Rechazan la reforma de la ley que obliga a cotizar por determinadas mejoras sociales
Representantes de la escuela concertada y privada
F. OTERO | Como si no fueran suficientes los problemas económicos de los centros concertados en la actualidad –sobre todo, por la insuficiente dotación pública que se les asigna–, el Gobierno ha conseguido colocar otro obstáculo más en su camino, esta vez, con la reforma del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, publicada el 21 de diciembre en el BOE. Una decisión que apenas fue publicitada por el Gobierno y cuyo debate ha llegado a los medios de comunicación en la última semana.
De este modo, con la nueva legislación, algunos beneficios sociales que hasta ahora estaban exentos de tributación, como las ayudas de guardería, los vales de comida, seguros médicos o las aportaciones a un plan de pensiones, cotizarán en su integridad.
Ante esta situación, organizaciones empresariales y sindicales del sector de la enseñanza privada y concertada, entre las que se encuentra Escuelas Católicas, manifestaron su rechazo “a la obligación impuesta a las empresas y trabajadores de cotizar a la Seguridad Social por mejoras sociales que hasta ahora estaban exentas”.
“Esta reforma supone un perjuicio económico y social desproporcionado a los centros educativos y a sus trabajadores, que compromete la viabilidad de los mismos y la de los puestos de trabajo”, añaden en un comunicado, al tiempo que exigen la exclusión del sector de la enseñanza privada y concertada de la aplicación del citado artículo por sus características específicas.
Tras dar a conocer su descontento ante la opinión pública, estas organizaciones han decidido solicitar una reunión con las administraciones implicadas –los ministerios de Educación, de Hacienda y de Trabajo, así como los grupos políticos del Congreso de los Diputados– para buscar soluciones, de modo que la educación de los niños que asisten a estos centros no se vea afectada.
En el nº 2.878 de Vida Nueva.
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