Los daños que está produciendo la minería no los están pagando las compañías que explotan nuestros minerales. Destruyen bosques, contaminan ríos y ambientes, sobornan comunidades, funcionarios y comunicadores, al amparo de una política de fomento de la inversión que les da mucho por poco. Como el narcotráfico, la minería trae corrupción y violencia, pero sin su mala imagen.
Tres casos de muestra
Los mineros antioqueños que instalaron en el río Mondomo, al norte del Cauca, sus tres retroexcavadoras, 7 dragas y 8 motobombas, apenas si les prestaron atención a los guardas indígenas cuando les dijeron que debían desalojar porque estaban en territorio indígena, porque los indios no querían minería en sus tierras y que les daban un plazo de 20 días para irse. A los 20 días reaparecieron las banderas rojas y verdes y los bastones de la guardia indígena. “Esto es en serio, no es un juego, les dijeron. Salgan de nuestro territorio”. Las máquinas no se detuvieron ni los trabajadores hicieron caso.
Pero en su tercera visita los guardianes vinieron acompañados por más de un centenar de indígenas indignados por el abuso y por el desdén con que sus advertencias anteriores habían sido recibidas. Esta vez las palabras fueron seguidas por la acción: los equipos de minería ardieron, los ranchos de los trabajadores fueron derribados y, aunque sonaron disparos de los mineros, nadie resultó herido; pero el trabajo de minería se suspendió desde ese día. La compañía minera nunca más volvió.
Casi las mismas palabras de los indios Nasa se oyeron en los concejos municipales de Támesis, Urrao y Jardín, municipios en donde se prohibió la minería mediante acuerdo municipal adoptado por los concejales y ratificado por los alcaldes. Si alguna o algunas compañías mineras contaban con autorización de alguna autoridad, eso no tuvo importancia ante la voluntad soberana de la ciudadanía.
Es lo que está pasando en Santander en donde la ciudadanía, resuelta a defender sus fuentes de agua, su robledal y su páramo de Santurbán, presionó hasta lograr la declaratoria de la zona como parque regional de 11.700 hectáreas, a pesar de las gestiones de las poderosas empresas Aux Colombia, Leyhat y Eco-Oro Minerais Corp, y de los 140 títulos con que se quería convertir a la zona en una mina de oro. Allí el dilema oro o agua fue definitivamente resuelto a favor del agua.
Los concesionarios
1717 empresas tienen concesiones para explorar o explotar minas.
7200 títulos están en manos de particulares.
(Registro Nacional Minero)
Cuando el oro deja pérdidas
En cualquiera de estos casos y en otros semejantes ha pesado la evidencia de que, puestas en balanza las ganancias y las pérdidas que deja la minería, pesan más las pérdidas.
Un editorial del diario El Tiempo llamó a la minería ilegal “un enemigo que puede llegar a ser tanto o más peligroso que la producción y tráfico de narcóticos”. La radical apreciación se queda corta, sin embargo, porque no es sólo la minería ilegal; también la legal puede traer consigo las plagas que el narcotráfico dejó en Colombia. “La violencia y la violación de los derechos humanos aumentan a medida que la locomotora minera aprieta su paso”, anota el ex ministro Manuel Rodríguez al citar una investigación de CINEP sobre el tema.
La ex ministra Cecilia López no vacila en llamar “maldición” el crecimiento económico de la minería que “ha concentrado el ingreso y que ha beneficiado más a las multinacionales que al propio país, que ha traído conflictos de gran envergadura en donde los sectores débiles han pagado un alto precio”. Señala, además, la contradicción que surge de tener la minería como modelo, mientras en La Habana ese modelo es el desarrollo rural, dentro de la agenda para la paz.
El contrato de Cerro Matoso se revocó hace poco sin que lo rompieran ni mancharan las evidencias de contaminación de las aguas y del ambiente, las enfermedades de la población vecina y de sus propios trabajadores; dos fallas que son parte de los ocho conceptos desfavorables expuestos por la Contraloría a los ministros de minas y del medio ambiente.
Y como sucede con el narcotráfico, la minería agrega el mal de ser un factor y fuente de violencia. En efecto, las rentas de la minería legal e ilegal son para los grupos armados ilegales “una fuente de financiación y enriquecimiento”, observa el citado ex ministro Rodríguez. Por su parte el Banco Mundial ha explicado que “cuando se descubren importantes yacimientos mineros, el conflicto armado tiende a incrementarse”. Para el geógrafo Anthony Bebbington, no hay duda: alrededor de la minería crecen “los conflictos sociales y los daños ambientales”.
Aunque el gobierno brasilero contempla la inversión de 24 mil millones de dólares de las compañías mineras en la selva amazónica, como una ocasión feliz “para potenciar el crecimiento económico”, lo cierto es que los ambientalistas no participan de esa felicidad. “Se acelerará la desforestación, la infraestructura de servicios de las pequeñas poblaciones se pondrá a prueba cuando lleguen miles de mineros”, observan. Para los científicos, “la mayor selva tropical del mundo, clave para el clima global y para la supervivencia de una décima parte de las especies del planeta” se pone en riesgo, según informe del Wall Street Journal.
Habría que agregarle a este memorial de agravios, las prácticas corruptoras de que echan mano las empresas que lo apuestan todo al éxito de su negocio. Para obtener el acuerdo de las comunidades campesinas o indígenas, están acudiendo al soborno. Acueductos, ganado, ropa, medicinas, lo que pidan, con tal de obtener el documento firmado que demuestra el asentimiento de la comunidad. Y así como sucede con los campesinos, con los indígenas, cuando es el caso el sobornado es el concejal, el congresista, el alcalde o el periodista, para allanar el paso de la poderosa locomotora minera.
¿Por qué son así estas compañías mineras?
El citado Bebbington, director de postgrado de Geografía en la Universidad de Clark, al hablar de este entusiasmo por la minería en los países latinoamericanos, se refiere a los “imaginarios nacionales”, esos lugares comunes que movilizan la política, como es el caso del fomento a las inversiones, que fue bandera del pasado gobierno y lo es del actual. Unos y otros tienen como dogma indiscutible la prioridad del desarrollo económico sobre todas las cosas. Así, en el lenguaje oficial se ha llegado a identificar “progreso” con “minería”; “desarrollo” con “crecimiento de la economía”.
Por eso, decisiones como las de los concejos de Urrao, Támesis y Jardín, o la de declarar parque regional a Santurbán, van en contravía de ese imaginario y hacen bien los santandereanos en mantener la guardia y la desconfianza, a pesar de todo. Las políticas de protección del medio ambiente sólo serán reales cuando ese imaginario nacional cambie.
Tiene que ver con ese imaginario, porque es otro lugar común, la idea que impusieron los narcotraficantes, sobre la prioridad del enriquecimiento rápido. A ese ideal corresponde el hecho de que el 53% de los títulos mineros recaen en otras tantas áreas con vocación agrícola. El de la agricultura es negocio lento y a más largo plazo que el de la minería. Por eso es sorprendente una decisión como la del gobierno ecuatoriano de “dejar bajo tierra 846 millones de barriles de crudo, a cambio de conservar un bosque en su parque nacional Yasuni”.
Agrega el ex ministro Rodríguez otra causa del problema: Colombia es, quizás el país más mal preparado para el manejo de la minería. Y como prueba de ello agrega el dato escandaloso: cerca de 9 mil títulos mineros han sido obtenidos vía internet.
Cuenta también, como causa agravante del problema, que conceptual y administrativamente se han separado el negocio minero y su impacto social. Ha llegado a ser como un clisé monótonamente reproducido por relacionistas, abogados, ejecutivos y publicistas de las compañías mineras, el de los beneficios concedidos a las poblaciones y el de su generosa política de responsabilidad social, mientras es evidente la degradación de la vida social de las comunidades asentadas en la zona de influencia de las minas y el tamaño creciente de la huella física, como cicatriz o llaga, dejada por el paso de las mineras.
Las concesiones
Trasnacionales de minas e hidrocarburos tienen en concesión casi el 40% del territorio colombiano.
8.4 millones son de concesiones para minerales, 37 millones para búsqueda de petróleo.
(Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz)
Las respuestas
Las medidas del gobierno colombiano para enfrentar el problema de la agresiva expansión de la minería y de la protección del medio ambiente, es tan ambigua como sus contradictorias decisiones para proteger el parque Tayrona de los invasores privados, hoy dueños de predios valiosos; o para responder a los empresarios hoteleros que se han propuesto convertir ese santuario natural en un rentable negocio.
Mientras predomine la idea de que lo primero es el desarrollo económico, los mineros impondrán su ley. Su presión es tan fuerte que parecen cerrar la posibilidad de una coexistencia de los conceptos protección ambiental y utilidad económica en el caso de las minas.
El editorialista de El Tiempo (14-01-13) propuso un término medio entre la política costarricense de prohibición total de la minería en su territorio, y la de libertad total de explotación para los mineros, de modo que “conservar” y “progresar” sean verbos conjugables.
Pero la realidad, más áspera que el papel, muestra que esa conjugación o término medio supone instituciones fuertes, cero corrupción y una ciudadanía empoderada para la defensa de sus derechos.
Acosado por “el desmadre de la titulación”, el gobierno creó la reserva estratégica minera de 17 millones de hectáreas que se entregarán a las grandes compañías, y elimina de tajo a los pequeños mineros”.
La “Agencia Nacional Minera” tendrá a su cargo una subasta de minas en que los títulos irán a manos del mejor postor. Así se acentuará el poder de las grandes compañías y se dejará indefensa a la comunidad y al medio ambiente.
Son medidas administrativas que dejan el problema intacto, tal como se está viendo en el caso de las mineras que pretenden entrar con todos sus hierros a la selva amazónica colombiana. El ex ministro Rodríguez afirma que la nuestra es la parte del Amazonas que ha tenido la mejor conservación.
Aún cumpliendo con todas las normas, los contratistas abrirán carreteras que, afirma el asesor de empresas mineras Jared Hardner, “son enemigas de los árboles, y las minas necesitan carreteras”. Con las empresas llegarán los mineros y con ellos la necesidad de servicios de energía, acueducto, alcantarillado; también aparecerá la desforestación, como ya está sucediendo en la amazonia brasileña en donde se observa “una telaraña de infraestructura que se instala cada vez más adentro de la selva”.
No se ve, pues, la posibilidad de un término medio que haga posible la coexistencia de la protección del medio ambiente y de la explotación minera. La actividad minera causará un impacto negativo en el pulmón del mundo, “el sumidero de carbono más grande del mundo”. Otra vez se plantea el dilema: o los metales preciosos para las compañías mineras o el aire puro para el mundo. El hecho es que ya se ha privilegiado el interés de las compañías.
De nuevo resuena como voz profética, la palabra del presidente uruguayo, José Mujica: “tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua, de que la crisis de agresión del medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir”.
Los indígenas Nasa a las orillas del río Mondomo, los concejales y alcaldes de Jardín, Urrao y Támesis, los defensores del páramo de Santurbán, el pueblo costarricense que dice no a la minería, no se han puesto al lado de una política económica o ambientalista, han decidido a favor de una forma de vida; así de sencillo y de profundo es el problema de la minería.
El parque de Santurbán
El parque regional está constituido por 11.700 hectáreas.
Quedaron por fuera del parque 70 mil hectáreas en donde la minería de las grandes empresas buscará 7.7 millones de onzas de oro y 80 millones de onzas de plata.
Se calcula que el páramo de Santurbán alberga una de las reservas de oro más ricas del continente.
