Más de 2.600 pobladores del Alto Baudó fueron desplazados

Debido a enfrentamientos armados entre paramilitares y guerrilleros, ocurridos a inicios de mayo, más de 2.600 pobladores del Alto Baudó, pertenecientes a los pueblos embera chocoanos, se han visto obligados a desalojar sus territorios para trasladarse a la localidad de Catrú.

La parroquia de la región, que hace parte de la diócesis de Istmina-Tadó, ha servido como albergue durante las últimas semanas. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación empeora. Según informó a Vida Nueva el padre Jaime Zapata, director de la pastoral indígena, al hacinamiento y al hambre se suman problemas como el dengue, la diarrea y los brotes en la piel; afecciones que padecen, principalmente, las niñas y los niños desplazados. Se sabe, además, que la tuberculosis ya cobró la vida de una menor.

Si bien instituciones como la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Enlace de Víctimas Municipal se han hecho presentes para evaluar la gravedad de la situación, con los días las ayudas son cada vez más escasas. Se prevé que nuevas pérdidas humanas tendrán lugar de continuar así las cosas.

Un anciano murió por cuenta de una mina antipersonal cerca del lugar donde se presentaron los enfrentamientos. Por eso nadie quiere regresar a su tierra. De igual manera, la gente teme la presencia de nuevos grupos armados en la zona. A pesar de que el Ejército dijo que ya tenía control sobre la región, en días pasados se advirtió el accionar de una banda paramilitar.

En un informe elaborado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas se precisa que desde 2007 la población embera de estos territorios ha sido afectada por el conflicto entre grupos armados no estatales que se disputan el control territorial. El informe también señala que a finales de 2013 miembros del ELN y del grupo armado post-desmovilización Autodefensas Gaitanistas mantuvieron combates en la zona, causando un grave impacto humanitario en la población.

En estos momentos, la diócesis de Istmina-Tadó coordina acciones de cooperación y acompañamiento. Junto a dos religiosas dominicas, en el lugar se encuentra el misionero español Ixai Córdoba, quien en diálogo con Vida Nueva sostuvo: “aquí llueve sobre mojado, en un sitio donde hay pobreza y donde no tenemos nada, con todos estos desplazamientos se multiplican el dolor y los problemas”.

Evitar más choques

La Iglesia de la región emitió un comunicado urgiendo a las instituciones del Gobierno para que hagan presencia en la localidad de Catrú y presenten los servicios más urgentes a nivel de salud y acompañamiento psicosocial a las comunidades. En él se exige que se respete el territorio de las comunidades indígenas y su autonomía como pueblo.

El padre Jaime Zapata considera que, de ser preciso, la diócesis estaría dispuesta a establecer un diálogo pastoral con los actores armados. Lo anterior con la intención de que éstos “se den cuenta del mal que le están haciendo a las comunidades y puedan evitar el choque dentro de sus territorios con las consecuencias que estamos viendo”.

De igual modo, la diócesis  solicita a agencias internacionales como el sistema de Naciones Unidas que acompañe a estas comunidades con distintos programas. También hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que le haga seguimiento a los compromisos de los distintos entes estatales, con el fin de que cumplan las responsabilidades que están por acordarse durante reuniones en Quibdó. La idea es que esto no se quede en documentos sino que se vea la efectividad de los acuerdos.

A los más de 2.600 desplazados que hoy ocupan Catrú se suman los residentes de esta localidad chocoana. Juntos representan más de 3.500 personas en estado de emergencia humanitaria. Son la porción olvidada de un país que se debate entre la guerra y la paz.

TEXTO: VNC. FOTO: ACNUR