Iniciativas en Madrid y Murcia ponen voz a los más desfavorecidos
Manifestación de sacerdotes y religiosos en Murcia contra los desahucios
F. OTERO | Si bien es cierto que la labor asistencial que la Iglesia, a través de distintas instituciones, es un servicio impagable a la sociedad, también lo es la labor de denuncia de las consecuencias de la crisis que hacen muchos católicos en distintas partes de España.
En Madrid, más de 30 organizaciones –entre parroquias, movimientos, congregaciones…– acaban de unir fuerzas en un grupo que, bajo el nombre de Evangelio, Justicia y Derechos Sociales, quiere alzar la voz contra las consecuencias de la crisis económica que vive el país.
“Impulsados por el ejemplo que Jesús nos propone en la parábola del Buen Samaritano de no mirar hacia otro lado ante el dolor que nos rodea, nos animamos a gritar, ante el silencio escandaloso de los que tienen más voz y son más escuchados, que esta situación de recorte y pérdida de derechos sociales no puede continuar, porque es contraria a los deseos de Dios de garantizar la dignidad de la persona humana”, explican en un comunicado conjunto, que fue presentado el miércoles 30 de octubre.
Denuncian en primer lugar que las víctimas de la actual situación “son los menos culpables” y que las soluciones que se han ido ofreciendo desde los poderes públicos no han hecho sino “ahondar más en la privatización de los beneficios y en la socialización de las pérdidas, empobreciendo a través de los recortes sociales a los desfavorecidos e instaurando una cultura del miedo”.
“La fractura del estado de bienestar, y con ella la quiebra de la protección de los derechos humanos, la pérdida de garantías laborales, el acceso a la vivienda o la explotación del trabajador que significa la economía sumergida, la política fiscal regresiva y no distribuida, traen consigo un empeoramiento de la situación para todo el mundo y, en especial, para los más débiles de la sociedad”, añaden.
Tras constatar que las causas de la crisis son técnicas, políticas y éticas, afirman, con la Doctrina Social de la Iglesia, que “existen estructuras de pecado que condicionan nuestra vida y contra las que hay que luchar para la mayor gloria de Dios”. De este modo, los firmantes renuevan “la opción preferencial por los pobres” y se sienten “exigidos a cambiar nuestro estilo de vida”.
En su opinión, es urgente que la Iglesia “anuncie y defienda con claridad y sin fisuras la Doctrina Social de la Iglesia, y que exprese claramente su opción por los pobres, que en nuestro tiempo toma forma concreta en la defensa de los servicios sociales y del Estado del Bienestar.
Finalmente, el comunicado hace un llamamiento a todos los católicos para que muestren su indignación y reclamen “el cambio de rumbo necesario para hacer realidad el respeto y crecimiento de la dignidad de las personas”.
Contra los desahucios
Por otra parte, unos 15 sacerdotes y 10 religiosos se manifestaron por las calles de Murcia el pasado 23 de octubre, junto a otros colectivos, en defensa de una vivienda digna, un recorrido que aprovecharon para entregar a los directores de diferentes sucursales bancarias el manifiesto En el nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar y empobrecer a las familias! La persona es lo primero.
Este texto es un paso más y se une al publicado por estos mismos sacerdotes y religiosos en junio de 2012 bajo el título En el Nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar a familias!, en el que reclamaban soluciones a políticos, bancos y cajas, jueces y fuerzas del orden.
Ahora, casi un año y medio después, sigue constatando “el sufrimiento de miles de personas y familias que gritan que no tienen para alimentar a sus hijos porque se han quedado en paro, como consecuencia de la estafa financiera que ha tenido un carácter global y que ha supuesto el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayoría”.
Reclaman a las entidades financieras que se facilite el pago de la vivienda paralizando los procesos de desahucios, se fomente la dación en pago, la condonación y el alquiler social, se establezcan comisiones razonables y se devuelva el dinero público que se les ha otorgado para invertirlo en sanidad, educación y política social.
En el nº 2.869 de Vida Nueva
