VICENTE L. GARCÍA. VITORIA | “Lo hemos conseguido! ¡Fuera el Padrón!”. Este mensaje circuló por los teléfonos de Vitoria cuando se supo que el Ayuntamiento había decidido acabar con uno de los requisitos que se exigían a quienes pedían un vale de comida para el Comedor Social de los Desamparados.
Diversos colectivos de la diócesis, que participan en la Plataforma Círculos del Silencio, vienen denunciándolo desde mayo: “En Vitoria hay gente que pasa hambre”. Esta plataforma consiguió presentar una moción en el consistorio en la que se decía: “A la exigencia de pedir seis meses de empadronamiento, ahora se ha añadido la petición de un contrato de alquiler”.
En dicho texto, también se recogía la respuesta ciudadana para atender a los afectados –unos 300– a través de distintas entidades, vinculadas en su mayoría a la Iglesia: “Organizaciones privadas se están organizando para cubrir este vacío. Son más de 600 bolsas de alimentos básicos las que se están donando mensualmente a personas sin recursos. En la Asociación de Acogida Bultzain comen cada día 35 personas; en Bizitza Berria, de 30 a 35 personas; en la Parroquia de la Coronación se reparten bolsas con las que pueden comer 22 personas al día; y en la de Santa María, se entregan 60 bolsas. Desde el Programa Berakah, se reparten una media de 120 bocadillos diarios”.
El comedor nació ligado al templo de Nuestra Señora Madre de los Desamparados, al igual que los ya desaparecidos dispensario, guardería, ropero y centro de ocio, y su artífice fue el sacerdote Javier Illanas. Al comedor –del que se sirve el Ayuntamiento y atienden las religiosas Esclavas de Cristo Rey, voluntarios y 10 personas contratadas– puede acercarse a comer cualquier persona por un precio de cuatro euros la comida y tres la cena.
Eso sí, los que no pueden costearse ni los tres euros dependen de los presupuestos municipales en forma de vales de comidas, para los que pedía los citados requisitos y que ahora se han eliminado.
Movilizaciones contra la siniestralidad laboral
Otro ámbito de implicación ciudadana es el mundo laboral. Liderado por el Secretariado Social Diocesano, diversos colectivos cristianos hacen un llamamiento de denuncia cada vez que en Álava se produce una muerte por accidente laboral.
Su director, Luis Antonio Preciado, explica el trasfondo de estas movilizaciones: “Todo empezó cuando tomamos la siniestralidad laboral como uno de nuestros ejes de actuación. Pretendemos mostrar nuestra solidaridad con familiares y mundo obrero en general, y denunciar el incumplimiento de leyes y normativas. Uno de nuestros cometidos es sensibilizar a la sociedad”.
En el nº 2.823 de Vida Nueva.