El Episcopado de EE.UU. denuncia un aumento del 92% en el número de jóvenes detenidos
JOSÉ LUIS CELADA | El obispo auxiliar de Seattle y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), el mexicano Eusebio Elizondo, ha llamado al Gobierno de Barack Obama y al Congreso a proteger a los menores de edad indocumentados y no acompañados que cruzan la frontera procedentes de México y de Centroamérica, y a responder a las causas profundas de la pobreza y el aumento de la violencia en sus países como solución a largo plazo para esta cuestión.
En una nota difundida el 4 de junio, el prelado denuncia también los peligros que acechan a los chicos en su travesía, intentando huir de estas realidades, lo que ha convertido su situación en “una crisis humanitaria”.
A juicio de Elizondo, se trata de “un problema muy complicado, pero sus raíces deben ser atendidas tanto por nuestro Gobierno como por los gobiernos de la región”.
Eusebio Elizondo.
En sentido, considera “un buen primer paso” la reciente decisión administrativa de crear un grupo de trabajo interinstitucional presidido por la Federal Emergency Management Agency (FEMA), la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias. El auxiliar de Seattle reclama:
Estos niños son extremadamente vulnerables a los traficantes de personas y contrabandistas sin escrúpulos y deben ser protegidos. A largo plazo, el aumento de la violencia de las pandillas y el crimen organizado en sus países de origen debe ser abordado y controlado para que puedan estar seguros en sus hogares.
Ya en noviembre del pasado año, una delegación del Comité de Migración de la USCCB que él mismo preside –encabezada en aquella ocasión por el obispo de El Paso (Texas), Mark Seitz– visitó México y Centroamérica para examinar los factores de presión que impulsan a los menores a emigrar a los Estados Unidos.
Y allí pudieron entender que este “es un tema que no debe politizarse”, advierte Elizondo, ni ser motivo u objeto de “retórica”, porque es “verdaderamente una crisis humanitaria que requiere una respuesta global y la cooperación entre las diversas instancias del gobierno estadounidense”. “Jóvenes vidas están en juego”, concluye el llamamiento del obispo.
Su pronunciamiento tiene lugar a las pocas horas de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del país publicara un informe en el que se desvela que, durante los últimos 20 meses, la patrulla fronteriza y otras agencias federales que trabajan en la zona han detenido a más de 71 jóvenes menores de 17 años, principalmente en la frontera sur de Texas.
El propio Gobierno estima que unos 60.000 menores, en su mayoría centroamericanos, corren el riesgo de ser detenidos este año mientras intentan cruzar ilegalmente la frontera desde México. Fuentes de la Iglesia católica, por su parte, apuntan que, de 2013 a 2014, se ha registrado un incremento del 92% en el número de chicos migrantes detenidos.
Acogidos en bases militares
Con ocasión del reciente nombramiento de Craig Fugate como nuevo director de la FEMA, el presidente Obama ha declarado que este aumento en la cantidad de niños que cruzan solos la frontera desde México es un “asunto humanitario urgente” y ha decidido que sean acogidos provisionalmente en dos bases militares.
Ya en mayo, el Gobierno federal abrió un centro de operaciones de emergencia en el sur de Texas para ayudar a coordinar las operaciones, y la Oficina para el Asentamiento de los Refugiados, una división del Departamento de Salud y Servicios Sociales, solicitó ayuda al de Defensa para alojar a los menores en una base militar. Más del 90% de ellos provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se ven obligados a emigrar por el clima de violencia reinante en sus países y las escasas perspectivas laborales.
Según la actual legislación estadounidense, pese a que muchos de los detenidos han logrado que un juez de inmigración les permita permanecer en el país, los niños quedan sujetos a un proceso de deportación aunque se reúnan con sus padres. Mientras todo esto sucede, la Administración cifra en unos 3.000 millones de dólares el dinero empleado para alojarlos, alimentarlos y reagruparlos con su familiares. Un presupuesto que se ha ampliado en otros 1.400 millones, porque –según la directora de Política Nacional, Cecilia Muñoz– la cifra de menores no acompañados en la frontera “se ha disparado”, hasta el punto, incluso, de que, entre quienes tratan de cruzarla, hoy son más ya las niñas que los niños.
En el nº 2.898 de Vida Nueva
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