifosato caía sobre aguas de beber, plataneras y yucales. Esta presencia del Estado, excepcional, aislada e infortunada para la salud pública de afrobaudoseños e indígenas contribuía a escalar el conflicto armado, hasta llegar a la repartición del valle entre la banda de Los Rastrojos y el ELN, con Puerto Meluk como punto limítrofe entre las dos máquinas de guerra. Este aberrante equilibrio se rompió en 2013, cuando Los Urabeños ingresaron con la pretensión de expulsar a sus adversarios y monopolizar toda la zona”.

Tanto el desplazamiento masivo en el Alto Baudó (ver VNC 101, p. 14) como la actual situación que atraviesan los pobladores de Chachajo, confinados e incomunicados, son consecuencia de una historia susceptible de análisis. Ahora bien, como bien señala Jaime Arocha, al Estado le corresponde evitar una tragedia.

TEXTO: VNC. FOTOS: PAHO/WHO

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