Justicia y Paz de la Diócesis de Jaffna denuncia un genocidio del pueblo tamil
Mujeres tamiles en un campo de refugiados
J. L. CELADA | La Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Jaffna, en el norte de Sri Lanka, ha denunciado que el Gobierno “ignora toda voluntad de justicia, de paz y de reconciliación”, y que se está produciendo un auténtico “genocidio del pueblo tamil”.
Así lo constata en un reciente documento, en el que su presidente, el padre S. U. B. Mangalarajah, lanza un grito de alarma instando a la Santa Sede a presionar a las autoridades del país asiático para que hallen una solución que favorezca la convivencia tras la guerra civil que, durante más de dos décadas (1983-2009), enfrentó a la mayoría cingalesa en el poder y a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil.
La declaración recoge varios asuntos sin resolver que afectan el pueblo tamil, una minoría étnica mayoritariamente católica que habita en el norte y el este de la isla. El primero de ellos –según informaciones difundidas por Fides– tiene que ver con la responsabilidad en la verificación de violaciones de los derechos humanos, especialmente en las etapas finales del conflicto. El organismo eclesial exige justicia para las miles de muertes de civiles inocentes, así como una investigación internacional sobre los desaparecidos y el uso de bombas de racimo y de armas químicas.
Un segundo aspecto hace referencia a la confiscación de tierras de los tamiles. De hecho, el 90% de los territorios ocupados durante la guerra no han sido todavía devueltos a sus legítimos propietarios. Incluso la propia Iglesia católica ha perdido también tres parroquias, incluyendo varias iglesias, capillas e institutos. Y muchas tierras costeras fueron arrebatadas de manera arbitraria y entregadas a militares o a funcionarios para construir residencias de lujo a costa de los pescadores locales.
El tercer punto alerta contra el “control demográfico restrictivo” de la población tamil. Justicia y Paz revela que las mujeres del distrito de Kilinochchi son trasladadas al hospital y obligadas a tomar progesterona por medio de implantes subcutáneos para limitar el número de nacimientos.
Hay una “cuarta injusticia”: la situación de los miles de presos políticos tamiles que permanecen en las cárceles estatales, algunos desde hace más de 15 años. Se trata de civiles –incluidos mujeres, ancianos o enfermos– a menudo acusados simplemente de haber abastecido de víveres a los guerrilleros, y a quienes se les niega el derecho a ser visitados, como solicitó el obispo de Mannar, Rayappu Joseph.
Justicia y Paz denuncia también el actual régimen de terror reinante, especialmente en la región norteña de Vanni, donde se han contabilizado numerosos casos de abusos sexuales y de violaciones de jóvenes tamiles cometidos por los militares con total impunidad.
Finalmente, el texto advierte de la “colonización étnica, cultural y religiosa” llevada a cabo por los cingaleses, con el apoyo del Gobierno, tratando de “convertir y normalizar” zonas históricamente tamiles. El mismo Gobierno que sigue censurando los medios de comunicación y cualquier forma de contestación a través de “intimidaciones y amenazas”.
En el nº 2.870 de Vida Nueva
