Los derechos del inmigrante entran en campaña

Servicio Jesuita alerta a los candidatos europeos del trato que reciben los inmigrantes en la UE

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Los derechos del inmigrante entran en campaña [extracto]

LUIS RIVAS | Los derechos humanos prevalecen sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario”. En la ambivalente frontera que opone legalidad internacional a intereses –seguridad, económica sobre todo– nacionales, el Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM) ha puesto a disposición de los candidatos al Parlamento Europeo un informe con una treintena de propuestas en materia de asilo y circulación de personas a lo largo y ancho de la UE.

Durante la presentación del estudio Que no se ahogue la esperanza, el pasado 10 de abril, Cristina Cortázar, investigadora del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, advirtió de la autosatisfacción del primer mundo, “que se considera zona libre de peligro para las personas y que, sin embargo, está vulnerando flagrantemente los derechos humanos, como en el caso de las devoluciones en caliente”.

La deplorable crisis suscitada por las avalanchas humanas en Ceuta y Melilla sobrevuela el espíritu del documento y lo dota de actualidad. Así, el SJM destaca “especialmente” la necesidad de “aprobar normas de la UE claras sobre la obligatoria asistencia y rescate en el mar”. En relación a las situaciones de emergencia acaecidas en aguas españolas, queda establecido que “las normas de Derecho internacional sobre salvamento y rescate deben priorizarse respecto de cualquier otra norma estatal o comunitaria”, al tiempo que insta a la UE a rechazar “tanto el push back (devolución en la que no se garantizan mínimamente los DD.HH.) como el pull back (colaborar con autoridades de terceros países para impedir que las personas puedan abandonarlo)”.

Sobre el concreto de “garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla”, el director del SJM, Miguel González, indicó que “sería posible organizar una misión con un grupo de letrados expertos en protección internacional, que identifique a las personas susceptibles de protección que saturan los CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), para trasladarlos a la Península”. En opinión de Cortázar, es imprescindible “acabar con las devoluciones en caliente” que está llevando a cabo el Gobierno de España, pues “en modo alguno se pueden ajustar a la legalidad vigente; no existe ni un solo resquicio al respecto”.

De hecho, la experta, que acababa de participar en una reunión en Bruselas junto a 29 técnicos en política de fronteras, recordó algunos casos recientes en los que Grecia, Bélgica o Italia han sido condenados en los tribunales “por hacer cosas menos graves de las que está haciendo España”, y aprovechó para pedir a los ciudadanos que elijan “bien” a sus representantes para el Parlamento Europeo, apostando por aquellos que respetan los DD.HH. y que apuestan por políticas de integración para la próxima legislatura.

“No decimos que sea sencillo; entendemos las dificultades que existen, pero por esa misma razón aportamos iniciativas concretas en este documento”, señaló González. Si bien el director del SJM-España se reconoció escéptico sobre la capacidad de influencia directa del informe sobre el proceso de toma de decisiones políticas, sí se mostró esperanzado ante sus opciones de “abrir un debate sobre cómo la gente puede circular por el mundo de manera legal y segura”.

Con objeto de afrontar una reflexión ordenada y evitar naufragios a la hora de enmendar el actual Programa de Estocolmo, el informe Que no se ahogue la esperanza presenta cinco áreas de estudio y actuación, siendo el acceso de la inmigración a la UE la primera de ellas. Algunas de las propuestas del SJM inciden en descongelar las negociaciones sobre las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para trabajar por cuenta ajena o propia, estudiar nuevos canales para la inmigración legal, como visados para búsqueda de empleo, y aplicar mecanismos efectivos en los países fronterizos que identifiquen personas con necesidad de protección y garanticen su seguridad.

Llegar, integrarse

Acatando un orden lógico en el devenir de los hechos, toda vez que se ha alcanzado el territorio europeo se impone una política de integración. Avanzar “decididamente” hacia un estatuto de la población inmigrada nacional de terceros estados similar al que disfrutan los ciudadanos de la UE, incluyendo también un derecho comparable en materia de circulación, es la prioridad en este punto, así como orientar las políticas de asimilación hacia la inclusión social. En cuanto al supuesto de inmigración irregular, el SJM plantea la “asistencia al retorno voluntario” y la garantía de que, en caso de devolución forzosa, esta “se lleve a cabo en condiciones acordes al respeto a los derechos humanos y, en concreto, a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”. Observando estas disposiciones se evitarían represalias y torturas contra las personas migrantes que infringen a diario los reglamentos de frontera.

En el marco de la concesión de asilo, Miguel González pidió “garantizar la identificación y el acceso a la protección de posibles solicitantes en las fronteras europeas, y especialmente en Ceuta y Melilla”. Para ello, se antoja fundamental “lograr que el estatuto otorgado por cada Estado miembro sea reconocido por los demás países de la UE”. Aunque las cuotas sobre “reasentamiento de refugiados” sean competencia de los países, el SJM considera que “la Comisión debe encargarse de que se aumenten los fondos destinados a esta cuestión y el Parlamento Europeo, de movilizar a la opinión pública a favor del reasentamiento”. La no criminalización de la asistencia humanitaria brindada a las personas necesitadas y la provisión de ayuda económica y estratégica a ACNUR y otras organizaciones de protección a refugiados se erigen también en pilares básicos de actuación.

En última instancia y acerca de la gestión de la inmigración irregular, el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de ICAI-ICADE, que celebra su vigésimo aniversario, conminó a “desarrollar y aplicar por parte de los Estados miembros sistemas razonables y flexibles de regularización de personas inmigrantes en situación irregular, toda vez que la denominada Directiva de Retorno de la UE no obliga a su expulsión. Obliga: bien a la expulsión, bien a su regularización”. Con respecto a los visados humanitarios y entradas protegidas, se incidió en que estas “deberían ser herramientas cruciales”, apreciando que, por ejemplo, el 56% de los refugiados de Siria son mujeres y niños.
 

“Sería triste que se utilizaran estas tragedias con fines partidistas”

La Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal –recientemente constituida para el trienio 2014-2107– ha subrayado la necesidad de “estar atentos, ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, para apoyar las propuestas que humanicen la política migratoria y que no contribuyan a que los migrantes sean personas abandonadas a la cultura del descarte”. En una circular enviada a las delegaciones de migraciones de las diócesis españolas, los obispos lamentan y advierten del “peligroso deslizamiento de la opinión pública en algunos países de Europa hacia posiciones xenófobas y de recelo injustificado hacia el inmigrante”.

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El comunicado invita asimismo a no olvidar “las crueles consecuencias que surgen de todas las dimensiones de la movilidad humana, como el tráfico de personas o los refugiados”, adelantando que “sería triste también que las tragedias de los inmigrantes se utilizaran con fines partidistas”. “No podemos limitarnos a la denuncia profética, aunque sea esta nuestra primera obligación: hemos de buscar las más justas soluciones para evitar el dolor de los hermanos emigrantes”, prosigue. Confesándose “avergonzados” ante los “dolorosos sucesos” de Ceuta y Melilla, los obispos piden “valorar en su justa medida y agradecer sinceramente a las instituciones de la Administración Pública y organizaciones sociales la ayuda a los emigrantes en situaciones de dificultad”.

La Comisión de Migraciones ha insistido en que los emigrantes aportan un gran enriquecimiento “en muchos aspectos a nuestra realidad social y eclesial a costa de muchos sufrimientos personales o familiares”. En idéntica línea, ha recordado “nuestro pasado histórico de emigrantes”, mostrándose esperanzada en que Europa “siga siendo reconocida como la Europa de los valores y del respeto a los derechos humanos”.
 
El papa Francisco el año pasado en Lampedusa pidió “borrar la indiferencia” a “los gritos de los otros”:

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