Zambia no quiere ser un Estado fallido

Michael Sata, presidente de Zambia, a la derecha

Cáritas culpa a las divisiones en el Gobierno de la crisis generalizada en el país

Michael Sata, presidente de Zambia, a la derecha

A la dcha., Michael Sata, presidente de Zambia

M. Á. MALAVIA | ¿Todavía tenemos un Estado que funciona? Esta ineludible y angustiada pregunta sirve de título a un comunicado de Cáritas con el que pretende llamar la atención sobre la difícil situación en Zambia. La misiva, difundida por la agencia misionera Fides, no se anda por las ramas a la hora de describir el momento presente en este país del África meridional: “El grado de caos, de vandalismo y anarquía ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que se tiene derecho de preguntar si todavía hay un Estado que funcione en nuestro país”.

Con la misma claridad, el texto señala dónde radica el auténtico problema de fondo: “El elemento principal de esta situación es que el partido gobernante, el Frente Patriótico, que en 2011 había sido elegido por el pueblo para defender sus derechos, la paz y la seguridad, está en el centro de estos problemas”. ¿Por qué? Unas marcadas divisiones internas lo debilitan como fuerza política y como instrumento de poder; algo que, consecuentemente, ahonda en la de por sí frágil estructura social. Y es que, al igual que ocurre en muchos otros países de África con un pasado colonial, en Zambia no se cumple ni medio siglo desde que se independizaran del Reino Unido.

Como denuncian desde la institución eclesial, esta confrontación partidista, por la que los principales líderes del Frente Patriótico están enfrentados entre sí, no produce sino una proliferación de robos, a través de ocupaciones ilegales de tierras, y “violencia contra personas inocentes”. Algo en lo que influye el que “todo esto ocurra en una sociedad donde la mayoría de los pobres tienen difícil el acceso a la alimentación, a una asistencia sanitaria de calidad y al trabajo”.

Frente a ello, claman desde Cáritas, Zambia necesita un firme liderazgo político, capaz de acometer dos de los proyectos que más dividen a la población: la aprobación de una ley sobre libertad de expresión y el impulso definitivo para la ratificación de una nueva Constitución.

En el nº 2.867 de Vida Nueva

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