La Iglesia y la ONU se alían contra la inequidad

El Papa recibe a Ban Ki-moon mientras la Santa Sede comparece en Ginebra

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ANTONIO PELAYO (ROMA) | La Santa Sede y las Naciones Unidas están necesariamente llamadas a colaborar en la esfera internacional para que en el mundo existan la paz, la solidaridad, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos humanos, a la libertad religiosa y a la de conciencia.

Sobre esta falsilla inicial hay que subrayar la importancia de la audiencia que el papa Francisco concedió el viernes 9 de mayo al secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon, y a los 50 miembros del Consejo de Jefes Ejecutivos de la organización mundial. Un encuentro que reabsorbe las diferencias que han existido o puedan existir entre ambas realidades.

En sus breves palabras de presentación, Ban Ki-moon reconoció que la situación de la familia humana no es demasiado florida: “Está aumentando la desigualdad, prevalece la injusticia, hay demasiadas intolerancias entre los pueblos y las religiones. (…) Por eso las Naciones Unidas aceleran sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello son necesarias la paciencia, la compasión, la cooperación y la valentía”. Por fin, invitó al Papa a visitar la sede de la ONU en Nueva York, como ya hicieron sus predecesores Pablo VI, san Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Le respondió Francisco hablando en castellano:

Los pueblos merecen y esperan frutos aún mayores [de la ONU]. En el caso de la organización política y económica mundial, lo que falta es mucho, ya que una parte importante de la humanidad continúa excluida de los beneficios del progreso y relegada, de hecho, a ser seres de segunda categoría. Por tanto, los futuros objetivos de desarrollo sostenible deben ser formulados y ejecutados con magnanimidad y valentía, de modo que, efectivamente, lleguen a incidir sobre las causas estructurales de la pobreza y del hambre, consigan mejoras sustanciales en materia de preservación del ambiente, garanticen un trabajo decente y útil para todos y den una protección adecuada a la familia, elemento esencial de cualquier desarrollo económico y social sostenibles. Se trata, en particular, de desafiar todas las formas de injusticia oponiéndose a la ‘economía de la exclusión’, a la ‘cultura del descarte’ y a la ‘cultura de la muerte’, que, por desgracia, podrían llegar a convertirse en una mentalidad pasivamente aceptada.

“Hoy en concreto –recalcó un poco más adelante Bergoglio–, la conciencia de la dignidad de cada hermano, cuya vida es sagrada e inviolable desde su concepción hasta el fin natural, debe llevarnos a compartir con gratuidad total los bienes que la providencia divina ha puesto en nuestras manos, tanto las riquezas materiales como las de la inteligencia y del espíritu, y a restituir con generosidad y abundancia lo que injustamente podemos haber negado antes a los demás”.
 

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Arzobispo Silvano Tomasi.

Arzobispo Silvano Tomasi.

Por esas mismas fechas, se reunía en Ginebra el comité de expertos de la ONU para examinar la aplicación por parte de algunos estados de la Convención contra la Tortura de 1984 (CAT). La Santa Sede –que se adhirió a ella en el 2002– era uno de esos estados y, en su nombre, presentó un informe su observador permanente, Silvano M. Tomasi. En él se subrayaba que toda la legislación penal del Estado de la Ciudad del Vaticano respondía perfectamente a las exigencias de la Convención, sobre todo después de las nuevas leyes promulgadas en julio de 2013 por el actual Pontífice.

En una nota explicativa previa, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, observaba que “no raramente los comités plantean cuestiones no estrictamente vinculadas al texto de la Convención, sino indirectamente unidas a él sobre la base de una interpretación extensiva del mismo… A ello contribuye con frecuencia la presión que ejercen sobre los comités, la opinión pública y ONGs fuertemente caracterizadas y orientadas ideológicamente para inserir también en la discusión sobre la tortura la cuestión de los abusos sexuales sobre los menores de edad, que se conecta más bien con la Convención sobre los Derechos del Menor. Que esto sea algo instrumental y forzado aparece como evidente a quien no esté previamente condicionado”.

En el nº 2.894 de Vida Nueva

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