Acusan al presidente Zuma de pagar con dinero público la reforma de su casa
Marcha interreligiosa contra la corrupción en Sudáfrica [extracto]
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | En un acto fuertemente simbólico, representantes de las comunidades judías, cristianas y musulmanas han protestado conjuntamente para denunciar “la corrupción” que, a su juicio, consume hoy a Sudáfrica. Así, el pasado 19 de abril, una marcha interreligiosa recorrió Ciudad del Cabo en protesta contra “el abuso de poder” por parte del Gobierno de Jacob Zuma.
En este sentido, según informa Fides, en el discurso que cerró la manifestación, el arzobispo anglicano de la ciudad, Thabo Makgoba, concretó el principal motivo del malestar cuando criticó al presidente por pagar con dinero público parte de las reformas en la residencia privada de su pueblo natal, Nkandla, que ascendieron a un total de 16,5 millones de euros; un hecho del que le había acusado, en un informe publicado el 2 de abril, la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela.
Pese a que desde la presidencia se ha anunciado que Zuma ofrecerá en sede parlamentaria la “respuesta oportuna”, bajo el argumento de que los gastos en su residencia obedecen a motivos de “seguridad”, los líderes religiosos del país constatan que el pueblo ha perdido la confianza en él y le exigen que no demore más sus explicaciones. En esta línea va, precisamente, un comunicado de la Conferencia Episcopal de Sudáfrica ciertamente duro, donde asegura que, con la excusa de que se prefiere esperar a que concluyan las pesquisas de la Unidad Especial de Investigación, la anunciada comparecencia presidencial nunca llegaría antes de junio.
El presidente Jacob Zuma.
Algo que, a su juicio, resulta “inaceptable”. “Los hallazgos de la investigación de la Defensora del Pueblo –observan los obispos– son perfectamente claros. (…) Así como lo son las disposiciones de la Ley de Ética sobre los miembros ejecutivos, que dicen que el presidente debe informar a la Asamblea Nacional sobre las acciones a tomar dentro de un margen de 14 días tras recibir el informe. En lugar de ello, Zuma opta por ignorar su responsabilidad legal y ética ante el Parlamento y la nación”.
De ahí que los prelados le exijan responsabilidades: “Es de esperar que un jefe de Estado, ante tal escándalo, aproveche la primera oportunidad que se le ofrezca para ofrecer una explicación completa y exhaustiva de su propia participación y de lo que piensa hacer para remediar la situación. (…) Zuma tiene que decirle a la nación ahora, no en junio, cómo y cuándo se planea pagar los costos de los artículos que, como la piscina, el gallinero y otros, no tienen nada que ver con la seguridad”.
Finalmente, los obispos ofrecen un paralelismo muy crítico con la realidad del país: “Recordamos al presidente que millones de nuestros ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y muchos carecen de una vivienda rudimentaria o un refugio”.
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