Guadalupex integra a 140 asociaciones que piden un cambio de jurisdicción eclesiástica
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA. Fotos: GUADALUPEX | A buen seguro, la del 8 de septiembre será una jornada de alegría en el monasterio-santuario de Guadalupe, en Cáceres. Y es que ese día, que además es domingo, se celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe, siendo también el Día de Extremadura. Sin embargo, algunos de los que acudan por primera vez a esta celebración mariana pueden sorprenderse al conocer que, eclesiásticamente, el templo pertenece a la Archidiócesis de Toledo.
Así lo cree Vicente Sánchez-Cano, presidente de Guadalupex, asociación cívica que integra a 140 instituciones culturales, civiles y corporativas, todas extremeñas, que solicitan que la casa de su Patrona pertenezca a todos los efectos a su tierra.
El origen del conflicto
Todo se inicia en 1833, cuando España pasó a estar dividida en provincias (49 provincias y 15 regiones, embrión de las actuales autonomías). Por el Concordato firmado en 1851, se aceptaba adaptar la organización de las fronteras eclesiásticas, en lo posible, a las civiles.
Sin embargo, como lamentan desde Guadalupex, en Extremadura se mantiene la situación “anómala” por la que, además de 31 pueblos que consideran propios y también pertenecen a Toledo, su Patrona esté incardinada en otra demarcación eclesiástica.
El problema tiene repercusiones que van más allá de lo puramente identitario. Así lo entiende José Julián Barriga, de Guadalupex, quien no duda en hablar de “abandono institucional” en el santuario.
La clave está en Roma
Aunque no se haga polémica de ello, los obispos titulares de las tres diócesis extremeñas manifestan que su deseo sería una Guadalupe incardinada eclesiásticamente en su tierra.
En declaraciones a Vida Nueva, Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, reconoce como “lógico” que el santuario “pertenezca a la jurisdicción eclesiástica de las diócesis que abarcan casi todo el territorio extremeño”. Pero insiste en mantener la paciencia y el sosiego, pues “debe tenerse en cuenta que los pasos a dar en las estructuras eclesiásticas tienen su complejidad, por diversas razones que escapan a quienes puedan ver este asunto como un problema de orden civil o social”.
El prelado concluye que “sería un error pensar que el problema está en la voluntad del arzobispo de Toledo”, pues “las decisiones en la Iglesia no son personalistas ni partidistas” y no se trata de un “tema de negociaciones entre dos personas”.
A su juicio, la responsabilidad última está en Roma: “Cuando se trata de remodelar límites diocesanos, el asunto corresponde a la Santa Sede; y la Santa Sede está perfectamente enterada. Actuará cuando lo estime oportuno y habida cuenta de todas las implicaciones en juego”.
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En el nº 2.861 de Vida Nueva
