GILBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA | En México se sigue “criminalizando el trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas”, señalan desde la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana.
Efectivamente, las agresiones a los defensores de los derechos humanos son una constante a lo largo y ancho de México. En especial, los defensores de las personas migrantes se enfrentan con el hostigamiento constante del crimen organizado, que ven en las Casas del Migrante un obstáculo para los negocios ilícitos que sostienen.
La insistente delación de los abusos que sufren los migrantes, tanto por parte del crimen organizado, como de particulares o de las diversas corporaciones policiales y de agentes de migración, ha dado como resultado que los defensores de los derechos humanos del migrante y los voluntarios que atienden los albergues sean objeto de escarnio, calumnias e incluso ataques físicos, al punto de tener que solicitar medidas cautelares para los implicados.
En el nº 2.823 de Vida Nueva.
