Justicia y Paz denuncia el reparto de armas entre los opositores al Gobierno de Martelly
Algunas protestas han derivado en graves enfrentamientos con las fuerzas policiales
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | En apenas tres meses, de julio a septiembre, Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha sido escenario de hasta 284 asesinatos –179 causados por disparos y 53 por atropellos de coche “provocados”–. Una preocupante espiral de violencia que, según denuncia la Comisión Episcopal Justicia y Paz, obedece a la convulsa y cada vez más deteriorada situación política que se vive en el país.
Así lo han denunciado los representantes de esta institución eclesial en un informe, fechado el 13 de noviembre y enviado a la agencia Fides, en el que, incluso, aseguran que se está procediendo “a la distribución de armas en zonas populares por razones políticas”.
Lo cierto es que cada día son más virulentas las protestas contra el Gobierno de Michel Martelly, que se ha caracterizado por su débil posición prácticamente desde su llegada al poder, el 14 de mayo de 2011, menos de año y medio después del terremoto que asoló gran parte del país.
Un claro ejemplo de la fuerte tensión que se vive en Haití se dio el pasado día 18, cuando miles de manifestantes, en varias ciudades, reclamaron la dimisión de Martelly, al tiempo que exigieron la salida de las tropas de la ONU, a las que acusan de haber propagado una epidemia de cólera que, desde 2010, poco después del seísmo, ha ocasionado miles de muertes.
Además de esta supuesta inacción gubernamental –a principios de año, según datos de Intermón Oxfam, cerca de 360.000 haitianos seguían viviendo repartidos en los alrededor de 500 campos de refugiados que aún se mantienen desde que se levantaran por el terremoto, en enero de 2010–, las fuerzas opositoras también critican la inflación de precios en el que está reconocido como el país más pobre de toda América.
El hecho es que, en las últimas semanas, los choques entre manifestantes y las fuerzas policiales (tanto locales como internacionales) son ya habituales. Un fenómeno que ha llevado a la vecina República Dominicana ha anunciar el aumento de su presencia militar en la frontera y a la ONU a hacer pública su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos.
Urge la separación de poderes
En su informe, Justicia y Paz también ofrece otra causa del malestar ciudadano: “Las instituciones no cumplen con su deber, particularmente dentro de la Magistratura”. Y es que, a su juicio, la falta de separación real entre los poderes establecidos se refleja ante todo en una Justicia politizada, donde “la mayoría de los magistrados son designados de forma incorrecta y se ven obligados a actuar de manera servil con las autoridades públicas”. Algo que, además, se traduce en la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Con el fin de frenar esta sensación de vacío de poder –desde el año pasado, se han retrasado en varias ocasiones las elecciones para la renovación parcial del Senado y la configuración de la Asamblea Nacional– y ganar en credibilidad ante la población, Justicia y Paz insta al Gobierno y a todos los representantes públicos a que emprendan un diálogo que cristalice en dos medidas de emergencia: un plan de desarme a nivel nacional y una reforma en profundidad que consagre la real independencia del poder judicial, para que todos los haitianos tengan garantías de que los procesos son neutros.
Incertidumbre en la República Dominicana
Otro de los factores que ha alterado la convivencia en Haití, desde el mes pasado, ha sido la decisión del Tribunal Supremo de la vecina República Dominicana de negar la nacionalidad a hasta 250.000 ciudadanos de orígen foráneo, en su gran mayoría haitianos, con la consiguiente amenaza de ser expulsados en cualquier momento hacia sus fronteras.
Por el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que, a lo largo de la próxima semana, quiere enviar una delegación al país caribeño e investigar in situ la polémica decisión judicial antes de que entre en vigor.
Tras las críticas al Episcopado dominicano por su no movilización en contra de esta medida, el obispo de Barahona, Rafael Leónidas Felipe y Núñez, ha manifestado su esperanza de que “se encuentre un camino” para resolver el conflicto: “Algunos llevan 30 y 40 años residiendo en el país, con una familia formada. Los hay incluso que tienen dos generaciones, hijos y nietos que han nacido aquí. Si esas personas llevan tanto tiempo en la nación, y no saben nada de Haití, entonces son dominicanos”.
En el nº 2.872 de Vida Nueva
