En su informe, Human Rights Watch denuncia diversas situaciones de violencia y amenazas contra desplazados colombianos que reclaman la restitución de sus tierras. Estas páginas ofrecen un resumen del inminente riesgo de volver a casa.
En los últimos 30 años, los abusos y hechos de violencia asociados con el conflicto armado interno de Colombia han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo.
Se estima que los desplazados colombianos, que en su mayoría escapan de zonas rurales a entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros. Privados de su tierra y sus medios de subsistencia, la inmensa mayoría de los desplazados colombianos viven en condiciones de pobreza y no cuentan con vivienda adecuada.
En junio de 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adoptó una medida sin precedentes para corregir este gravísimo problema humanitario y de derechos humanos al conseguir que se sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley de Víctimas). La ley estableció un proceso híbrido de naturaleza administrativa y judicial destinado a restituir millones de hectáreas despojadas y abandonadas a desplazados durante el transcurso de una década.
El programa de restitución de tierras representa la iniciativa más importante de derechos humanos impulsada por el gobierno de Santos. Si se implementa de manera efectiva, ayudará a que miles de familias que han sido devastadas por el conflicto puedan regresar a su hogar y reconstruir sus vidas, a la vez que debilitará el poder de grupos armados y mafias delictivas. La Unidad de Restitución del gobierno ya ha conseguido importantes resultados al aplicar la ley en algunas regiones.
A pesar de estos avances, subsisten obstáculos significativos que se interponen a la aplicación efectiva de la ley. Muchos de los desplazados que han intentado hasta el momento recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y amenazas de muerte. Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de tierras informaron haber recibido amenazas.
El informe de Human Rights Watch (HRW), elaborado a partir de investigaciones efectuadas entre febrero de 2012 y julio de 2013 que incluyeron cientos de entrevistas, más de 130 de ellas con reclamantes y líderes de restitución de tierras, documenta esos abusos, evalúa la respuesta ofrecida por el Estado colombiano hasta el momento y recomienda medidas adicionales que deberían adoptar las autoridades.
El gobierno ha denunciado continuamente ataques contra desplazados que exigen medidas de restitución y ha otorgado a cientos de reclamantes en riesgo medidas de protección como teléfonos celulares y escoltas. Pero se ha comprobado que, si bien se trata de medidas importantes, no han sido complementadas por acciones suficientes destinadas a que los responsables rindan cuentas por sus actos, lo cual resulta indispensable para poner freno al origen de las amenazas a la vida de los reclamantes y prevenir ataques.
Las amenazas y los ataques son totalmente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra reclamantes de tierras. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes: los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas sufridas por reclamantes de tierras y líderes.
También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a quienes inicialmente desplazaron a los reclamantes y se apropiaron de sus tierras. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena. La falta de justicia por estos delitos es una de las causas principales de los abusos que se producen actualmente contra reclamantes de tierras: los actores más interesados en conservar el control de las tierras despojadas a menudo continúan en libertad y pueden frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios.
Colombia no ha podido contrarrestar significativamente el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo cual también implica una amenaza directa para la seguridad de quienes reclaman tierras, a la vez que atenta de un modo más amplio contra la vigencia del estado de derecho en las zonas adonde los desplazados pretenden retornar. Estos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de despojos generalizados ocurridos antes de que el gobierno pusiera en marcha un proceso de desmovilización que presentó graves falencias. Hasta el momento, los grupos sucesores han sido los autores de gran parte de las amenazas y los ataques contra reclamantes y líderes de restitución de tierras. Asimismo, algunos terceros que se instalaron en las tierras o las adquirieron luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes en respuesta a sus exigencias de restitución.
En los próximos ocho años, el gobierno tiene previsto tramitar las solicitudes de restitución de tierras presentadas por cientos de miles de desplazados. A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados reclamantes y consiga avances significativos en la desarticulación de grupos sucesores de los paramilitares, muchas de estas familias sufrirán nuevas amenazas, episodios de desplazamiento y asesinatos. Y la iniciativa más importante del gobierno de Santos en materia de derechos humanos podría verse irreversiblemente desvirtuada.
Abusos generalizados
Numerosos reclamantes de tierras y sus líderes han sido objeto de abusos generalizados como resultado de sus esfuerzos por conseguir la restitución, que han incluido asesinatos, intimidación y amenazas, así como nuevos incidentes de desplazamiento forzado. En el informe se documentan ejemplos de estos casos, en los cuales víctimas de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, han intentado recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución. Los datos oficiales y otras evidencias examinadas por HRW indican que el patrón de abusos se extiende por todo el país.
La investigación documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes ocurridos desde 2008 —en sucesos en los cuales perdieron la vida 21 personas— donde existen pruebas convincentes de que los ataques fueron motivados por los reclamos o el activismo de las víctimas en relación con la restitución de tierras. En otros cuatro casos, no se pudo determinar claramente, sobre la base de la información disponible, si las muertes se vinculaban con los reclamos impulsados por las víctimas, aunque existen indicios de que podría haber sido así. También se documentan dos tentativas de homicidio y el secuestro de un líder de restitución de tierras. Las víctimas de estos asesinatos y agresiones —ocurridos en cinco departamentos distintos— incluyen a líderes, reclamantes individuales, familiares de estos y sus abogados.
Diversos informes de autoridades estatales y organismos internacionales señalan que los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras se han producido en una escala incluso mayor. Por ejemplo, en agosto de 2013 la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” perpetrados en 16 departamentos desde 2000, en los cuales murieron 56 personas. La Defensoría del Pueblo informó al menos 71 asesinatos de líderes de restitución de tierras ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011.
Las muertes han conseguido infundir de manera permanente el temor a que se produzcan otros ataques, no sólo entre familiares de víctimas y otros reclamantes, sino también entre las autoridades que trabajan en aspectos vinculados con la restitución. En una carta enviada en marzo de 2013 al presidente Santos, decenas de jueces especializados en causas de restitución de tierras de todo el país pidieron que se les concedieran medidas de protección y manifestaron que temían seriamente por su seguridad en los siguientes términos: “Son de público conocimiento los atentados a que se han enfrentado las víctimas reclamantes, sus líderes y los miembros de las organizaciones que los respaldan. Los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos [a los ataques], en consideración a que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados”. Como fue señalado por el director del programa gubernamental de protección, la estrategia de los agresores es “matar pocos para enviar un mensaje a muchos”.
La presión sobre quienes exigen la restitución de tierras no se debe exclusivamente a los asesinatos, sino en mucha mayor medida a las amenazas de muerte lanzadas contra los reclamantes, sus familiares y quienes abogan por ellos. En marzo de 2013, el director nacional de la Unidad de Restitución identificó estas amenazas como el modo más frecuente con que se ha intentado sabotear el proceso de restitución de tierras.
HRW ha documentado amenazas graves y creíbles contra más de 80 reclamantes y líderes de restitución de tierras de Bogotá y otros ocho departamentos ocurridas desde 2008, y se trata tan sólo de una pequeña proporción de la cantidad total de casos denunciados. Según datos aportados por el gobierno, al menos 500 reclamantes de tierras y líderes en más de 25 departamentos han denunciado ante las autoridades este tipo de amenazas desde enero de 2012. A partir de evaluaciones individuales, las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes que fueron amenazados se encuentran en “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras, un nivel que requiere, entre otros criterios, que el riesgo sea “concreto”, “serio” y “excepcional”.
Las amenazas —que en Colombia configuran un delito— se transmiten de distintas maneras: por escrito, por mensajes de texto, en forma telefónica o mediante advertencias verbales en persona. Si bien el contenido varía, muchos de los mensajes incluyen amenazas de muerte contra las víctimas o sus familiares si no renuncian a su intento por recuperar sus tierras o abandonan la región.
En general, las amenazas parecen creíbles y resultan amedrentadoras. Muchas están dirigidas a víctimas que sufrieron en el pasado experiencias traumáticas a manos de paramilitares o guerrillas, incluidos los ataques contra ellos mismos, sus familiares o vecinos que los llevaron a huir de sus tierras en primer lugar. Las guerrillas y los grupos sucesores de paramilitares a menudo siguen teniendo presencia en las zonas donde las víctimas reclaman sus tierras, y estos últimos en particular han demostrado estar dispuestos a asesinar a reclamantes y líderes. Numerosas víctimas creen, justificadamente, que los autores de las amenazas actuales son personas o grupos vinculados directamente con los extensos antecedentes de violencia y despojo sufridos por ellos y sus familias (ver recuadro).
En los primeros casos de restitución impulsados en el marco de la Ley de Víctimas en los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba, tras sufrir reiteradas amenazas varios líderes de la población desplazada debieron abandonar nuevamente sus hogares. Los datos oficiales indican que este problema sería incluso más común. Desde enero de 2012, el programa de protección del gobierno ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y sus líderes en nuevas zonas debido a graves amenazas contra su vida relacionadas con su activismo.
Cuando las amenazas obligan a los líderes a abandonar su hogar, las comunidades o regiones pierden a voceros en los cuales confían y se corta el enlace entre miembros de la comunidad y las autoridades, lo cual implica un fuerte revés para las iniciativas de restitución. En muchos casos, estas amenazas contravienen una disposición del derecho penal colombiano que tipifica el delito de desplazamiento forzado como aquellos actos coactivos que ocasionan que una persona cambie de lugar de residencia.
Algunas autoridades han intentado restar importancia al problema de las amenazas señalando que, incluso si se producen varios cientos de estas, se trata igualmente de una cantidad relativamente reducida teniendo en cuenta las decenas de miles de solicitudes de restitución presentadas hasta el momento a través de la Ley de Víctimas. Si bien se trata de una proporción menor, hay varios motivos para concluir que el problema no lo es.
En primer lugar, las amenazas con frecuencia infunden una sensación de inseguridad y temor duradera entre las víctimas, que las obliga a evaluar la posibilidad de renunciar a su reclamo para recuperar tierras. En segundo lugar, las amenazas contra líderes tienen un efecto multiplicador, dado que los inhiben de trabajar en nombre de otras personas y, a la vez, trasmiten un mensaje intimidatorio a la comunidad que representan. En tercer lugar, es común que las amenazas induzcan a reclamantes y sus líderes a abandonar el lugar donde viven actualmente, a menudo con otros familiares, y esto los obliga a enfrentarse nuevamente a las dificultades económicas y sociales que implica el desplazamiento. Estos nuevos incidentes de desplazamiento atentan directamente contra uno de los principios fundamentales consagrados en la Ley de Víctimas: las garantías de no repetición.
Y si este problema no recibe una respuesta adecuada, es probable que se agrave considerablemente. La Ley de Víctimas se encuentra aún en su etapa inicial de implementación. Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución había comenzado a examinar menos del 20 por ciento de las más de 43.500 solicitudes recibidas, y había conseguido que se dictaran sentencias de restitución en cerca de 450 de esos casos. Solamente una familia había retornado a vivir en su tierra como resultado de estas sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados (si bien muchos otros beneficiarios de esas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas).
El gobierno previó que para 2021 se habrían dictado sentencias de restitución de tierras en cientos de miles de casos, lo cual supone el retorno de decenas de miles de familias. Es razonable esperar que el nivel de amenazas aumente significativamente a medida que avancen las miles de causas en curso, las familias regresen a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron indebidamente vean afectados sus intereses de manera más directa.
“Mire lo que le pasó a su hermano y a su hijo”
Lina Rivera (seudónimo) informó que en 1999 ella y su familia fueron desplazadas de la finca que tenían en el departamento de Cesar por paramilitares, quienes posteriormente mataron a su esposo, su hermano y su hijo. Existen evidencias contundentes de que el hermano de un jefe paramilitar habría adquirido su finca y amenazó reiteradamente a Rivera y sus hijos por intentar recuperarla. En una llamada telefónica efectuada en 2011, el hermano del paramilitar le dijo “Mire lo que le pasó a su hermano, mire lo que pasó a su hijo”. Debido a la persistencia de las amenazas contra la familia de Rivera, ella decidió abandonar nuevamente la región a fines de 2012. HRW documentó más de 30 casos de este tipo que se produjeron en siete departamentos desde 2008.
Responsables
En un discurso pronunciado en julio de 2012, el presidente Santos identificó a los principales responsables de las amenazas contra reclamantes de tierras: “Muchos de los que están amenazando… son los propios dueños o supuestos dueños de las tierras que han sido reclamadas… Hay otros sectores. Sectores que yo he llamado de la extrema izquierda… y de la extrema derecha, que están vinculados con los antiguos paramilitares, que no quieren que les quiten sus tierras, que se apropiaron en forma indebida”. HRW también comprobó que grupos sucesores de los paramilitares, terceros que despojaron a los desplazados de sus tierras —a veces en connivencia con paramilitares— y, en ciertas zonas, las FARC, son los principales responsables detrás de los abusos contra reclamantes y líderes de restitución de tierras.
En la mayoría de los casos de asesinatos, tentativas de homicidio y nuevos incidentes de desplazamiento forzado que se documentan, la evidencia sugiere en forma persuasiva que grupos sucesores de los paramilitares, en particular los Urabeños, serían responsables; y estos mismos grupos son además los autores de muchas de las amenazas. La información aportada a HRW por distintas entidades estatales refuerza estas conclusiones. Los grupos sucesores de los paramilitares se dedican al narcotráfico y otras actividades mafiosas en muchas de las regiones en que anteriormente las redes paramilitares cometieron despojos de tierras, como Córdoba y Urabá, donde se ha producido una proporción significativa de los asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras.
El secuestro en noviembre de 2011 del líder de restitución Héctor Cavadía, del corregimiento de Totumo, Antioquia, es un claro ejemplo de los ataques deliberados perpetrados por los Urabeños. Cavadía contó que, mientras estuvo secuestrado, miembros de los Urabeños le dijeron que la tierra que reclamaba tenía un dueño y le hicieron preguntas sobre otros líderes de su asociación de desplazados que exigían la restitución de tierras. Durante un encuentro mantenido en 2011 en la región, un jefe de los Urabeños dio la orden de que a “todo el que fuera a reclamar tierra… lo iban a desaparecer”, según surge del testimonio judicial prestado por un ex miembro de los Urabeños.
También terceros que adquirieron u ocuparon tierras luego de que sus habitantes originarios fueron obligados a abandonarlas han sido responsables de muchos de los abusos. Estos terceros incluyen desde ganaderos y empresarios hasta paramilitares desmovilizados. Las evidencias indican de manera convincente que los grupos sucesores y otros actores han intimidado, amenazado y, en algunos casos, incluso asesinado a reclamantes de tierras por iniciativa de terceros.
Por último, en algunas zonas las FARC han amenazado y asesinado a desplazados que reclamaban la restitución de sus tierras. Por ejemplo, Germán Bernal, quien trabaja activamente para conseguir que desplazados puedan retornar a Santiago Pérez, un corregimiento en el sur del departamento de Tolima, dijo haber recibido amenazas reiteradas del Frente 21 de las FARC debido a sus reclamos. Bernal y otros líderes de la población desplazada informaron que durante reuniones obligatorias convocadas por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, presuntamente con la intención de preservar el control del lugar, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados retornaran a sus hogares y declararon que los líderes de desplazados eran “objetivos militares”. Las cifras del gobierno indican que las amenazas de las guerrillas se extienden a otras regiones del país: desde enero de 2012, más de 50 reclamantes y líderes de al menos 13 departamentos que exigían la restitución a través de la Ley de Víctimas han informado a las autoridades que recibieron amenazas de guerrillas.
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también han utilizado tradicionalmente minas antipersonal, y la presencia de minas en zonas donde esos grupos se encuentran o estuvieron anteriormente activos representa un obstáculo significativo a la posibilidad de que los desplazados retornen de manera segura a sus tierras. Cerca del 70 por ciento de los municipios en los cuales se han presentado solicitudes de restitución son lugares donde el gobierno ha reportado anteriormente accidentes o incidentes vinculados con minas antipersonal o municiones sin detonar, según datos de la Unidad de Restitución.
La raíz de las amenazas
Según HRW, Colombia no ha adoptado medidas suficientes en tres aspectos que constituyen la raíz misma de la violencia y las amenazas contra reclamantes de tierras y líderes:
– La rendición de cuentas por amenazas y ataques dirigidos contra reclamantes de tierras en respuesta a sus iniciativas de restitución ha sido escasa. Por lo tanto, la disuasión respecto de la comisión de tales delitos es escasa.
– Las autoridades judiciales casi nunca juzgan a los responsables de los incidentes originales de desplazamiento forzado y despojo. Esto expone a los reclamantes a la posibilidad de sufrir ataques, en tanto implica que las personas, los grupos o las mafias delictivas interesadas en mantener el control de las tierras despojadas no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden más fácilmente intentar impedir la restitución mediante actos de violencia e intimidación.
– El Estado colombiano no ha desarticulado eficazmente a grupos sucesores de paramilitares en distintas regiones del país, lo cual permite que esas organizaciones continúen cometiendo abusos contra reclamantes.
La respuesta del Estado
La respuesta del Estado colombiano ante los abusos contra reclamantes y líderes de restitución ha consistido mayormente en expresiones de repudio de altos funcionarios en referencia a las agresiones y amenazas, y medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien la UNP tiene falencias, constituye el programa más avanzado de su tipo en la región, y sus medidas de protección —en especial los escoltas— pueden ser decisivas para salvar vidas.
Sin embargo, el repudio de estos ataques expresado por funcionarios y la protección brindada por la UNP son, en definitiva, medidas paliativas. No contribuyen a controlar ni juzgar a los responsables, que representan el origen de las amenazas persistentes contra la vida de los reclamantes. De hecho, las limitaciones intrínsecas de la UNP quedan en evidencia si se toma en cuenta que el programa muchas veces tiene que reubicar a los reclamantes que sufren amenazas debido a que no es posible garantizar su seguridad en el lugar donde viven.
Asimismo, autoridades de distintas regiones, incluida la Policía, han restado gravedad a las amenazas y han supuesto en forma prematura que las agresiones no guardan relación con el activismo desarrollado por las víctimas. Esta actitud se refleja en la falta de acción de algunas autoridades regionales, que no han brindado medidas genuinas de protección a desplazados que recibieron amenazas creíbles ni han perseguido enérgicamente a sus agresores.
La Fiscalía ha dado prioridad a la investigación de asesinatos presuntamente vinculados con reclamos de restitución al asignar muchos de estos casos a la Unidad de Derechos Humanos y otras fiscalías especializadas con sede en Bogotá y Medellín, que son menos vulnerables a la posibilidad de intimidación. Esto ha permitido conseguir avances significativos en algunas causas importantes. No obstante, en general los resultados han sido modestos: hasta agosto de 2013, los fiscales habían obtenido condenas en ocho de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras y sus líderes que la Fiscalía informó estar investigando; mientras que en más de dos tercios de los casos, no se habían imputado cargos contra presuntos responsables. Los procesos penales se han visto obstaculizados por la lentitud con que se transfieren las causas a las fiscalías especializadas en Bogotá y Medellín y, según algunos fiscales con quienes HRW ha dialogado, debido a que no se adoptaron medidas básicas para impulsar las investigaciones.
Además de transmitir a los responsables el mensaje de que no tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, al no impulsar una investigación penal adecuada de las amenazas se reduce la posibilidad de determinar cuál es su urgencia y gravedad. Esto impide que el programa de protección gubernamental asigne las medidas de protección en forma eficiente, según el nivel de riesgo de los reclamantes.
De conformidad con la Ley de Víctimas, las solicitudes de restitución se registran mediante un proceso administrativo y son resueltas por tribunales civiles que no determinan la responsabilidad penal de quienes cometieron los desplazamientos forzados y los despojos en casos individuales. La ventaja de este enfoque es que permite procesar los casos con celeridad. Sin embargo, también supone una brecha fundamental en la implementación de la ley: se da curso a los reclamos y las tierras se restituyen sin que esto vaya acompañado de un proceso paralelo por el cual las personas, los grupos y las redes delictivas responsables del desplazamiento forzado y el despojo de tierras respondan por sus actos.
Esta brecha en la implementación de la ley implica una grave amenaza para la posibilidad de que miles de desplazados retornen a sus tierras en forma segura. No obstante, las autoridades judiciales, que sí podrían subsanar esta brecha, no han logrado avances significativos en llevar ante la justicia a los responsables de los desplazamientos forzados y los despojos de tierras que obligaron a los reclamantes a abandonar sus hogares en primer lugar.
Hasta enero de 2013, la principal unidad de fiscales dedicada a impulsar causas de desplazamiento forzado, la Unidad Nacional Contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES), había obtenido condenas en menos del 1 por ciento de las más de 17.000 investigaciones de casos de desplazamiento forzado que tenía en curso. Más del 99 por ciento de las investigaciones se encontraban en la etapa preliminar, es decir, aún no había imputados.
En marzo de 2013, casi ocho años después de que entrara en vigor la Ley de Justicia y Paz sobre desmovilización paramilitar, los postulados que participan en este proceso habían confesado más de 11.000 casos de desplazamiento forzado. A pesar de ello, los fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz habían obtenido condenas en tan sólo seis casos de desplazamiento forzado.
En enero de 2013, de las casi 21.000 investigaciones que estaban en curso sobre casos de desplazamiento forzado a cargo de fiscales que no pertenecían a la UNCDES o la Unidad de Justicia y Paz, más del 99 por ciento se encontraban en la etapa preliminar. En los departamentos de Córdoba y Chocó, la totalidad de las más de 3.400 investigaciones en curso sobre desplazamiento forzado a cargo de tales fiscales estaban recién en la etapa preliminar.
La UNCDES también se identifica como la principal unidad de la Fiscalía encargada de impulsar la investigación penal de los despojos ilegales de tierras que debieron abandonar los desplazados. Hasta enero de 2013, había conseguido incluso menos resultados en este plano, con solamente tres condenas por delitos vinculados con despojos.
