Según los obispos, su país viola un pacto al intervenir en un conflicto que está adquiriendo, además, un sesgo “confesional”
JOSÉ LUIS CELADA | La Asamblea de obispos maronitas del Líbano, reunida a finales del pasado mes de mayo en la sede patriarcal de Bkerké, cerca de Beirut, ha denunciado la participación de facciones libanesas (en alusión indirecta al grupo chií Hizbulá) en la guerra civil que desangra a la vecina Siria desde hace más de dos años, por lo que considera “una flagrante violación del pacto nacional”.
Bajo la presidencia del patriarca Béchara Boutros Raï y en presencia del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, los prelados libaneses han expresado su preocupación por todo lo que está ocurriendo en Siria, donde los enfrentamientos adquieren cada vez más un sesgo “confesional”.
Los participantes han reiterado, asimismo, su firma condena del secuestro de los obispos metropolitanos de Alepo –el greco-ortodoxo Boulos al-Yazigi y el siro-ortodoxo Mar Gregorio Yohanna Ibrahim– en la zona controlada por los rebeldes, así como de los sacerdotes Michel Kayal e Ishak Mahfoud. A su juicio, tales actos representan “un claro atentado contra la vida de la comunidad, la dignidad y los derechos humanos fundamentales”.
En su condición de pastores, temen lo que está por venir, ya que “las personas secuestradas son personalidades religiosas cuyos esfuerzos por acercar los puntos de vista y mantener la fraternidad entre los hijos de un mismo pueblo son bien conocidos por todos”. De ahí que –según informa el diario libanés L’Orient-Le Jour en su edición del pasado 28 de mayo– los obispos maronitas hayan lanzado un nuevo llamamiento para que se alcance una solución pacífica a la crisis siria y se detenga “el ciclo de violencia, con el concurso de la comunidad internacional”.
El patriarca Béchara Boutros Raï
Durante su última Asamblea, los obispos maronitas han manifestado también su inquietud ante los incidentes por cuestiones de seguridad que tienen lugar en la frontera siria, así como en la ciudad septentrional de Trípoli y la meridional de Saïda (la Sidón de la antigüedad), “con todas las tensiones y peticiones de venganza” que desencadenan. En esta misma línea, denuncian “la implicación libanesa en los combates en el interior de Siria”, lo que –en su opinión– constituye una “flagrante violación del pacto nacional, la Declaración de Baabda [acuerdo alcanzado el año pasado durante el diálogo nacional, y que estipula la neutralidad del país respecto a las potencias regionales e internacionales], aprobada por todas las facciones políticas libanesas implicadas, al tiempo que supone un indudable atentado contra la soberanía nacional y la política oficial del Estado libanés”.
La jerarquía maronita exhorta a todas las partes interesadas, especialmente a los líderes políticos, “a respetar su ciudadanía libanesa y sus responsabilidades constitucionales, y a hacer uso de ella solo para el bien del país y la salvaguarda de su seguridad”.
Mientras tanto, según la citada fuente de la prensa local, más de 120 milicianos de Hizbolá habrían muerto en Qousseir, al oeste de Siria y no lejos de la frontera con el Líbano, donde las tropas del presidente Bashar al-Assad libran una dura batalla contra los rebeldes sirios. Según estos últimos –secundados, a su vez, por suníes libaneses–, los milicianos de Hizbulá colaboran con el régimen de Damasco en la ofensiva lanzada contra dicha ciudad, a una treintena de kilómetros de Homs.
Apoyo a Bashar al-Assad
A pesar de las importantes bajas dentro de sus filas, el líder de los chiíes de Hizbulá, el jeque Hassan Nasrralah, aseguró recientemente en un discurso que no dejarían a su suerte a los partidarios de Bashar al-Assad ante “la amenaza de los extremistas suníes”, porque, en su opinión, “esta guerra es también crucial para el Líbano”.
El Líbano, que alcanzó su independencia de Francia en los años 40 del siglo pasado, es un país de mayoría musulmana en el que cerca del 40% de sus habitantes son cristianos, los cuales pertenecen mayoritariamente a la Iglesia católica maronita de rito oriental. La Constitución, heredada de aquella colonización gala, fija que el jefe de Estado debe ser maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del Parlamento musulmán chií.
En el nº 2.851 de Vida Nueva.
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