Los valores religiosos vuelven a contar

38 de los 6.557 grupos de presión registrados ante la UE son comunidades de fieles

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LUIS RIVAS | Limitando la doctrina al ámbito privado, los funcionarios de Bruselas demandan la experiencia y agradecen el asesoramiento de estas organizaciones en materia de política social y humana.

El décimo día del pasado mes de diciembre, Raúl Romeva se encontró la mesa de su despacho cubierta de chupetes. Horas después, el eurodiputado de ICV votaba a favor del informe Estrela, cuyo texto, entre otras iniciativas sobre salud sexual y reproductiva, instaba a considerar el aborto como un derecho humano y, en consecuencia, a facilitar el acceso a esta práctica en todos los estados miembros de la UE.

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Finalmente, la propuesta fue rechazada. Y por segunda vez, razón por la cual el foco de interés se vio desplazado del recuento al circo parlamentario. En pleno tiroteo de reproches, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao emergió de su trinchera con un chupete en la mano, cual bandera blanca. Pero no: “Me parece vergonzoso que hoy hayamos recibido a través de este regalo un mensaje absurdo, como si el hecho de apoyar la anticoncepción tuviera algo que ver con rechazar la maternidad o con aborrecer la infancia”, denunció.

Se desconoce si la operación de los chupetes llegó a cambiar el sentido de algún voto, pero se la intuye eficaz en el recordatorio de su concienzudo mensaje: seguimos aquí, oponiéndonos al aborto; sabemos cómo pensáis y tutelamos el proceso que va de vuestro ideario a vuestro voto. Como en todo ejercicio de influencia, sin embargo, la sutileza suele ser más efectiva que el pataleo, y los grandes grupos de presión no andan por ahí dejando chupetes huérfanos como si fueran cabezas de caballo.

De acuerdo con el Registro de Transparencia de la UE, hasta 38 organizaciones que representan a Iglesias y comunidades religiosas gravitan hoy en día en torno a las instituciones de Bruselas. Entre ellas, la única española es la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC), integrada por 150 socios formados en Derecho y presidida por Polonia Castellanos, quien detalla a Vida Nueva su cometido:

Nos dedicamos sobre todo a establecer relaciones con asociaciones que comparten nuestra forma de ver el mundo en otros países.
Presentamos acciones ante la UE, la ONU… Protegemos contra ataques religiosos en España y defendemos siempre la vida, desde su concepción hasta la muerte, así como el matrimonio entre hombre y mujer, y una educación basada en valores.

 

Infraestructura modesta

En la línea de AEAC, muchos de estos colectivos cuentan con una infraestructura de uno o dos voluntarios dedicados a instruirse sobre la forma de hacer política a nivel europeo y a observar el sistema de toma de decisión. O a enviar chupetes a los eurodiputados, en función del entusiasmo.

Ante determinados plebiscitos, empero, toda pujanza es poca: el informe Estrela fue desestimado por un margen de 17 votos, con 35 abstenciones. “Pensaban que sería el gran día del relativismo, pero ha resultado ser una derrota en toda regla”, se jactaba a la salida del pleno el hasta el momento líder del PP en la Eurocámara, Jaime Mayor Oreja.

Ulrike Lunacek.

Ulrike Lunacek, vicepresidenta de Los Verdes en la Eurocámara.

Aunque ya se sabe: en democracia, unas veces te comes al oso y otras, el oso te come a ti. El pasado 4 de febrero, el Parlamento de Estrasburgo daba vía libre al conocido como informe Lunacek, que insta a la UE a elaborar “una hoja de ruta para proteger los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”.

Numerosas organizaciones erigidas en salvaguarda de la familia tradicional han coincidido en denunciar el poderoso ascendente que el lobby gay (ahora LGBTI) tiene sobre esta legislación, cuando en realidad, y con independencia del éxito, estas entidades intentan presionar a los políticos con los mismos métodos que rechazan a voz en grito.

Sirva de ejemplo la plataforma ciudadana Un de nous, surgida en Francia como reacción a la presentación del informe Estrela y que acabó ejerciendo una presión notable sobre los eurodiputados galos. Como explica Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, y miembro destacado de la plataforma:

Tuvimos que movilizarnos al máximo para atraer a nuestro campo a los miembros de la UMP, de forma que luego ellos pudieran hacer lo mismo con el resto de parlamentarios del PP Europeo (…) Si les hubiéramos hecho caso, la propuesta habría sido aprobada por más de 100 votos, pero hemos demostrado que la cultura de la vida y la defensa de la familia pueden conseguir la unidad de la mayoría del Parlamento.

La iniciativa Un de nous acabó convertida en One of us al sobrepasar las fronteras de la Catosphère francesa y extenderse por todo el continente, donde recopiló cerca de 1,8 millones de firmas contra del aborto en 20 de los 28 estados miembros. “Como asociación, nosotros hemos participado junto a One of us en acciones concretas en Bruselas”, indica Castellanos.

En nuestro país, una de las plataformas más beligerantes fue HazteOír, que recopiló y envió a cada miembro del Parlamento Europeo 37.000 firmas en contra del informe Lunacek. El proyecto generó una gran contestación en las principales capitales europeas, entre ellas Madrid, donde el presidente de la mencionada agrupación, Ignacio Arsuaga, declaraba: “Estamos aquí para pedir a los europarlamentarios españoles que voten ‘no’ al informe Lunacek, que pone en peligro las libertades de las familias en Europa”.

HazteOír no figura como lobby en el Registro de Transparencia, cuya inscripción, eso sí, es de carácter opcional. Una miríada de abogados y centros de estudios que pululan por Bruselas han rechazado adherirse al listado por negarse a ser calificados como grupos de presión. En el concreto de HazteOír, prefiere autodenominarse como “comunidad virtual provida y profamilia”.

Alentada por los escándalos de corrupción política y la indignación popular asociada, la Comisión Europea estableció en 2008 un registro voluntario para aquellos grupos de interés que desearan abandonar la clandestinidad y “legitimar sus necesarias y constantes actividades”. Tres años más tarde, el Parlamento planteó la posibilidad de dotar al fichero de carácter obligatorio, pero la cámara, supuestamente presionada por los lobbies, votó en contra.

A finales de abril, un total de 6.557 entidades se habían adherido al listado, que les exige revelar el nombre de sus clientes y redes profesionales, así como la naturaleza de sus actividades, el número de personas que trabajan para ellas en Bruselas y Estrasburgo y los objetivos que persiguen en sus relaciones con la UE, sin olvidar su volumen de negocio y el presupuesto destinado a estas labores de presión.
 

Los valores religiosos vuelven a contar [íntegro solo suscriptores]

En el nº 2.893 de Vida Nueva
 

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