Pulso por la educación en Andalucía

La Junta quiere revisar “con lupa” su política económica sobre los conciertos educativos

niños en clase en el aula en la escuela

MIGUEL ÁNGEL M. NUÑO, SDB. SEVILLA | La cosa educativa anda calentita por Andalucía. Nada menos que la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, destapaba el pasado 10 de enero la caja de Pandora.

En pleno proceso de renovación para los próximos cuatro años de los conciertos educativos, la consejera anunció en rueda de prensa que se iba a realizar un análisis “con lupa”, “profundo y pormenorizado”, de la política de conciertos.

Según sus declaraciones, el gabinete socialista que preside Juan Antonio Griñán tiene previsto adoptar estas medidas en virtud de los ajustes presupuestarios que es preciso realizar en estos tiempos, y de los cambios en las tendencias demográficas que su consejería viene detectando, circunstancias ambas que obligan hoy a un replanteamiento de la planificación escolar.

Señaló también como causa de esta decisión el “ataque frontal” que el Gobierno de Rajoy está realizando contra el sistema educativo actual. Según Moreno, la previsible y progresiva privatización de los recursos educativos a raíz de la implantación de la LOMCE viene a suponer un “cambio de las reglas de juego vigentes durante 30 años”.

Raíz política

En efecto, por más que desde instancias oficiales se quiera aparentar otra cosa, la polémica abierta tiene una profunda raíz política. Si hasta la fecha las relaciones entre la Junta de Andalucía y los demás actores de la educación se han mantenido en la cordialidad, este giro de tuerca por parte del Gobierno andaluz se veía venir tarde o temprano, sobre todo en la legislatura inaugurada con las elecciones del 25 de marzo de 2012.

Mar Moreno, consejera de Educación de la Junta de Andalucía

Mar Moreno, la consejera de Educación andaluza

“Todos sabíamos que las exigencias del Ejecutivo andaluz –del PSOE, aunque con el apoyo de IU al no tener mayoría– iban a ser mayores en estos cuatro años”, confirma Francisco Ruiz Millán, presidente de Escuelas Católicas-Andalucía.

En efecto, en las semanas previas a la formación de gobierno autonómico, IU había reclamado para sí la cartera de Educación. Y en su programa de gobierno aparece una opción descarada por la educación pública, en detrimento y perjuicio de la escuela concertada. Ha sido en un momento crítico, como la renovación de los conciertos, cuando se han puesto todas las cartas sobre la mesa.

La implantación de estas medidas –que según la consejera se va a realizar siempre “dentro de la legalidad vigente”–, supone una “ruptura del equilibrio establecido con la doble red de escuela financiada con fondos públicos: pública y concertada”, en palabras de José Juan Jiménez Güeto, vicepresidente en Andalucía de Escuelas Católicas, la patronal que agrupa a los titulares de los centros concertados, la mayor parte de ellos religiosos, y que atienden a unos 250.000 alumnos en la región.

“La existencia de esta doble red está contemplada en la Ley de Educación de Andalucía, y sus beneficios han sido evidentes en todos estos años. El equilibrio, hasta ahora, estaba garantizado por la denominada proporción de oro: el 80% de la escuela en la red pública, y el 20% en la red concertada. No hay razón para romper ahora la baraja unilateralmente”, explica.

“Amplitud de miras”

Al día siguiente, la Ejecutiva de Escuelas Católicas, por su parte, respondía al órdago de la consejera con un comunicado de prensa, en el que manifiesta su “disconformidad más absoluta con esta propuesta” y rechaza la “politización de la educación en nuestro país”. Asimismo, se pide “con independencia de los signos políticos, un Pacto por la Educación, convencidos de que la autonomía en la acción educativa redundará en la calidad de este proceso vital y en la vertebración del futuro de la sociedad”.

Ante una situación de este tipo, reclama una “postura política inteligente con amplitud de miras” a fin de ir superando la distancia abismal que separa a los alumnos andaluces de los del resto de España y Europa.

Por su parte, en una nota de prensa conjunta, las patronales y los principales sindicatos representativos de la enseñanza concertada lamentaban esta “refriega política”, a la par que reconocían el “trato desigual” que la enseñanza concertada ha sufrido históricamente en Andalucía respecto a la pública, “al no disponer de los mismos medios humanos y materiales para desarrollar la labor educativa en sus centros, en los cuales el puesto escolar es mucho más económico para la Administración que en un centro público”.

En el nº 2.833 de Vida Nueva.