Las víctimas inspiraron la solidaridad incompleta de la compasión, al principio. Después, cuando se multiplicaron, la sociedad las miró con desconcierto; y cuando se mantuvieron multiplicándose por largo tiempo y como parte del paisaje, vino el acostumbramiento.
Acostumbrarse a las víctimas es aceptar el dolor ajeno, la injusticia, la degradación de lo humano, de la sociedad y de la fe. Es lo que sucede cuando se acepta ser un país de víctimas.
Para entender a las víctimas uno tiene que hacerse cargo de lo que puede sentir, por ejemplo, una mujer que va a recibir el cadáver de su hijo asesinado en un falso positivo y le oye decir al militar vocero: “señora, aquí se lo entrego muerto, él estaba con usted pocas horas antes de morir, pero el tiempo le alcanzó para ir a la guerra, ¿oyó?” (Versión de Laura Ardila en El Espectador 29-05-11).
Todavía con el dolor en carne viva esta misma mujer leyó en los periódicos: “en la acción militar murieron tres presuntos integrantes de Las Águilas Negras, que fueron identificados como…”. Y ahí vio el nombre de su hijo asesinado. Su hijo es la víctima, pero es ella la que sobrelleva el múltiple dolor de las varias muertes con que le han arrebatado a su hijo la vida física y su nombre de hombre honrado.
Las víctimas en Colombia soportan, además del impacto destructor de los grupos armados legales e ilegales, o de la delincuencia monda y lironda, la indiferencia cercana a la complicidad con que las autoridades y la sociedad misma tratan su drama. En los cinco años que han pasado desde que se hizo la primera denuncia por los falsos positivos, las familias de los asesinados han padecido el absurdo e insultante espectáculo de los aplazamientos de las audiencias: “a un abogado defensor de los militares se le ha muerto la mamá tres veces”, dice sarcástica una de las madres al recordar el proceso de aplazamientos con que se busca la impunidad de los asesinos. El país, a su vez, ha seguido, entre sorprendido e indignado, el trámite para aprobar un fuero militar que, ladinamente, busca ese mecanismo de impunidad.
Los familiares de los desaparecidos tienen esa misma queja: “la sociedad y el Estado nos han dado la espalda”, comentó la directora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos; y les tiembla de indignación la voz a las víctimas de violación; por ellas habla la alianza Iniciativa Mujeres por la Paz (IMP): “para el Estado y las autoridades, este es un delito invisible”, reclaman, ante el hecho de los pocos procesos judiciales que cursan y la lentitud con que avanzan, como si el molondrismo judicial fuera una de las formas de la complicidad. Las medidas cautelares obtenidas por 18 mujeres, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden leerse como un recurso extremo de unas víctimas desesperadas y sin fe alguna en las posibilidades de reparación de la justicia colombiana.
Víctimas y reparaciones
Bosnia Herzegovina:
Víctimas: 200.000 muertos, 20 mil mujeres violadas, 1.2 millones de desplazados, 100.000 refugiados.
Reparación: la falta de presupuesto la ha impedido.
Guatemala:
Víctimas: 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos, un millón de desplazados, 100.000 refugiados.
Reparación: asistencia médica, educación, restitución de propiedades.
Perú:
Víctimas: 70.000 muertos y 600.000 desplazados.
Reparación: pensiones, salud, educación, planes de vivienda y empleo.
Chile:
Víctimas: 2.298 muertos; 2.130 violaciones, 979 desaparecidos, 28.000 torturados.
Reparación: pensiones vitalicias, educación, exención de servicio militar.
Argentina:
Víctimas: 30.000 desaparecidos, 10.000 detenidos.
Reparación: reintegros laborales, beneficios pensionales, pensiones para familiares de desaparecidos, indemnizaciones a detenidos, salud e indemnizaciones en dinero.
(Fuente: ICTJ)
Más de 50 años produciendo víctimas
En los titulares de los periódicos se ha dado cuenta una y otra vez, hasta convertirse en un monótono lugar común, de la acción devastadora de un mecanismo productor de víctimas.
Uno toma, a manera de ejemplo lo ocurrido desde 1985, el año de referencia de la Ley de Víctimas, y ve con indignación y asco crecientes las más variadas y repugnantes formas de destrucción, que dejan la sensación de que la de Colombia es la historia de nuestra mutua destrucción.
En ese año 85 la toma del Palacio de Justicia dejó 100 muertos y 12 desparecidos que, según unas investigaciones que no terminan todavía, fueron obra de la guerrilla y de los militares. Se les suman a esas víctimas los 119 guerrilleros del grupo disidente Ricardo Franco muertos en una purga interna, aconsejada por la paranoia de los subversivos.
A partir de entonces comenzó esa campaña de exterminio de la Unión Patriótica, como reacción contra el proyecto político de convertir en partido a los electores afines a las Farc y al M-19. En ese tiempo entraron en acción las armas de los narcotraficantes bajo el lema de “Muerte a los secuestradores”.
En la prensa se planteó una decisión difícil: ¿cuáles eran las víctimas de la Unión Patriótica y cuáles lo eran por ser defensores de los Derechos Humanos? Porque tal fue el motivo para la intensificación de las acciones del aparato criminal productor de víctimas.
1988 figura en la historia como el año de las masacres. La Negra, Honduras, La Mejor Esquina, El Tomate, Segovia, Caño Sibao fueron nombres que comenzaron a figurar en la memoria del país, asociados a matanzas que dejaron víctimas por decenas. En ese mismo año, 1989, el país creyó haber llegado al límite con la masacre paramilitar de La Rochela y con el atentado de los narcotraficantes contra un avión en vuelo, lleno de pasajeros. La dinámica criminal se mantuvo en Trujillo con más de 100 muertos, o en asesinatos selectivos contra candidatos, líderes políticos y periodistas. Las masacres llegaron a las aldeas de indígenas y a barrios populares como el de La Chinita, en Apartadó, con 35 muertos, o la de Mapiripán o la de Aracatazo. Masacraron los paramilitares, los narcotraficantes, los guerrilleros. Al finalizar el primer semestre de 1995 las autoridades registraron, con asombro la cifra de 600 asesinatos.
Hasta un lugar idílico done la vida se mueve al ritmo pausado y silencioso de los remos, como Nueva Venecia, llegaron los asesinos y dejaron 38 campesinos pescadores muertos. Mientras tanto también morían personas por ser líderes o por ser investigadores o por ser periodistas. En Bahía Portete las autodefensas mantuvieron la práctica de las masacres en 2004 con el asesinato de siete mujeres wayú; antes, en 2002 habían dejado 100 víctimas que se refugiaban en una iglesia en Bojayá. Las Farc nunca las perfeccionaron como armas, pero pusieron en acción por esos años el mecanismo de matar de los cilindros bomba.
A veces las víctimas se produjeron por el fuego amigo, como en Jamundí donde el ejército mató diez policías. Y como si aún fuera posible más para la imaginación criminal, un día el país perdió el aliento con la noticia del asesinato de 10 diputados, secuestrados e indefensos, a manos de las Farc.
Para entonces ya había comenzado a descubrirse el aparato de muerte montado en el propio ejército, de los falsos positivos, nombre eufemístico para 3.000 asesinatos por los que los militares cobraban dinero, condecoraciones o vacaciones bajo el engaño de que habían dado de baja a unos guerrilleros en heroicos combates.
Crispa esta enumeración que sustenta la idea de un país enloquecido, especializado en el oficio de matarse unos a otros y de crear incontables muchedumbres de víctimas.
Las cifras de las víctimas
Desaparecidos: 25.007.
1.754 víctimas de violencia sexual.
6.421 niños reclutados.
4.744.046 desplazados.
27.023 secuestros.
10.189 víctimas de minas antipersonales.
Entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas.
Cada doce horas fue secuestrada una persona.
Colombia es el número dos en el mundo de víctimas de minas antipersonales y el número uno en desplazados.
(Fuente: Grupo de Memoria Histórica)
¿Qué hacer con las víctimas?
Cuando en el país se adelantaba la campaña electoral para la presidencia, la Fundación Social les propuso a los candidatos un acuerdo alrededor del problema de las víctimas. Se trataba de llamar su atención y la de los electores sobre la existencia de más de cinco millones de víctimas que necesitan que se las reconozca como ciudadanos plenos, que requieren unas políticas públicas para la realización de sus derechos, entre ellas una política de tierras capaz de garantizar la efectiva restitución a los que han sido despojados; una acción judicial efectiva que asuma la defensa de la verdad de lo sucedido; además, una política de respeto de los derechos humanos y la dignificación de las víctimas de homicidios y de personas desaparecidas.
Es tanto como hablar de la dignidad de los vencidos. Una víctima es alguien que ha sido vencido justa o injustamente y que, por tanto, ha perdido su dignidad. Ni los vencedores ni la naturaleza están dispuestos a indemnizar a los vencidos. Esa disposición tiene que ser construida; por eso la relación con las víctimas es un hecho que pone al descubierto el crecimiento en humanidad y en democracia de una sociedad, o su retraso.
Para el derecho, la víctima exhibe dos grandes heridas: la pérdida o desconocimiento de sus derechos individuales, y la pérdida de sus derechos asistenciales. El derecho penal y las políticas sociales de bienestar son respuestas insuficientes porque las víctimas necesitan más: la recuperación de su dignidad.
En La Especie Humana, el libro de Robert Antelme, se reflexiona sobre la dignidad de las víctimas a partir del relato de los sobrevivientes de un campo de concentración nazi liberados por soldados aliados. La relación amable de estos soldados con los sobrevivientes cambió rápidamente. Al principio los escuchaban, después cundió el hastío, como si estuvieran cansados de sus historias o no las creyeran.
La víctima necesita ser escuchada; también requiere la verdad, de igual manera le es indispensable la justicia; pero los que no han padecido la humillación de los vencidos no entienden eso.
El sueño-pesadilla más recurrente de las víctimas es que cuando cuentan su historia, miran a su alrededor y a nadie le importa. Concluye Valladolid Bueno: “una liberación que no está basada en la escucha y la autonomía de las víctimas no es una verdadera liberación”. La escucha los integra y contribuye a sanar su desgarramiento, su dolorosa sensación de haber sido apartados; la autonomía les notifica que han recuperado el control sobre sus vidas que el vencedor les había arrebatado.
Las víctimas de los grupos armados
Entre 1981 y 2012: 23.161 víctimas. De ellas, 8.903 por paramilitares, 6.406 por grupos armados no identificados, 3.809 por guerrillas, 1. 511 por militares.
Secuestros: 27.023. De ellos 24.482 por las guerrillas, 2.541 por paramilitares.
(Fuente: Grupo de memoria Histórica)
La agenda para las víctimas
La agenda del gobierno para las víctimas comprende restitución de bienes, y el juicio de los crímenes de guerra, en aplicación de la Ley de justicia y paz de 2005. En el gobierno Santos se aprobó, además, la Ley de víctimas en mayo de 2011, a pesar de los obstáculos que había interpuesto el gobierno de Álvaro Uribe durante el debate de junio de 2009 en el congreso.
Pero las leyes señalan lo mínimo; más allá de lo que ellas puedan lograr para hacerles justicia a las víctimas, hay un claro imperativo para la conciencia cristiana del país. Una obediencia a esa conciencia impondría un cambio radical en la relación de los colombianos con las víctimas, porque tendría como guía las muy exigentes prácticas que se derivan de una enseñanza como la de Jesús en la parábola del buen samaritano.
En primer lugar es evidente el rechazo por los indiferentes, representados en el relato por los sacerdotes, los levitas y los viajeros apresurados que cruzan frente al hombre herido por los bandidos. Ninguno de ellos cree tener algo que ver con el herido que agoniza a la orilla del camino. El relator de la parábola deja suponer que el hecho de ser víctima crea una relación ineludible con los que encuentran al herido. No es un asunto opcional, es un deber que nace y que exige cumplimiento cuando en el horizonte del viajero aparece la víctima, que todo lo altera: el tiempo del que pasa, sus prioridades, el uso de sus recursos, sus conveniencias, sus posiciones políticas, sociales o religiosas. Todo esto queda radicalmente alterado por la sola presencia de la víctima.
El Evangelio es exigente: no bastan las palabras de consuelo o de solidaridad, es necesario curarlo, llevarlo a un lugar seguro en donde encuentre la atención que necesita, y velar para que siga recibiendo atención.
Cuando en vez de uno, son más de cinco millones de víctimas, la sociedad tiene que cambiar, porque en ella ha aparecido una prioridad que desplaza todas las urgencias: la víctima es lo primero.
Es el problema social que descubre el Evangelio cuando habla de las víctimas. Esa atención a las víctimas es la que cuenta antes que los ritos y las devociones. Más aún, la actividad cultual se relativiza y queda condicionada a la respuesta que se les dé a las víctimas. La víctima no solo pone en tela de juicio la consistencia democrática y humanitaria de una sociedad; también pone a prueba la autenticidad y sinceridad de su profesión religiosa. La atención que se les preste a las víctimas permite saber si la religiosidad es solo apariencia, o si es realidad transformadora.
