Honor militar y vida humana en juego

AFONDOBFONDO

En la tenebrosa historia de los falsos positivos nadie puede ganar.

Aparecen: el ejército con una reacción insuficiente frente al crimen; los militares, sospechosos de subestimación del valor de la vida humana; la justicia y los cuerpos de seguridad, desbordados por la brutalidad y la influencia de los criminales; el país como un espectador pasivo de la reiterada y deliberada violación de los derechos fundamentales.

Tal es el escenario develado por las investigaciones de CINEP, que han impedido el ocultamiento de un crimen cometido desde una de las instituciones más respetadas por los colombianos.

 

DSC_0312Las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas Philip Alston sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, tres años después siguen sin aplicación: se les sigue pagando a los militares que aportan cadáveres de guerrilleros o armas o explosivos; se sigue enredando a la justicia y se mantiene vigente la idea de la proximidad entre el pensamiento de izquierda y el terrorismo.

A pesar de las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos y de las protestas de inocencia de su ministro de defensa, durante 2012 se reportaron 20 casos de falsos positivos con un total de 52 víctimas (Vida Nueva No. 78). En los primeros cinco meses se registraron 6 y en los últimos seis meses fueron 14 los falsos positivos que un “Informe Especial” de Cinep detalla minuciosamente con nombres y apellidos de las víctimas, fechas y lugares de ocurrencia de esas criminales acciones.

Asombrado por los resultados de su investigación, el alto  funcionario de Naciones Unidas anotó en 2010 que “las fuerzas de seguridad han perpetrado una cantidad impresionante de asesinatos premeditados de civiles y han presentado de manera fraudulenta a los civiles  como ‘muertos en combate’”.

A esta situación se ha llegado, anota Alston, como “resultado de un complicado conjunto de factores, todos los cuales han motivado a los individuos para que maten, y han formado el ambiente en el cual las matanzas han podido ocurrir con impunidad generalizada”.

 

El origen

cuerpo_espiraladoEsa motivación para matar tiene origen oficial. Entre los reveladores documentos que allegó el investigador figura la directiva ministerial No. 29 de 2005 sobre “el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate, de cabecillas, material de guerra e información”.

El documento, rotulado como “Secreto”, incluye una detallada lista de “precios”, o montos de recompensas por la muerte de cabecillas de alto rango, de estructuras rurales, miembros de la guerrilla, etc., así como los valores por material de guerra y elementos de comunicación, insumos químicos de narcotráfico, instrumental quirúrgico y medicamentos farmacéuticos.

Además del estimulo en dinero, el relator de las Naciones Unidas encontró como motivaciones para matar, “tiempos de vacaciones, medallas y promociones. Un soldado me explicaba, recuerda, cómo un asesinato en su unidad era recompensado con quince días de vacación. Cuando se acercan algunas fiestas los soldados se esfuerzan para ‘ganar vacaciones’”.

Al dinero y a estas ventajas se agrega en esta promoción para matar, la garantía de la impunidad. Consigna el investigador en su informe que “el cálculo de la tasa corriente de impunidad de los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado es del 98.5%”.

En el informe de Cinep sobre el 2012 se confirma la observación del Relator: “la fiscalía reporta casi 5000 casos, en gran parte sin resolución y pocos avances”. Son desalentadores hechos como los que menciona el citado informe: “vencimiento de términos, militares condenados por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que continúan en servicio y la desprotección de familias de víctimas, especialmente de campesinos que reclaman sus tierras”.

Alarmada por todos estos datos y por los casos concretos de los falsos positivos de Soacha, la Procuraduría, al referirse a los cargos contra 27 militares implicados en los crímenes, se refirió a “un plan criminal cuyo único propósito era satisfacer una exigencia institucional, nacida de la necesidad de mostrar a los altos mandos y al gobierno que la lucha contra los grupos armados ilegales se estaba ganando”.

A esa mentira pagada han seguido otras en boletines, comunicados, declaraciones públicas con que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa han respondido a los apremios de una opinión pública a la vez indignada y aterrorizada. Así, concluye el coordinador del Banco de Datos de Cinep, el padre Javier Giraldo, “se puede decir que la mentira se ha entronizado en el lenguaje corriente del Estado, falsificando circunstancias y contextos, fingiendo militancias y operativos, simulando falsos combates, estigmatizando comunidades y procesos, imponiendo silencios”.

 

Extensión del problema

La fiscalía en 2010 investigaba:

1451 casos,

con 2445 víctimas,

y 3822 militares implicados.

Los engaños

Gert-Steenssens-_-EsperanzaProximaLa llegada de la abogada Luz Marina Gil a la dirección ejecutiva de la justicia penal militar, y del capitán retirado Alexander Cortés al juzgado 94, permitió descubrir falsos positivos cuidadosamente encubiertos en la Brigada XVII de Carepa. Allí  se encontraron casos como el de la muerte de Luis A. Hernández, acusado post mortem como guerrillero. Su cadáver exhibía una camisa demasiado grande para él, con manchas de sangre en el hombro izquierdo aunque sus heridas estaban en el derecho; y el arma que le había sido incautada era un trasto inútil. De otro muerto en combate el capitán responsable no supo decir cómo vestía ni supo el nombre de la operación militar ni pudo describir el lugar del “ataque” de 7 guerrilleros. Todo fue tan impreciso que el juez de instrucción debió rechazar el caso. En otros casos el manejo de los cadáveres, los precarios datos de tiempo, modo y lugar, la falta de órdenes de operaciones, indujeron a los jueces a ordenar la investigación como ejecuciones extrajudiciales.

En otros procesos las versiones contradictorias y las decisiones sospechosas de los jueces militares fueron indicios de falsos positivos. Fue el caso de los “tres subversivos” del Frente 5 de las Farc, muertos en combate. El jefe de la Sijin no permitió confrontar la tarjeta decadactilar con la necrodactilia tomada por un patrullero. Mientras el comandante de “la operación” informaba quiénes habían disparado primero, uno de los soldados lo contradijo: el comandante no podía saberlo porque estaba escondido detrás de un grueso árbol; mientras el soldado declaró que el teniente había hecho una proclama antes del combate, un sargento dijo que él la había hecho; y la radio y la granada que según el informe, les habían incautado a los atacantes, nunca aparecieron.

Son engaños que los jueces han descubierto sin mayor esfuerzo, pero que en el caso de los jueces militares quedaron ocultos. Generalmente tenían la misión de juzgar a sus propios superiores militares.

 

 

Monto de recompensas (Directiva ministerial permanente 029 de 2005)

Por cabecillas guerrilleros: 500 millones.

Por guerrilleros: 10 millones.

Por ametralladoras punto 50: 3 millones.

Por morteros: 1,5 millones.

Por fusiles: 1 millón.

Por revólver: 210 mil pesos.

Por misiles tierra aire: 18 millones.

Por computadores con información estratégica: 1,5 millones.

Por equipos de rayos X: 300 mil pesos.

Por equipos médicos portátiles: 200 mil pesos.

 

 

¿Política oficial o privada?

Simón-Sánchez-SAunque existe la convicción de que los falsos positivos no fueron una política institucional, existe la certeza de que altos oficiales intervinieron, como ocurrió en el célebre episodio de San Rafael, (Antioquia) en el que los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego tuvieron parte en la operación que culminó con los cadáveres vestidos de guerrilleros que fueron presentados a la prensa como resultado exitoso de una acción militar. Pero no eran guerrilleros sino muchachos que iban a una fiesta en una volqueta conducida por el exparamilitar Parmenio de J. Usme quien guardó silencio durante siete años, sobre los detalles. Sobreviviente, con heridas, al tiroteo que destrozó la volqueta y dio muerte a los muchachos, destruyó con su testimonio la versión de los generales sobre  el episodio.

Un militar retirado reveló el mecanismo que el relator de la ONU presentía en el curso de su investigación. Al recordar su experiencia en el Batallón Rifles, de Caucasia, el militar testimonió: “muchos de los errores que cometimos fueron por presión de los comandantes al mostrar resultados porque el Presidente le exige al Comandante del ejército o al Comandante de las Fuerzas Militares, éste le exige a los Comandantes de División, los Comandantes de división a los de Brigada, los de Brigada a los de Batallón, los de Batallón a los de Compañía, los de Compañía a los de Pelotón, entonces es una presión que se ejerce desde arriba”.

Hoy hay otro Presidente y otros comandantes, pero el diabólico mecanismo sobrevive con varias modalidades que registra el informe de Cinep. No solo se presentan falsos guerrilleros, también aparecen de la nada personas asociadas al negocio del narcotráfico o a acciones terroristas u opositores al desarrollo del país.

De todos estos hechos, cuidadosamente registrados por Cinep, se colige que los falsos positivos no son solamente el recurso de soldados o de suboficiales ávidos de reconocimiento o de dinero. También han intervenido altos oficiales, como fue el caso de los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego en el caso de San Rafael. Asimismo intervinieron los altos oficiales que, enterados de la situación, callaron. “Preferí callar y no sé si por miedo de mi vida y de mi familia, y segundo, por miedo a que me echaran del ejército. En una reunión en Corozal por quejas de los ganaderos, el ministro Santos me había dicho que si no se arreglaba esa situación, me echaba del ejército”.  Así declaró ante el fiscal que lo investigaba, el coronel Luis Fernando Borja en diciembre de 2010.

Igualmente revelador es el caso en que la la víctima y el perseguidor son de apellido Cardozo. Testigo del asesinato de su hermano en un falso positivo, John Edison Cardozo, en un minucioso relato sobre los tres años de pesadilla que siguieron a esa acción militar, revelo cómo, su localización, se convirtió en una operación de inteligencia comandada por el coronel Cardozo. Era el testigo sobreviviente a quien se debía silenciar. No exageraban los campesinos que lo alertaron cuando dos motociclistas comenzaron a seguirlo: “eso es el ejército, le dijeron, y donde lo cojan lo matan”. A pesar de las reiteradas denuncias de John Edison a las autoridades, en el momento de contar su historia estaba sin protección alguna y bajo la persecución del poderoso coronel y de sus sicarios. El mensaje de sus perseguidores para él siempre ha sido el mismo: “retire la denuncia y deje las cosas así, si no quiere que le pase lo de su hermano”.

Los falsos positivos, hay que reiterarlo, no son una política oficial de las fuerzas armadas. Pero aquella directiva ministerial No. 29 de 2005; la participación directa o indirecta de altos oficiales; el empeño por lograr el traslado de los casos de falsos positivos a la justicia penal militar; la pasividad de los órganos oficiales que deben intervenir para proteger e investigar; el obstinado rechazo del Ministro de Defensa de unas acusaciones que atribuye a “enemigos del ejército”, son hechos que hacen pensar que si no es oficial, la política de los falsos positivos sí se mueve por niveles altos.

Además, la multiplicación de los asesinatos, la persistencia del fenómeno aún después de las denuncias públicas y de las tímidas acciones de la justicia, enfrentan la opinión al hecho grave de la existencia, entre sus militares, de una mentalidad de menosprecio de la vida humana, un valor subordinado al interés del dinero o de unas vacaciones o de una promoción o al temor de una sanción.

Es, pues, el valor de la vida humana el que ha perdido puntos en todo este macabro episodio de los falsos positivos; y el que la sociedad tiene urgencia de recuperar si quiere sobrevivir.

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