Advierten sobre la existencia de intereses corruptos y corruptores en el sector
El presidente Santos en el hospital de San Andrés de Tumaco
ÓSCAR ELIZALD. BOGOTÁ | En varias oportunidades, los obispos colombianos han expresado su “creciente preocupación” ante la crítica situación que atraviesa el sistema de salud pública, creado por la Ley 100 de 1993. Una y otra vez, la Iglesia ha manifestado su postura a favor de la humanización de la prestación de los servicios de salud, considerando que “la dignidad de la persona humana exige que la vida de cada hombre y mujer se desarrolle en el marco de unas condiciones materiales de vida que permitan el goce y el ejercicio plenos de sus derechos y deberes”.
Sobre este asunto, el comunicado que el cardenal Rubén Salazar Gómez –presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia– presentó ante la opinión pública, el pasado 12 de junio, renovó el “apremiante llamado [de la Iglesia] al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que lleven a cabo una reforma sanitaria integral, que logre llegar a las causas profundas de la crisis del sistema vigente”.
Más concretamente, el texto episcopal denuncia siete problemas estructurales: el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de los ciudadanos, especialmente los más pobres y aquellos que viven en regiones apartadas; las condiciones lamentables de numerosas instalaciones sanitarias y la carencia de las modernas tecnologías de la salud; el escandaloso desvío de cuantiosos recursos públicos destinados a la salud, en favor de intereses privados; la carencia de un sistema de salud preventiva; la excesiva tramitología y los obstáculos para acceder equitativamente a los tratamientos y medicamentos requeridos; la nociva existencia de intereses políticos, corruptos y corruptores, caracterizados por el abuso de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la connivencia con grupos ilegales, la falta de transparencia en la contratación, entre otros; y el predominio de una mentalidad mercantilista que ha reducido el sistema sanitario a un negocio.
Ante estas constataciones, y “con el deseo sincero de contribuir al bien común de la Nación”, el Episcopado colombiano formuló algunas recomendaciones, inspirándose “en la Doctrina Social de la Iglesia que explicita los valores del Evangelio”.
En primer lugar, “la reforma del sistema sanitario debe partir del reconocimiento de la salud como derecho fundamental y prioritario de los colombianos, y, además, de la redefinición de estructuras, organismos y modelos técnicos de funcionamiento y de control”. Para ello, es necesario promover “un profundo cambio de mentalidad ética que ponga el bien de la persona humana, del paciente, por encima de cualquier otro interés legítimo”.
La salud no es un negocio
De la mano de lo anterior, “la salud no puede verse reducida a un negocio sometido a las leyes de la oferta y de la demanda”. Por este motivo, “la participación de entes gubernamentales y de entidades privadas en el sistema de sanidad pública debe estar supeditada a la tutela prioritaria del derecho a la salud del que el Estado debe hacerse eficaz garante”.
También se resalta el imperativo de la equidad y de la integración ante las injustas desigualdades que se vienen constatando en la prestación del servicio de salud. “De ahí que los pobres y desamparados, los menores de edad y los ancianos y toda persona en situación de vulnerabilidad deban recibir una atención sanitaria prioritaria”.
Con relación a los elevados costos de los medicamentos y, concretamente, “de los productos monopólicos, que en Colombia registran niveles muy superiores a los de países de América Latina e incluso de países desarrollados”, los obispos abogan por el “establecimiento de mecanismos efectivos de control de precios”.
Adicionalmente, la Iglesia señala tres desafíos urgentes que deben ser afrontados en la actual reforma del sistema de sanidad pública: incorporar la dimensión preventiva, para que deje de ser una excepción y se constituya en un “modelo de funcionamiento”; dignificar el trabajo del personal sanitario; e invertir mayores recursos en investigación.
Los obispos reconocen con su propuesta que, “aunque la Ley 100 ha aportado elementos muy válidos para la prestación del servicio de la salud a lo largo de los últimos 20 años, continúan presentándose anomalías, deficiencias y carencias, que deben ser tenidas en cuenta para que la reforma de la salud verdaderamente responda a las necesidades de todos los colombianos y garantice este derecho fundamental”.
En el nº 2.853 de Vida Nueva.
