El exmayordomo del Papa, condenado a un año y medio de cárcel por el ‘caso Vatileaks’
ANTONIO PELAYO. ROMA | “En nombre de Su Santidad Benedicto XVI felizmente reinante, invocada la Santísima Trinidad, el Tribunal…”. Con voz y entonación de circunstancias, el presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe della Torre, daba inicio a la lectura de la sentencia que clausuraba el juicio contra Paolo Gabriele, ex asistente personal del Papa.
El Tribunal lo condena a tres años de cárcel, pero la pena ha quedado reducida a un año y seis meses de prisión, a la vista de las siguientes atenuantes: ausencia de precedentes penales, “el convencimiento subjetivo –aunque sea equivocado– indicado por el imputado como móvil de su conducta”, haberse declarado consciente de haber traicionado la confianza del Santo Padre y su hoja de servicios anteriores al reato. También se le condena a pagar los costos del proceso.
Eran las 12:15 h. de la mañana del 6 de octubre, y la abogada defensora del reo, Cristiana Arru, declaraba poco después que la parecía una sentencia “equilibrada y justa”, añadiendo que no estaba en sus intenciones recurrir a la apelación.
Media hora más tarde, fui testigo presencial de esta escena: en una de las ventanas de la casa que ocupa desde hace años la familia Gabriele –el cuarto piso del edificio en cuya primera planta se encuentra la Limosnería Apostólica–, estaba asomada su mujer. Esperaba la llegada de un Mercedes azul con matrícula ‘SCV’ (Estado de la Ciudad del Vaticano), a bordo del cual llegaba su esposo en compañía de su hijo mayor y dos gendarmes pontificios. Cuando se abrió el portal, el pequeño grupo penetró en el edificio, y así comenzaba el arresto domiciliario del detenido más famoso del minúsculo Estado vaticano.
Posible indulto papal
Comentando la sentencia del Tribunal, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, explicó a los numerosísimos periodistas que se encontraban en la Sala de Prensa de la Santa Sede que “la eventualidad de la gracia es muy concreta y verosímil”; esto quiere decir que, a no mucho tardar, Benedicto XVI indultará a su siervo infiel, como ya hiciera Juan Pablo II con su potencial asesino, el turco Ali Agca.
Se han hecho muchas conjeturas sobre el futuro que le aguarda. El fiscal vaticano Nicola Picardi aventuró que a la condena debía considerarse unida una “prohibición perpetua, pero limitada de empleos públicos”, que hay que interpretar como imposibilidad de que los puestos de trabajo que el Estado vaticano podría ofrecerle en un futuro tendrían que no estar relacionados con el “uso del poder”.
Se abre una gama muy amplia de posibilidades que van desde la jardinería o los empleos en las granjas y villas de Castel Gandolfo, al de vendedor en uno de los dos supermercados que funcionan en el Vaticano.
Más improbable parece la hipótesis de que se le suspenda de empleo y sueldo, poniéndole en la calle y abriendo la posibilidad de que antes o después ceda a las presiones, que no le faltarán, para contar “su” historia y ampliar las informaciones que dio en su día a los gendarmes que le detuvieron y a los magistrados que le han interrogado. La simple evocación de esta posibilidad pone los pelos de punta a las más altas instancias vaticanas.
Demasiados interrogantes
Las interpretaciones que se han dado “extra muros” a la sentencia coinciden todas en señalar que deja muchos interrogantes abiertos. Se tiene la impresión, equivalente a casi una certeza, de que quedan en la sombra muchos protagonistas –mandantes o cómplices– de esta historia, quizás los más importantes, y de que con la condena a Paolo Gabriele se pretende cerrar un asunto mucho más grave y de contornos muy imprecisos.
El proceso que se celebrará en noviembre contra el segundo inculpado, el técnico informático de la Secretaría de Estado, Claudio Sciarpelletti, no deja alumbrar muchas esperanzas al respecto.
Dentro de los muros vaticanos, los labios siguen cerrados, al menos de puertas hacia fuera. “La historia no ha acabado aquí”, sentencia un cardenal bien situado para saber de qué se trata. “Es casi una broma, como si se quisiera que nos demos por satisfechos con una sentencia que parece prefabricada”, dice, por su parte otro miembro del Colegio Cardenalicio.
La conclusión más generalizada es que es prematuro poner la palabra “fin” a esta historia.
En el nº 2.819 de Vida Nueva.
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