Cáritas reclama nuevas políticas de vivienda

presentación del informe Foessa La vivienda en España en el siglo XXI julio 2013

Apunta en un informe que el modelo actual es “un fracaso reiterado”

presentación del informe Foessa La vivienda en España en el siglo XXI julio 2013

En el centro, Sebastián Mora y Soledad Becerril

FRAN OTERO | Si algo ha dejado claro la crisis económica es que el modelo residencial en España en los últimos años no ha respondido a la función propia de la vivienda: la de satisfacer el derecho básico al alojamiento, que tiene que ver con la necesidad fundamental de subsistencia en sentido integral.

Una realidad que se pone de manifiesto, con mayor profundidad, en un estudio de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas Española, titulado La vivienda en España en el siglo XXI. Diágnostico al modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda y presentado en Madrid el pasado 16 de julio con la presencia, además de dos de los autores, de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.

Según se puede leer en el informe, el modelo actual tiene unas características básicas que “se han interpuesto con la necesidad de que responda a la exigibilidad de la vivienda como un derecho”. Estas son la producción de vivienda como finalidad e inversión, el desajuste entre oferta y demanda y el desequilibro en la ordenación del territorio y su impacto en las estructuras y cohesión social.

Para Cáritas, el resultado del diagnóstico no es sino “la constatación de un fracaso reiterado“, pero también “la expresión de una esperanza expresada a través de propuestas alternativas a la situación que requieren un largo plazo de aplicación para obtener resultados”.

Es, precisamente, en el campo de las propuestas en el que insiste este documento. Así, señala que se debería desarrollar el mandato constitucional en el acceso, sostén y garantía de una vivienda digna a través de una Ley de Derecho a la Vivienda, del mismo modo que reclama que debe incrementarse el patrimonio de suelo público.

Además, considera que la totalidad de las ayudas se deben concentrar en la vivienda de protección oficial en alquiler y en el fomento del alquiler en general: “Las ayudas públicas deben dirigirse exclusivamente a este fin, con objeto de posibilitar una alternativa de vivienda necesaria para colectivos con demandas de alojamiento económicamente accesible y para posibilitar una mayor movilidad residencial”.

Por otra parte, reclama que se ofrezcan ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de nueva vivienda, así como el fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación o la inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida.

Pide también la reformulación de los actuales planes de vivienda y el desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de carácter supramunicipal y suprarregional.

Así las cosas, concluye el informe de Cáritas, “los conceptos en los que deberían concentrarse todas las ayudas en materia de vivienda serían: alquiler social, rehabilitación integrada e intervención y diversificación del modelo de acceso que, junto a la regulación del derecho a la vivienda, constituyen ejes claves de la política de vivienda”.

En el nº 2.858 de Vida Nueva

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