La sociedad debería ‘refrendar’ un acuerdo con las FARC

Así lo exigen los organizadores de la 26ª Semana por la Paz en Colombia

conversaciones Gobierno de Colombia FARC

Uno de los integrantes del grupo negociador da lectura a un comunicado

La sociedad debería ‘refrendar’ un acuerdo con las FARC [extracto]

ÓSCAR ELIZALDE (BOGOTÁ) | Entre las iniciativas desarrolladas en Colombia para celebrar la 26ª Semana por la Paz, que tuvo lugar del 8 al 15 de septiembre, las organizaciones e instituciones convocantes –entre las que participa activamente la Iglesia católica– enviaron un mensaje a la mesa de diálogo de La Habana, que reúne desde hace meses al Gobierno de Juan Manuel Santos y a representantes de las FARC. Se trata de una misiva que marca tres ejes que consideran prioritarios de cara a una solución pronta y negociada del conflicto armado que padece el país: la victimización en medio del conflicto, la participación ciudadana para la superación del mismo y la reconciliación nacional.

En la carta, firmada por casi medio centenar de “constructores y constructoras de paz”, estos llaman a hacer prevalecer “el compromiso de hacer de nuestro territorio un escenario de respeto, solidaridad, justicia, amor y entendimiento”.

En este sentido, se plantean siete grandes urgencias con relación a la victimización: reconocer a las víctimas generadas en el marco del conflicto armado y su derecho de acceder a la verdad, la justicia y la reparación; aportar pruebas e investigaciones para dar con el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada; suspender la siembra de artefactos y minas antipersona, incluyendo la entrega de mapas que señalen los lugares donde existen campos minados y la concreción de un acuerdo que conduzca al desminado humanitario; prohibir el reclutamiento de menores y garantizar el retorno de los niños y de las niñas que integran las filas combatientes; proscribir de inmediato la práctica del secuestro y dar libertad a todas las personas retenidas contra su voluntad; acabar con todo acto de victimización contra la mujer, así como todo tipo de manipulación como botín y arma de guerra; y suspender e impedir los ataques contra la vida y la integridad de los sindicalistas y otros actores sociales.

Por otra parte, y reconociendo que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos”, el mensaje enfatiza la necesidad de “avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos ya existentes y la generación de nuevos y mayores espacios para la participación organizada de la sociedad, que permitan alimentar con propuestas los puntos establecidos en la agenda, en especial desde las regiones y territorios”.

En relación a este, también se apunta que “el pueblo colombiano tiene el derecho a validar participativamente el acuerdo final que se logre”, para lo cual se estima conveniente recurrir a las vías de participación ciudadana que contempla la Constitución Política Nacional.

Sobre este asunto, las organizaciones que animan la Semana por la Paz manifiestan su disponibilidad para constituirse como un “equipo ciudadano pedagógico” que impulse y promocione “la refrendación de lo pactado y el respaldo mayoritario de la sociedad a los acuerdos”.

Nueva ronda de diálogos en el Palacio de Convenciones de La Habana

Asimismo, los firmantes de la carta demandan que, en el tiempo que se desarrollen las conversaciones en la capital cubana, ninguno de los portavoces y delegados utilice lenguajes provocadores o acusatorios, de modo que se evite caer en estigmatizaciones ni se entorpezca la buena marcha de las negociaciones. Este requerimiento se hace aún más necesario si se considera que la construcción de la paz implica la superación de la exclusión social y política, pero también “la construcción de un nuevo lenguaje social que prescinda de agresiones y descalificaciones”.

Un asunto transversal

Por eso, para que la paz que se quiere construir colectivamente sea duradera y estable, es preciso apelar a la reconciliación como mediación que favorece el reencuentro fraterno de comunidades, familias y organizaciones, a fin de “superar el ciclo-espiral de las violencias, privilegiando el uso de la palabra, la reconstrucción del tejido social y la transformación política hacia la inclusión y la responsabilidad con las comunidades tradicionalmente excluidas o victimizadas”.

En concreto, la carta plantea que la reconciliación es un asunto transversal que, indeclinablemente, hace parte del camino de transición hacia la paz en todos los niveles de la vida nacional. “La reconciliación se construye en la cotidianidad, en el barrio, en el municipio, en la región, promocionando la cultura de defensa de los derechos humanos y la transformación pacífica de todos los conflictos”.

Por lo mismo, se afirma que “la paz se hará evidente y tangible en lo local, y es allí donde debemos construir reencuentros para la reconciliación”. En el camino de la reconciliación nacional y local, y como garante de la paz estable y duradera, la memoria ocupa un lugar fundamental “para perdonar sin olvidar, para avanzar sin ocultar lo sucedido, para reconstruir los sueños sin el fantasma de la venganza”.

Finalmente, quienes suscriben la carta –entre los que están instituciones como el Secretariado Nacional para la Pastoral Social, la Pontificia Universidad Javeriana, la Ruta Social Común para la Paz, la Mesa Ecuménica por la Paz, la Pastoral Social Lasallista o la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación– enfatizan su llamado “para que ninguna de las partes se levante de la mesa de conversaciones hasta tanto no se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado”, reclamando también, de manera especial, “la instalación de los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible”.

Hasta el momento, la que se abrió esta semana ha sido la decimocuarta ronda de unas conversaciones que se iniciaron oficialmente hace ahora un año, el 4 de septiembre de 2012. Pese a todo, los choques son frecuentes, como el que se ha producido esta semana ante las protestas campesinas que mantienen una situación de bloqueo en las principales ciudades del país.

Las FARC, que han tachado de “represión militarista” ciertas actuaciones de las fuerzas del Estado a la hora de actuar contra los manifestantes, han censurado la elección del nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, así como el mantenimiento del titular de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Cifras del conflicto armado

Más de 25.000 personas han desaparecido en los últimos 60 años.
El conflicto ha dejado 10.000 personas víctimas de artefactos y minas antipersona.
Se calcula que existen en las filas de la guerrilla más de 6.000 niños y niñas.
Desde 1970, en el marco del conflicto armado, han ocurrido 27.023 secuestros.
Entre 1985 y 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 592 de minas antipersona, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro a causa del conflicto armado.
En los últimos 26 años, se han producido 12.748 acciones contra la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas. Entre estas, 2.932 asesinatos y 226 desapariciones. Además, cerca de 500 organizaciones sindicales han sido desarticuladas.

* Cifras tomadas del informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica: Basta ya, Colombia. Memorias de guerra y dignidad (2013). Las cifras sindicales son extraídas de estudios de la ENS, CINEP y CODHES (2013).

En el nº 2.862 de Vida Nueva.