Núria de Gispert (segunda por la izda.), con las entidades religiosas
JORDI LLISTERRI (BARCELONA) | El agitado debate catalán también conduce a posicionamientos dentro de la Iglesia. Coincidiendo con la Diada del pasado 11 de septiembre, el obispo de Girona, Francesc Pardo, y el de Solsona, Xavier Novell, defendieron en su carta semanal a sus diocesanos la posibilidad de celebrar una consulta sobre el futuro político de Cataluña.
Ahora, un grupo de entidades cristianas se han adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, un consejo que promueve el Parlamento catalán para sumar apoyos de la sociedad civil a la celebración de un referéndum.
Este colectivo incluye instituciones relevantes como las provincias catalanas de jesuitas, vedrunas, escolapios, claretianos, carmelitas descalzos y oblatas; algunas delegaciones de Cáritas, Justicia y Paz o de la Hospitalidad de Lourdes; y varios colectivos educativos, como las asociaciones de padres y de titulares de las escuelas cristianas.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, recibió a esas entidades el 31 de octubre para visualizar este apoyo. En el acto, las entidades insistieron en que su apoyo es a la celebración de una consulta, una demanda que consideran mayoritaria entre los colectivos católicos, respetando las distintas opciones políticas que puedan, después, concretarse sobre la relación entre Cataluña y el resto España.
En el nº 2.850 de Vida Nueva.
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