La Comisión Pastoral de la Tierra presenta su informe anual
JOSÉ LUIS CELADA | Un total de 34 personas fueron asesinadas en Brasil durante 2013, en el marco de los 1.266 conflictos agrarios que se registraron en el país.
Aunque tanto el número de fallecidos como el de episodios violentos en el medio rural fue ligeramente inferior al del año anterior (en 2012, hubo 36 muertos en 1.364 sucesos de esta naturaleza), la cifra de homicidios de indígenas (15) es la más alta desde 2005, año en el que la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) presentó su informe anual sobre dichos conflictos agrarios.
Este documento [ver original] dado a conocer a finales del pasado mes de abril en la sede de la Conferencia de Obispos de Brasil (CNBB) en Brasilia, constata también que, mientras disminuyeron los conflictos por las tierras o de origen laboral, los relacionados con el agua han aumentado considerablemente (de 72 a 104, lo que supone un incremento del 32%).
A pesar del descenso reseñado en el número de víctimas mortales, de personas amenazadas de muerte (de 77 en 2012 a 15 en 2013) y de intentos de asesinato (de 241 a 195), la CET denuncia que el pasado año eran más los detenidos vinculados al conflicto agrario (143) que doce meses antes (99) y que casi se habían triplicado las agresiones físicas (de 88 a 243) relacionadas con el tema.
El papa Francisco con indígenas brasileños.
Los autores del informe fijan especialmente su atención sobre los indígenas, principales víctimas de la violencia en el medio rural brasileño a lo largo de 2013. No en vano, de las 1.266 denuncias presentadas sobre conflictos relacionados con la tierra, 205 se refieren a estos pueblos.
Su situación resulta muy preocupante, ya que de 829 víctimas contabilizadas –entre asesinatos e intentos de ello, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias e intimidaciones–, 238 pertenecían a este colectivo. Actualmente, muchos de los pueblos nativos luchan, sobre todo, contra el desarrollo de proyectos de explotaciones mineras y el avance de los monocultivos.
Es en el estado de Mato Grosso do Sul –al suroeste de Brasil–, en la frontera con Paraguay y Bolivia, donde más hechos violentos se producen. Allí, los propietarios no reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, víctimas de todo tipo de situaciones violentas en su contra, con no menos de 15 amenazas de muerte, siete intentos de asesinato, tres muertes y ocho detenciones arbitrarias. También los estados de Roraima –al norte de la Amazonía– y Bahía –en el noreste del país– contribuyen en buena medida a engrosar tan tristes estadísticas.
Así, por ejemplo, en Bahía, de los seis asesinatos relacionados con la tierra acaecidos durante 2013, cuatro eran de indios pataxós, en lucha desde hace décadas por el reconocimiento de su territorio. De hecho, la propia CPT destaca en su informe que, más allá de la violencia, 2013 también fue un año “récord” por lo que respecta a las acciones de los pueblos indígenas para hacer respetar sus tierras: más de un cuarto de las quejas presentadas a las autoridades estatales y federales sobre este tema (61 de las 230 registradas ) fueron obra de los nativos del lugar, cuyo “derecho a vivir en sus tierras ha sido violado”.
La causa indígena, de luto
Precisamente, pocos días después de que se presentara el informe relativo a 2013 sobre conflictos en el campo brasileño, fallecía a los 91 años el fundador de la Comisión Pastoral de la Tierra y obispo emérito de Goiás, Tomás Balduíno (Posse, Goiana, 1922), un hombre al que –según la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff– su “defensa intransigente de los derechos de los indígenas, de los trabajadores sin tierra y de los más pobres” le valió a menudo la enemistad de los grandes terratenientes de su país, pero también el respeto del mundo político.
Tras su ingreso en la Orden de Predicadores en São Paulo y su posterior ordenación sacerdotal en Francia (1948), antes de su consagración como obispo (1967), Balduíno fue superior de la misión de los dominicos en Conceição do Araguaia (Estado de Pará), en el corazón de la Amazonía, lo que, sin duda, le ayudó a descubrir más de cerca la realidad sufriente de los pueblos indígenas. Durante los años de la dictadura (1964-1985), defendió activamente también a los perseguidos por el régimen militar, aunque si por algo se distinguió el prelado fue por su incansable lucha en favor de las “causas populares”, entre ellas, una reforma agraria que acabara con las injusticias que padecen sus compatriotas más desfavorecidos.
En el nº 2.893 de Vida Nueva
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